martes, 29 de julio de 2014

Los recortes en seguridad favorecen el saqueo de los cementerios

El incesante saqueo de los cementerios Sur y de la Almudena

Los camposantos reciben una denuncia al día por robos de ornamentación de las tumbas

Reponer un cristo de un metro cuesta mil euros

Fuente: elpais.com - ESTHER SÁNCHEZ Madrid 28 JUL 2014

Las farolas de las calles del cementerio Sur de Madrid (Carabanchel), el segundo más grande de la capital (85,4 hectáreas) tras el de la Almudena (108 hectáreas), no funcionan. La instalación eléctrica no existe porque los ladrones han robado el cable. Hace dos semanas, en el mismo camposanto, aparecieron seis lavabos de los baños públicos rotos, un destrozo para conseguir 11 grifos. Las sepulturas tampoco se libran, desaparece todo tipo de ornamentación: imágenes, jarrones, argollas e incluso lápidas de nichos o la tornillería que las une a la pared. También se sustraen objetos del interior de los vehículos de los visitantes.

Es el día a día de los dos macrocementerios de la capital con un goteo de robos incesantes, que desmoraliza a sus responsables, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF). Para poner freno a los delincuentes, la Almudena solo cuenta con dos vigilantes que patrullan cada uno en un vehículo las calles del lugar; en el cementerio Sur, se reduce a una persona. Además, se han instalado cámaras de vigilancia, que no parecen disuadir a los delincuentes.

Los camposantos reciben unas cinco reclamaciones semanales por robos, pero el grueso de las quejas se concentra entre la semana anterior y posterior al Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre, periodo en el que se presentan unas 300 denuncias sumando las de ambas necrópolis. En esas fechas los ciudadanos acuden de forma masiva y se topan con los destrozos. “Las personas llegan a las oficinas a veces con enfados monumentales, algo que entendemos, porque han desaparecido los ornamentos de las sepulturas de sus familiares y lo consideran una forma de profanación del lugar donde descansan sus seres queridos”, explican fuentes de la funeraria municipal, que gestiona los 13 cementerios públicos de Madrid.

El último golpe a los delincuentes se produjo en enero pasado. La Policía Nacional localizó a un matrimonio que transportaba 16 crucifijos de lápidas y nichos en un vehículo. La pareja también desvalijaba coches de los visitantes con el agravante de que utilizaban a sus tres hijos, todos menores, para revestirse de normalidad y despistar. El hombre logró huir.

Todavía quedan algunas de las piezas en las dependencias del cementerio a la espera de que alguien las reclame. La gran cantidad de enterramientos hace muy complicado saber exactamente de qué tumbas proceden, a no ser que exista una reclamación. En 2012, ante el incremento de robos, la policía puso en marcha la llamada Operación Santo, en la que los agentes detuvieron a un hombre y una mujer acusados de haber perpetrado 31 robos en tumbas de los cementerios de la capital. Se recuperaron dos cristos de bronce de un metro de longitud, imágenes de la Virgen, también de bronce, varias cruces y más de 50 argollas con asas labradas.

Los ladrones revenden luego la mercancía en chatarrerías de la región. Aunque los precios oscilan, el kilo de cobre se compra a entre tres y seis euros, mientras que el latón se paga a entre dos y cuatro euros. El aluminio y el plomo cotizan a entre uno y dos euros.

La funeraria municipal es consciente de que la vigilancia actual es insuficiente. “Es una gran extensión de terreno que los delincuentes conocen perfectamente. Si los vigilantes realizan la ronda por un lado, ellos se van por otro”, declaran fuentes de la EMSF. En 2011 la Federación de Trabajadores de Vigilancia de denunció la reducción a la mitad del personal encargado de la custodia de estas dos necrópolis. Ricardo Sanguino, portavoz de USO, señala que ya advirtieron en ese momento del problema de desprotección que se iba a originar debido a que son zonas muy extensas y muy expuestas. “No hicieron caso, y el personal en las condiciones en las que está no puede hacer nada más”, concluye.
Para compensar el recorte en personal, se instalaron cámaras. “Pero son claramente insuficientes”, señala un responsable de la empresa, mientras muestra una de las torres de vigilancia que han instalado en la zona de nichos donde se van a producir los nuevos enterramientos. Una solución sería destacar a agentes de la policía municipal en la entrada del cementerio, para vigilar los coches o furgonetas sospechosas.

Las lápidas de los nichos recién puestas y todavía sin grabar tampoco están a salvo: en ocasiones se sustraen para luego revenderlas. Y ni siquiera los cuatro clavos de hierro que sujetan la lápida al nicho, que la EMSF se ha visto obligada a sustituir por otros de plástico, con ninguna salida en el mercado. Para ello encargaron un estudio a un laboratorio, que les facilitó el tipo de material adecuado para soportar las temperaturas extremas en invierno y en verano de Madrid.

“Si se sustrae un tornillo de una de las esquinas del nicho no pasa nada, pero si se quitan los dos de arriba, la lápida puede no aguantar y caer al suelo, con el consiguiente peligro porque pesan entre 30 y 40 kilos”, comenta un responsable del cementerio Sur. En estos casos, el visitante puede encontrarse no solo sin la ornamentación, sino sin lápida.

La lucha contra los delincuentes continúa, pero con los pocos recursos que se emplean para la vigilancia de estos recintos, es muy complicado ponerle fin. La Policía Nacional monta dispositivos en el momento en el que se detecta un incremento de los robos, pero no disminuyen, aseguran fuentes de la EMSF. Desde el Ayuntamiento informan que no ha habido repunte en los robos últimamente. Pero no cesan y a las oficinas de los camposantos continúan llegando reclamaciones cada día.

Sin responsabilidad oficial

El reglamento de cementerios de la Comunidad de Madrid exime a los administradores de los camposantos de responsabilidad en este tipo de delitos. El artículo 7 especifica que la empresa asegurará la vigilancia general de los recintos, si bien no será responsable de los robos o deterioros que pudieran tener lugar en las unidades de enterramiento.

Los 13 cementerios públicos de Madrid están gestionados por la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, privatizada parcialmente (el 49% de su capital) a principios de los años 90 del pasado siglo.

En este escenario, el único camino a seguir por la persona que descubre que han esquilmado la sepultura de sus familiares es acudir a las oficinas del camposanto donde les facilitan una hoja de reclamación para rellenar. Además, se les sugiere que interpongan una denuncia en la comisaría.

“Nosotros no somos los propietarios de las sepulturas y por lo tanto no somos competentes para acudir a la Policía”, explican fuentes de la funeraria.

En el caso de que los afectados se decidan a reponer la ornamentación desaparecida se enfrentan a un importante desembolso económico. Un crucificado de grandes dimensiones, de un metro de longitud aproximadamente y bronce fundido, cuesta unos mil euros, aunque también se puede conseguir una pieza semejante pero de bronce inyectado y de medio metro por 100 euros. Entre ambos importes existe un amplio abanico de imágenes u otro tipo de ornamentación para elegir.