Privatizaciones del
PP: doce horas en una garita sin poder ir a mear
Trabajo abre una inspección en las
prisiones de Las Palmas por los largos turnos de vigilantes de seguridad
Para compensarlas tras la cancelación de escoltas en
Euskadi, Interior entregó a dedo la vigilancia en las cárceles a empresas de
seguridad
Fuente: eldiario.es
– 25/01/2015
El motivo
oficial que ofreció el año pasado el Ministerio del Interior, cuando privatizó
una parte de la seguridad de las cárceles españolas, fue que había que destinar
a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía a tareas más
propias de su condición y su formación. Pero lo que en realidad ocurría era que
había que compensar a más de una decena de empresas de seguridad privada la
pérdida de contratos de escoltas en Euskadi tras la rendición de ETA.
Históricamente
vinculadas al PP, bien por la vía familiar o política, a ninguna de esas
empresas de seguridad se les obligó a pasar por un concurso abierto sino por el
mucho más amañable del restringido sin publicidad con un precio de 33 millones
de euros al año, lo que dejaba flotando en la duda otra de las explicaciones
dadas por el Gobierno: el ahorro de costes.
Las 67 cárceles
españolas se dividieron en lotes, correspondiendo a Canarias el Lote 1, junto a
Andalucía, Ceuta y Melilla, cuyos centros penitenciarios fueron adjudicados a
una UTE compuesta por las compañías Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Vinsa,
Casesa, Garda y Sabico.
La vigilancia
perimetral, de control de accesos y videovigilancia de las cárceles de esas dos
regiones y esas dos ciudades autónomas tiene un precio cercano a los 10 millones
de euros al año.
Hasta ahí la
información oficial porque lo que a partir de que comenzaran esos servicios, en
octubre pasado, lo que ha venido pasando son los desaguisados propios de un
encaje marca de la casa.
Los primeros en
saltar fueron los expertos en seguridad, que enseguida pusieron en entredicho
las garantías que ofrece poner en manos privadas una información sensible de
las interioridades de los centros penitenciarios.
Porque para que
esos vigilantes pudieran hacerse cargo de lo que hasta entonces era
responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les dio un
curso acelerado de quince horas. Se trata, por regla general, de personal que
ahora empieza, lo que puede dar lugar a rotaciones e incidencias laborales que
pueden generar conflictos fácilmente traducibles en filtraciones de información
delicada. Aunque en una primera fase compartirán algunas responsabilidades con
guardias civiles o policías, pronto se quedarán solos en determinadas tareas.
12 horas sin poder
ir a mear
Otro aspecto
evidente de la privatización de la seguridad en las cárceles es el relativo a
los costes para el contribuyente. Lo que se ha pretendido camuflar como un
ahorro no es más que una nueva cesión al lobby de las compañías de seguridad,
necesitadas de contratos con las administraciones públicas que les solucionen
su negocio. La Ley de Seguridad Privada va en esa misma línea.
Pero como
estamos ante empresas que tienen como objetivo principal la búsqueda inmediata
del beneficio, lo que automáticamente ocurre es que se presta un servicio
público con un personal escasamente cualificado al que se le pagan sueldos
infinitamente inferiores a los que cobran los agentes públicos a los que
sustituyen.
Salarios que no
superan en ningún caso los 18.000 euros al año frente a un ingreso bruto por
trabajador asignado a estos concursos de más de 41.000 (800 trabajadores con un
presupuesto de 33 millones de euros).
Para minimizar
esos costes y garantizar los márgenes, en algunas prisiones de la provincia de
Las Palmas se han detectado turnos de hasta 12 horas por vigilante en garitas
que no cuentan ni siquiera con un baño donde poder evacuar.
Evidentemente
hablamos de puestos muy concretos que no se pueden abandonar bajo ningún
concepto y que, antes de la llegada de las compañías privadas, se atendían con
turnos de dos horas por agente que tras ser relevados podían acudir al cuerpo
de guardia a hacer sus necesidades, descansar o tomar un tentempié antes de
regresar a la garita.
Esta situación
ha provocado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ya ha levantado
acta para aclarar y en su caso sancionar por esta cuestión.
