Fuente: elidealgallego.com - N M.G.M. A CORUÑA | 24 Octubre 2012 -
Los encargados de la
vigilancia del museo de Belas Artes y la biblioteca González Garcés trabajan
desde la semana pasada para una nueva empresa, Vinsa, del grupo Alentis,
después de que la Xunta resolviera finalmente el concurso público paralizado
desde el mes de enero. Esto significa una nueva etapa en la que los 17
empleados que velan por los fondos artísticos y bibliotecarios de ambos centros
esperan poder volver a recibir su sueldo mensual tras un período de seis meses
sin cobrar con la anterior firma, Esabe.
“Los 17 empleados
han renunciando a reclamar la deuda que arrastraban”
Sin embargo, según el
colectivo, la deuda arrastrada por Esabe durante medio año está más que nunca
en el aire después de que la subcontrata les invitase a firmar un escrito en el
que renunciaban a interponerles cualquier tipo de demanda judicial con respecto
a los cerca de 11.000 euros que suman entre todos. La condición que les ponían,
en palabras de los afectados, es que o firmaban los documentos o no subrogaban.
Finalmente, la mayoría
optaba por aceptar la cláusula a cambio de un dinero al mes con el que poder
pagar la hipoteca y las necesidades primarias, sobre todo, después de ver cómo
su cuenta bancaria no subía del cero en seis meses y cómo algunos tenían que
regresar a la casa de sus padres al no poder hacer frente a los gastos. Las
necesidades económicas por las que están pasando y la realidad de un mercado
sin ofertas les ha llevado a continuar a cargo de las labores de vigilancia de
estos edificios, asegurando así un año de contrato prorrogable a otro más si
las cosas van bien.
A lo que no están
dispuestos los vigilantes de seguridad es a renunciar al dinero que les
corresponde y están mirando la forma de recuperar parte de la cantidad a través
de Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, que actúa frente a las empresas que están
en quiebra.
“La mayoría ha
aceptado esta condición por “miedo y necesidad”
Aunque todavía la firma no
se ha declarado en este estado, según los afectados no tardarán en hacerlo. En
todo caso, el hecho de iniciar un proceso judicial emplazará la resolución de
la demanda a tres o cuatro años por lo menos, aseguran los trabajadores, un
plazo muy tardío si se tiene en cuenta que muchos ya han sido embargados.
Por su parte, el colectivo
también se cuestiona dónde está el dinero que la Xunta pagó a Esabe y critican
la pasividad de la administración.
