INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Cinco
mentiras del plan de 'privatización' de la seguridad de las prisiones en España
Fuente:
elconfidencial.com - Roberto R. Ballesteros 29/12/2014
El plan
de apoyo a la seguridad de las prisiones –eufemismo utilizado por el Gobierno
para denominar a la privatización de algunos servicios que rodean a los centros
penitenciarios– comenzó el pasado octubre su segunda fase, que extendía a todas
las instalaciones de España (67) el modelo iniciado en una veintena de cárceles
un año y medio antes.
La
iniciativa se produjo en paralelo a la tramitación de dos normas ligadas entre
sí –las leyes de Seguridad Privada y Seguridad Ciudadana– y que, sobre todo la
primera, servirían de marco para conceder amparo legal a nuevas prácticas de
las empresas de seguridad, también en el ámbito de las instituciones
penitenciarias. Los borradores iniciales de ambos preceptos provocaron
reacciones críticas en la sociedad y en algunos órganos consultivos, lo que
llevó a que el Gobierno se replanteara algunos puntos o negara tajantemente
determinadas acusaciones.
Estas
últimas, sin embargo, se ven de otra manera pasados los meses. Hoy, con un poco
de perspectiva, se puede decir que aquellas cosas que el Ejecutivo tachó de
infundios realmente eran ciertas y quien mentía, por lo tanto, no era quien lo
denunciaba, aunque siempre con matices. A continuación enumeramos las cinco
afirmaciones del Gobierno sobre el plan de apoyo a la seguridad de las
prisiones que son puestas en duda.
1. Dará
trabajo a los escoltas en paro
El
proyecto del Gobierno fue ‘vendido’ ante la opinión pública –y también en
privado– como una iniciativa que tenía el fin de recolocar a los miles de
escoltas que se quedaron en paro en el País Vasco tras la desaparición de ETA.
Así lo puso de manifiesto el propio ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien hace
apenas unas semanas incluso admitió que escasamente un tercio de los escoltas
privados que antes protegían a potenciales objetivos de ETA se encuentra
trabajando en los centros penitenciarios.
Muchos
no quisieron, argumentó entonces el secretario de Estado para justificar el
bajo porcentaje de recolocados, extremo que rechazan desde el colectivo. El
presidente de la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi, Manuel Jiménez,
acusa al Gobierno de no cumplir su promesa y permitir que las empresas de
seguridad fichen a vigilantes no escoltas porque les sale más rentable. De
hecho, según datos a los que tuvo acceso El Confidencial, apenas el 10% de los
empleados de las empresas de seguridad que operan en los centros penitenciarios
había sido antes guardaespaldas.
Los
exescoltas que conforman Las Sombras Olvidadas de Euskadi, de hecho, han
montado la asociación con el fin de presionar a los poderes públicos para
encontrar una salida digna a los miles de profesionales que se quedaron sin
empleo, lo que demuestra a todas luces que estos guardaespaldas no están
contentos con el desarrollo del plan previsto por Interior.
2. No
sustituirá a los guardias civiles
Desde
Instituciones Penitenciarias han negado que los vigilantes fueran a sustituir a
funcionarios de la Guardia Civil, que es el cuerpo que controla la mayor parte
de las prisiones de España (apenas media docena están supervisadas por la
Policía Nacional). Sin embargo, en los consejos de la Guardia Civil –órgano de
encuentro entre asociaciones y administración– ya hace meses que se habla del
nuevo destino que ocuparán los agentes del instituto armado una vez que se pase
a la tercera fase del plan, cosa que ocurrirá a finales de 2015.
En los
citados consejos, de hecho, la Dirección General está comprometiéndose a no
trasladar de ciudad a los agentes que abandonen su actual empleo en la prisión
y a buscarles un puesto en la zona en la que actualmente residen –para evitar
mudanzas familiares–, como demandan desde la Asociación Unificada de Guardias
Civiles (AUGC), que ya descartó unilateralmente que el Gobierno pudiera cumplir
otra promesa hecha previamente, la de recolocar a los guardias en el traslado
de reclusos, pues claramente no hay plazas para tantos en este destino.
El
nuevo compromiso contraído por la Administración en los mencionados consejos
internos –no enviar a los guardias fuera de su zona– conlleva, por lo tanto, el
reconocimiento de que los funcionarios del instituto armado terminarán saliendo
de los centros penitenciarios y que, por lo tanto, sus puestos serán ocupados
por vigilantes. En definitiva, precisamente lo que el Ministerio negó
inicialmente que ocurriría: que ningún guardia civil sería sustituido por
vigilantes.
Por
otro lado, los hechos también ponen en evidencia que los miembros de la
Benemérita han dejado de hacer determinadas funciones que hoy son
responsabilidad en la práctica de los vigilantes de seguridad. Según ha
denunciado AUGC, ya incluso durante la primera fase del plan había agentes
privados ejerciendo labores que antes desarrollaban funcionarios públicos, como
el control de cámaras o el de accesos a determinados centros penitenciarios.
3.
Ahorrará costes
El 28
de junio de 2012, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa
–posteriormente sustituido por Francisco Martínez–, anunció durante su
comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que era
necesario incluir vigilantes privados en las prisiones ante la imposibilidad de
asumir los costes derivados de cubrir las plazas con funcionarios. Esta
iniciativa, calculó entonces el sindicato Acaip, conllevaría un ahorro de 48
millones de euros a las arcas del Estado.
Por el
momento, el Gobierno no ha hecho público ningún documento que demuestre este
ahorro, que por otro lado en ningún caso se daría si no se terminasen
sustituyendo funcionarios por vigilantes, extremo que siempre ha negado el
ministro del Interior. Más bien al contrario, lo único que ha habido hasta el
momento ha sido un incremento del presupuesto. Tras el desembolso que supuso la
primera fase del plan de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios,
que afectó a 21 instalaciones, el Ejecutivo hizo una valoración positiva de sus
resultados y dio paso a la segunda fase, que supuso un coste de más de 33
millones de euros, destinado íntegramente a las empresas de seguridad con el
fin de sufragar el servicio que prestan.
4. No es
una privatización encubierta
El
Gobierno nunca ha querido llamar plan de privatización a la iniciativa que por
el momento sólo ha servido para incluir vigilantes privados en los servicios de
seguridad de las prisiones. Ha rechazado esa denominación y ha preferido hablar
de plan de apoyo a las funciones de seguridad. Sin embargo, se trata claramente
de un eufemismo. Por un lado, además de que en el Ministerio ya estudian dónde
recolocar a los guardias, el proyecto se ha producido en paralelo a la
reducción de la oferta pública de empleo, que incluye tanto a funcionarios de
prisiones como a policías y miembros del instituto armado, los tres colectivos
que controlan los centros penitenciarios. Es decir, la incorporación de los
vigilantes viene a paliar esa disminución de empleados públicos que han dejado
de entrar en las cárceles por la merma de convocatorias y la citada salida
prevista de guardias civiles.
Por
otro, el plan tiene visos de ir más allá y no quedarse en un simple parcheo
circunstancial, para salir del paso. La previsible sustitución de guardias
civiles por vigilantes, antes mencionada, ha venido acompañada de una reforma
de la nueva Ley de Seguridad Privada, que habilita a las empresas para llevar a
cabo nuevas tareas hasta ahora prohibidas. Esto amplía el abanico de actuación
de la industria de la seguridad privada y no solo en los centros
penitenciarios, ya que el precepto prevé más competencias.
Lo que
ha ocurrido en las cárceles hasta el momento no ha sido una completa
privatización de todos los servicios, sino un plan que paulatinamente ha ido
concediendo a vigilantes privados tareas que antes hacían guardias civiles y
policías, funcionarios que por el momento continúan en sus puestos a la espera
de que comience la tercera fase del proyecto (previsiblemente a finales de
2005), que ya conllevará la salida de algunos miembros de las fuerzas de
seguridad, según han admitido altos cargos de la Guardia Civil en los citados
consejos de la corporación.
Esta
tendencia a la privatización de parte del sector público de la seguridad, por
lo tanto, contradice las afirmaciones de algunos miembros del Gobierno cuando
negaban la mayor en público y admitían en privado algo que por otro lado es
cierto y que dibuja una previsible tendencia: España cuenta con uno de los
mayores ratios policía por habitante de la Unión Europea y uno de los menores
vigilante privado por ciudadano. Queda, por tanto, margen de crecimiento en
este campo hasta equipararse a otros países del continente.
5. Los
vigilantes nunca actuarán solos ni estarán en contacto con los reclusos
Los
informes oficiales previos al comienzo del plan de apoyo a la seguridad de las
prisiones aclaraban que los vigilantes estarían en todo momento supervisados
por un funcionario, extremo que no se cumplió ni incluso en la primera fase del
proyecto, que afectó a 21 centros penitenciarios. Ya entonces hubo media docena
de recintos en los que Interior permitió que los vigilantes controlaran algunos
servicios en solitario.
En la
segunda fase, que entró en vigor el pasado octubre y que supuso la extensión
del plan a las 67 prisiones del país, este protagonismo de los vigilantes fue
in crescendo. Una orden emitida por la Dirección General de la Guardia Civil, a
la que ha tenido acceso El Confidencial, admite por un lado que estos
profesionales privados son “un complemento adicional a la seguridad exterior de
los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de las fuerzas
de seguridad”. Por otro, sin embargo, añadía una novedad hasta entonces nunca
plasmada por escrito. Los vigilantes, reflejaba el escrito, podrán “realizar
sus funciones en solitario una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo
prudencial y se encuentren capacitados para ello”, lo que contradice la
afirmación de que éstos solo realizarán tareas de apoyo, dicha por el propio
Fernández Díaz.
Era
esta la primera vez que el Ministerio del Interior admitía negro sobre blanco
que los vigilantes podrían desempeñar determinadas tareas sin la supervisión de
un funcionario. El documento agregaba que los agentes privados podrán controlar
los accesos de “personas, vehículos y mercancías”, vigilar las salas de cámaras
e inspeccionar determinadas zonas desde “puestos fijos o garitas”.
La
relación entre vigilantes y guardias civiles no ha sido mala durante este
tiempo, según fuentes penitenciarias consultadas. Sin embargo, sí es cierto que
los funcionarios del instituto armado se han quejado de la política de personal
que tienen las empresas. En concreto, los guardias no ven bien que ellos tengan
que formar a los vigilantes para desempeñar determinadas tareas y que luego las
compañías les sustituyan a la primera de cambio por profesionales sin
experiencia a los que habría que volver a formar. De hecho, en algunas plazas
los guardias civiles se han negado a impartir más estos cursos.
Por
otra parte, el Ministerio del Interior también rechazó que los agentes privados
fueran a estar en contacto con los reclusos, cosa que ha sido desmentida por la
realidad cotidiana. En centros penitenciarios como el de Pamplona, de hecho,
los vigilantes trasladaban reos que disfrutaban del tercer grado, les
acompañaban cuando les tocaba salir y también al regresar a sus módulos.
La
patata caliente
El plan
de apoyo a la seguridad en las prisiones concluirá su segunda fase en octubre
de 2015, casi en plena campaña electoral de los trascendentes comicios
generales. Teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento de las dos fases
se ha producido con retraso en sendas ocasiones, es previsiblemente que ocurra
lo mismo con el comienzo de la tercera etapa.
Sería
extraño, por lo tanto, que el Gobierno reactivara en ese crucial momento un
controvertido asunto como éste, ya que únicamente provocaría rechazo en la
opinión pública. El nuevo Ejecutivo que ocupe La Moncloa tras la cita con las
urnas recogerá por lo tanto esta patata caliente en un imprevisible contexto en
el que seguro que sí seguirá habiendo una Ley de Seguridad Privada en vigor así
como un compromiso adquirido con las empresas, que no dejarán de reivindicar
qué hay de lo suyo.
