La seguridad en los juzgados no se dará a una empresa de "bajo coste"
El director general de
Relaciones con la Administración de Justicia prevé que a inicios de 2018 ya
opere la nueva concesionaria, que deberá pagar los salarios en los días
previstos.
Fuente:
eldia.es/8/11/2017
El
director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo
Rodríguez Santos, señala que el Gobierno canario espera que, o bien a finales
de año, o bien a comienzos del próximo ejercicio, una nueva empresa se ocupe de
la seguridad privada en los edificios judiciales de la Comunidad Autónoma.
Rodríguez
Santos comenta que el concurso para seleccionar a la futura sociedad que
prestará el mencionado servicio se anunciará en los próximos días o semanas. De
hecho, ayer estaba previsto que superara uno de los últimos trámites antes de
que se inicie el proceso de licitación.
Ayer no
hubo incidencias graves en ningún juzgado por las bajas laborales de vigilantes
de Seguridad Integral Canaria (SIC). Sin embargo, fuentes de los trabajadores y
el propio director general reconocieron que hubo algunos empleados que no
estuvieron en sus puestos. Concretamente, faltaron tres al Palacio de Justicia
de Santa Cruz de Tenerife y uno más en el de La Laguna. En la Jurisdicción
Social estaban incorporados los tres trabajadores de SIC que el pasado lunes estuvieron
de baja laboral y que provocaron que el recinto estuviera cerrado al público
casi cuatro horas.
Rodríguez
comentó que el contrato con Seguridad Integral Canaria "está a punto de
extinguirse", por lo que prevé que, a finales de diciembre o comienzos del
próximo año, una nueva empresa se ocupe de la vigilancia en los órganos
judiciales del Archipiélago.
Santos
dice que el nuevo pliego de condiciones que regirá el concurso para elegir a la
futura adjudicataria es "beneficioso para el trabajador", ya que, por
una parte, se obliga a la mercantil a pagar los salarios dentro de los días
estipulados para ello y, por otra, el convenio colectivo que se aplicará será
el de ámbito estatal.
Eso
significa, esencialmente, que el salario de cada vigilante será 300 o 400 euros
superior al que abonan las compañías de vigilancia privada denominadas "de
bajo coste", que se rigen por convenios propios y ofrecen ingresos
sensiblemente inferiores a lo estipulado por el acuerdo laboral del sector a
nivel nacional.
Para el
director general, otra de las obligaciones de la futura concesionaria es que,
"evidentemente", el servicio se preste "correctamente".
Con
independencia de otras reuniones mantenidas con anterioridad, Rodríguez Santos
mantuvo ayer un encuentro con representantes de Seguridad Integral Canaria para
pedir explicaciones por las protestas de sus empleados ante la falta de abono
de las nóminas de septiembre y octubre. Desde SIC señalaron que los retrasos se
han debido a un problema financiero interno, que ya se ha empezado a pagar el
dinero adeudado al personal y que prevén que a lo largo de esta semana se
resuelva el asunto completamente. El director general deja claro que el
Ejecutivo autónomo paga "puntualmente" a SIC. Rodríguez Santos
asegura que "trabajamos todo lo posible para dar una solución a un
conflicto que no generamos nosotros, pero que sí repercute negativamente en el
ciudadano".
La
demanda clave de las organizaciones sindicales
En las
últimas semanas y meses, todos los sindicatos de la seguridad privada han
tenido una demanda clave en sus reuniones con diferentes administraciones: que
en los futuros contratos de adjudicaciones de servicios no se siga el criterio
del coste más bajo y que se acepten únicamente aquellas empresas que respeten
el convenio estatal del sector. Es decir, que no se contrate con sociedades de
"bajo coste", que tienen sus propios convenios y cuyos salarios son
300 o 400 euros más bajos que lo estipulado en el acuerdo laboral a nivel
estatal. La Dirección General de Justicia ha tenido en cuenta tal demanda,
según Rodríguez Santos.
