domingo, 21 de octubre de 2012

Los Efectos de la Huelga en ESABE Asturias


OVIEDO
Un palacio sin control
La huelga de los vigilantes deja las sedes judiciales sin control y evidencia la falta de seguridad 

Fuente: elcomercio.es - 21.10.12 - 02:40 -

Diez de la mañana del martes. Arranca una vista oral en la segunda planta del Palacio de Justicia de Llamaquique. Imputados por el robo de la joyería Casaprima, víctimas y testigos comparten pasillo y se cruzan las miradas. Algunos fruncen el ceño. Hay tensión. El juicio se suspende y la sesión acaba con amenazas por parte de los acusados a los medios de comunicación. No pasa de un calentón por fotografiarles y algún tembleque de un testigo por la cercanía. Todos han accedido a pie por la entrada principal. En la puerta hay un cartel que reza lo siguiente: «Para acceder al edificio de los juzgados, es necesario pasar por el arco de seguridad, a excepción de los funcionarios y profesionales de Justicia que acrediten su condición de tales, a requerimiento de los vigilantes». Pero desde hace unos días, finales de septiembre, nadie controla los accesos. Ni garantiza la seguridad en ningún rincón del edificio. Los vigilantes, que acumulan más de seis meses sin cobrar por parte de la empresa, continúan en huelga indefinida.

No ha ocurrido ningún incidente de gravedad. Jueces, fiscales y demás funcionarios lo achacan a la suerte. El inventario de un día normal lo atestigua: «Requisamos entre diez y quince navajas al día, otras tantas tijeras y objetos punzantes. Siempre se protestó porque somos pocos pero ahora no hay nadie que controle y no están vigiladas ni las cámaras exteriores», explica Borja Otero que, tras once años en el control de accesos, se concentra ahora cada mañana, con sus compañeros, frente a la puerta del palacio reclamando justicia.

Centenares de personas pasan a lo largo del día por los órganos judiciales de la ciudad. Unos para trabajar, como jueces, fiscales, abogados y funcionarios; otros para resolver su futuro. A los procedimientos penales, con imputados y condenados o víctimas, se han sumado con la crisis, por ejemplo, familias desalojadas, embargos o despedidos. «La gente está al límite», comenta Elena Casas, de UGT. «En los juzgados hay muchas emociones encontradas y pueden ser un polvorín por nada. Ahora mismo se puede entrar con un arma o una navaja. Si no ha ocurrido nada es cuestión de suerte», añade la abogada Sofía González Lasheras.

Con el inicio de la huelga, desde las once de la noche del domingo 23 de septiembre, varias sedes quedan desprotegidas. El Principado, de forma temporal, desplaza a parte de la plantilla de la Policía adscrita al Principado de otros edificios públicos a estos puntos, aunque los funcionarios se quejan de que «son poco visibles». Mientras, resuelve la contratación con otra empresa, que deberá subrogar a los empleados actuales, para restablecer el servicio.

Ahora mismo no hay guardia de seguridad en los juzgados de Llamaquique, ni en la Audiencia. Tampoco en el antiguo edificio que acoge lo Social y Contencioso-Administrativo, ni en la Fiscalía de Menores, el Centro de Menores del Parque de Invierno o el Instituto de Medicina Forense, con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La gente entra y sale a sus anchas sin dar cuenta de lo que lleva en el bolso. Y muchos se pierden por los pasillos. En más de una ocasión algún despistado ha llamado al despacho de un juez preguntando por otra dependencia. Solo continúa cubierto el Tribunal Superior de Justicia, custodiado por los agentes de la Guardia Civil.
«Es una situación que no puede prolongarse más en el tiempo. Necesita una solución urgente», valora el fiscal superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero, que comprende «sin duda a los vigilantes privados, algunos de ellos con varios meses sin cobrar».

Esta semana, el jueves, «sin ir más lejos, estaba señalado en uno de los juzgados penales de Oviedo un juicio considerado como conflictivo y se tuvo que solicitar la ayuda del Cuerpo Nacional de Policía, por si se generaba algún problema», expone. Un ejemplo más de que «son edificios donde se tratan temas muy sensibles, donde víctimas y acusados se encuentran en ocasiones en los pasillos, hay muchos expedientes y gente trabajando todo el día; es necesario que alguien vele por que todo esté como tiene que estar y que controle los accesos». Por fortuna, no ha pasado nada gordo. Pero, «no porque no haya sucedido nada, hay que relajarse», insiste el fiscal superior.

Su opinión es generalizada. «No está cubierta la seguridad, ni con la privada ni con la Policía autonómica. No hay nada», advierte Michel López, representante de los trabajadores por Comisiones Obreras de la empresa Esabe, que según explica, dejó de pagarles tras no pasar las facturas al Principado. Su futuro se resolverá en cuanto se adjudique el contrato. Pueden pasar aún unas semanas hasta que se restablezca la normalidad en la vigilancia.

Tres turnos

En un día habitual, Otero es uno de los vigilantes encargados de velar por la seguridad las 24 horas al día. Se reparten en tres turnos: tres guardias por la mañana -cuando se registra la mayor actividad y está abierto al público-, dos por la tarde y uno por la noche. «Antes éramos cuatro por la mañana y siempre hemos dicho que somos muy pocos. Si hay una intervención cuando estamos tres, solo puede subir uno a la sala. El resto tiene que quedar controlando los dos accesos sin moverse», explica. También miran las cámaras exteriores. En el interior solo las hay en las salas de vistas para grabar juicios, pero ninguna en los pasillos ni en los recovecos.

Solo los presos acuden custodiados por la Policía Nacional o la Guardia Civil. De lo demás se encargan, como primera intervención, los trabajadores de la privada: «Si tienes que sacar a una persona del edificio tú solo, puede decir que lo has tocado o cualquier cosa y no tienes testigos. O como hace años, cuando hubo una pelea entre gitanos en una sala de espera con lanzamiento de sillas y papeleras. Menos mal que vino la Policía rápido, porque si tienes que enfrentarte tú solo...».

Desde las nueve de la mañana, la entrada es continúa. Aunque estos días, sin control, «a las nueve menos cuatro ya nos encontramos gente por aquí», comenta Juan Antonio Quesada, auxiliar judicial, en el pasillo de la sala de vistas de los juzgados. Y habitualmente, tras haber pasado un control con escáneres y el arco de seguridad. «Ahí detectas cualquier tipo de objeto punzante o arma blanca», añade Otero. Ahora, nada.

Los días 1 y 15 de cada mes son los de mayor conflictividad. Los condenados acuden a firmar la libertad condicional. «Muchos vienen con abrecartas», constatan los trabajadores de la puerta. Hay otros puntos 'calientes', como la Audiencia Provincial, los Juzgado de Familia, Violencia sobre la Mujer, Orientación Jurídica, la Fiscalía de Menores o el Juzgado de Guardia.

Rubén González, de CSIF, no entiende cómo «jueces o fiscales permiten que la Dirección General de Justicia continúe con esta situación». Se basa en su experiencia en los juzgados: «He visto de todo. Gente normal volviéndose loca por separaciones o gente acusada de homicidio, que puede hacer cualquier cosa. Si alguien la quiere armar, la arma».

Como propuesta para evitar verse de nuevo sin vigilancia, anima a encontrar alguna fórmula para que la plantilla de seguridad privada forme parte de la Administración como personal laboral. «Esa sería la opción más barata y la otra, que se encargara la Policía y la Guardia Civil».

Pero Quesada, el auxiliar judicial, lamenta que «hasta que no pase algo nadie va a tomar medidas» y explica el temor de algunos de sus compañeros funcionarios, como los del Juzgado de Guardia, cuando van por la tarde a un edificio tan grande y laberíntico sin seguridad. «Hay chicas que tiemblan de miedo», cuenta.

Porque, además de los afectados por los delitos, entre los principales perjudicados están los funcionarios. Desde el Colegio de Abogados no han recibido ninguna queja por esta falta de control, según explican tanto el decano como el secretario, Enrique Valdés e Ignacio Cuesta, respectivamente. «Los abogados no sienten mucha inseguridad, quizá se puedan sentir más inquietos los funcionarios», confirma el primero.

Robo a magistrados

Pero «el problema ya no es solo una agresión, sino que el libre acceso puede conllevar al robo de expedientes importantes. El único límite puede ser una puerta cerrada con llave. O se que pierda todo este papeleleo por un incendio o una inundación de un baño al dejar un grifo abierto, pone como ejemplo Otero. «Hay mucha documentación de relevancia», añade Quesada.

Incluso se han registrado robos menores, de tipo económico, en el Contencioso: «Antes del verano, con seguridad y todo, entraron y robaron las carteras de los magistrados y salieron por la ventana», recuerdan dos funcionarios, aunque destacan que en la sede de estos juzgados «suelen ser todos bastante tranquilos».

Todos coinciden en resolver rápido la situación de los vigilantes para que vuelvan a sus puestos de trabajo. Así, todo volverá a la normalidad y habrá más seguridad para que, por citar una de las muchas vistas previstas, se celebre el juicio por el robo de la joyería Casaprima.