Defensa decide
rescindir el macrocontrato de seguridad con la 'low cost' Marsegur
- Los múltiples incumplimientos de la empresa le han costado más de 170 actas de infracción desde abril
- Los 500 trabajadores de la subcontrata se declararon en huelga mientras el Congreso instaba al ministerio a deshacerse de Marsegur por vulnerar los derechos de la plantilla
- La concesionaria, que ha cambiado su nombre a Novo Segur, acusa al ministerio de no “pagarle puntualmente”
Fuente:
infolibre.es - Begoña P. Ramírez - 27/09/2017
La Junta de Contratación de
Defensa decidió este martes abrir el procedimiento para rescindir el
macrocontrato de 16 millones de euros por el que la empresa low cost Marsegur
vigilaba las instalaciones del ministerio repartidas por toda España. Según ha
podido confirmar infoLibre en fuentes de Defensa, el motivo son los múltiples
incumplimientos en que ha incurrido Marsegur desde que se hizo cargo del
servicio el pasado mes de abril. Hasta el punto de que acumula más de 170 actas
de infracción.
Entre otras irregularidades,
los vigilantes carecían de armas en algunas instalaciones, después de que la
Guardia Civil se las requisara por carecer de la documentación en regla. Además,
los trabajadores cobran sus nóminas con semanas de retraso. Los más de 500
guardias en este servicio se pusieron en huelga los pasados lunes y martes, en
una convocatoria que los sindicatos CCOO, UGT y USO calificaron de exitosa.
Protestan también por sus salarios: Marsegur les paga según su propio convenio
de empresa, que establece sueldos hasta un 30% inferiores a los del convenio
estatal del sector.
La huelga coincidió este
martes con la decisión del Congreso de los Diputados de instar al Ministerio de
Defensa a rescindir el contrato con la empresa low cost, a instancias de Unidos
Podemos. La proposición no de ley fue aprobada por la Comisión de Defensa con
el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP.
El proceso de rescisión, no
obstante, será largo. De hecho, puede durar meses. El contrato es de sólo un
año, con lo que es posible que coincidan en el tiempo su fin y la decisión
final de la Junta de Contratación. “No se nos ha comunicado nada aún”, ha
respondido el director general de Marsegur, Antonio Redondo, cuando este
periódico le ha preguntado por la apertura del procedimiento. Redondo ha
atribuido los problemas en el abono de las nóminas al hecho de que Defensa no
les ha pagado “puntualmente”. “Seguimos prestando el servicio, pero cuando
algún cliente no nos paga o intenta estrangularnos económicamente, tiene
consecuencias”, indicó, “es algo normal en el mundo mercantil”.
Según publica este miércoles
el Boletín del Registro Mercantil, Marsegur ha cambiado su denominación social.
Pasa a llamarse Novo Segur Seguridad Privada. Tanto Seguridad Integral Canaria,
la anterior adjudicataria de Defensa, como Marsegur y otra low cost, Sinergias
de Vigilancia y Seguridad, pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada
únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y
Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario.
En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del
empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora
Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además,
Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora
única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel
Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.
Infracciones muy
graves y causas de resolución
Según los pliegos de
cláusulas administrativas del acuerdo marco en que está basado el contrato, se
consideran infracciones muy graves “no disponer de los armeros instalados para
la adecuada prestación del servicio en plazo superior a 30 días desde el inicio
del contrato”. También la “falta de algún medio técnico propuesto o la falta de
sustitución frenta a mal funcionamiento”. Ése ha sido el caso de Marsegur. Los
vigilantes asignados a las instalaciones de Defensa en Madrid, Toledo,
Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas
por irregularidades en la documentación y el depósito de los revólveres.
Masegur no puso en regla la
documentación sobre las armas que deben portar los vigilantes en ese plazo de
un mes, por lo que se le prorrogó otros 30 días más. Tampoco cumplió. En
algunos casos, la Guardia Civil, responsable de vigilar el cumplimiento de las
normas sobre las armas, se las ha retirado a los vigilantes.
Los revólveres cuentan con
una guía de pertenencia, que documenta quién es el propietario y está expedida
a nombre de la empresa. En el caso de Defensa, muchas de estas armas siguen aún
a nombre de Seguridad Integral Canaria, el anterior adjudicatario. Cuando no se
utilizan, los revólveres y la munición quedan depositados en sus
correspondientes armeros, que deben reunir unas determinadas condiciones de
seguridad. La Guardia Civil ha cerrado también algunos de estos depósitos.
Además, Marsegur ha contratado a vigilantes sin licencia de armas, que por
tanto no pueden prestar el servicio por el que el ministerio está pagando a la
empresa –los trabajadores cobran un plus si tienen este permiso–.
Ésta es la situación en el
aeródromo de Las Rozas (Lugo), el Museo del Ejército en Toledo, los
acuartelamientos Capitán Arenas de Guadalajara y de Santoña (Cantabria), así
como el Gobierno militar de Barcelona, entre otras instalaciones, según ha
denunciado el sindicato USO. Mientras, el país se encuentra en alerta
antiterrorista de nivel cuatro. En muchos casos se está prestando un servicio
sin armas que por ley es obligatorio que se preste armado. No obstante, las
instalaciones estratégicas de Defensa, como el propio ministerio o los
cuarteles generales, son custodiadas por personal militar. Finalmente, Defensa
ha suplido con soldados bajas que Marsegur no ha podido cubrir por falta de
vigilantes.
La cláusula 50 del pliego
establece como causas de resolución del contrato “que el personal no disponga
de las habilitaciones o autorizaciones necesarias para tener acceso a materias
clasificadas (documentación, medios, material, etcétera)”. También “el
incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución, cuando hayan sido
calificadas de grave, o muy grave”.
Consejo de Estado y
Consejo de Ministros
Según el artículo 109 del
Reglamento de la Ley de Contratación del Sector Público, como el contrato de
Marsegur tiene un importe superior a 12 millones de euros, su resolución debe
ser autorizada por el Consejo de Ministros. Pero antes el adjudicatario deberá
presentar sus alegaciones en un plazo de 10 días desde que se propone la
rescisión. Y el servicio jurídico del ministerio tendrá que presentar un
informe.
Además, el Consejo de Estado deberá emitir un dictamen. En resumen, el
procedimiento puede prolongarse durante más de tres o cuatro meses, pese a que
el citado reglamento deja claro que “todos los trámites e informes preceptivos
de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y
gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente”.
De resolverse el contrato
antes de que se cumpla el plazo de un año para el que fue firmado, sería la
empresa que quedó en segundo lugar en el concurso, el grupo Sureste, la que se
haría cargo del servicio. Si el procedimiento se alarga hasta que coincida con
el fin del contrato, el servicio debería salir de nuevo a concurso público.
La polémica del
convenio colectivo
Precisamente una de las
reivindicaciones tanto de los sindicatos como de la patronal del sector de
seguridad privada es garantizar en la reforma de la Ley de Contratos del Sector
Público, que se tramita en estos momentos en las Cortes, que los adjudicatarios
respetan el convenio sectorial. El de Marsegur ha sido anulado tanto por la
Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo –en sus dos redacciones
sucesivas– porque fue negociado de forma ilegal. Aun así, la empresa lo sigue
aplicando.
Marsegur paga un sueldo base
de 726 euros mensuales. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11
veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio de esta empresa,
además, tiene una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco son de
congelación salarial.
El grupo de trabajo creado
por el Ministerio de Fomento tras la huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto
de El Prat este verano debería discutir cambios en la ley para garantizar las
condiciones laborales de los guardias privados de seguridad. Pero, al tiempo,
el PP acaba de aprobar en el Senado, apoyado en su mayoría absoluta, dos
enmiendas que preservan la aplicación de las condiciones de los convenios de
empresa sobre los estatales en los contratos públicos. El proyecto de ley, no
obstante, debe aún volver al Congreso para continuar su tramitación y en esa
cámara los grupos de oposición son casi unánimes en la defensa de las
condiciones de los trabajadores de las subcontratas públicas.
