La empresa factura 155 millones
Casesa supera la crisis de los escoltas y crece
más de un 10%
Creció sólo
un 1% en 2011 por la pérdida de negocio en el País Vasco.
Estudia adquirir empresas locales.
Fuente: cincodías.com - ALBERTO
ORTÍN RAMÓN – MADRID 24-02-2013
El anuncio del fin de la violencia por parte de ETA
redujo drásticamente el negocio del grupo Casesa en 2011. La compañía de
seguridad privada pasó de crecer más de un 10% a hacerlo sólo un 1%. El negocio
de la protección de personas en País Vasco había llegado a suponer para Casesa
hasta 30 millones de euros de facturación. La empresa, participada por la
sociedad de capital riesgo Baring, ha logrado recomponerse y facturar 155
millones de euros el pasado año, según estimaciones del director general de la
empresa, Javier García Saldaña, un 10% más que en 2011.
Casesa ha logrado aumentar su cifra de negocio
apostando por el crecimiento orgánico con el apoyo financiero de Baring.
“Durante 2012 hemos invertido en terminar nuestra implantación nacional, con
delegaciones nuevas en Asturias, Galicia, Castilla León. También hemos abierto
en todas las provincias andaluzas y en Canarias”, explica Javier García
Saldaña, director general de la compañía que cuenta hoy con 6.300 empleados, un
14% más que en 2011.
El grupo también ha reorientado la naturaleza de sus
clientes: menos administraciones públicas y más compañías privadas. “Hemos
huído de todo lo que olía a subasta”, comenta García Saldaña, que prevé un
ebitda de Casesa en 2012 de cinco millones. Para las empresas de tamaño medio
la compañía está implantando un nuevo sistema que el director general de Casesa
denomina “Vigilancia discontinua”, y que, asegura García Saldaña, abarata el
servicio de vigilancia de instalaciones entre un 30% y un 40%.
La compañía mantiene el propósito de convertirse en
una de las tres grandes compañías de seguridad privada en España. Para ello
contempla mantener el crecimiento orgánico por el que ha apostado en el último
ejercicio y realizar adquisiciones de empresas bien implantadas en las zonas
donde Casesa tiene margen de crecimiento.
“En Catañula, Aragón y Baleares vamos a hacer
esfuerzos, estudiamos compañías con implantación local que nos puedan dar
crecimiento. También estamos estudiando operaciones en Galicia, Canarias y
Asturias”, afirma García Saldaña. “Hay empresas locales interesantes, pero
también hay otras que con la crisis tienen niveles de deuda demasiado
elevados”, indica.
Casesa dio entrada en su capital a Baring Private
Equity Partners España en 2010. En marzo de ese año una de las dos familias que
controlaba el accionariado de la empresa vendió su parte a Baring.
En la actualidad la firma de inversión tiene el 65% de
Casesa y los socios fundadores y el equipo directivo el resto. Baring inyectó
17 millones en una primera ampliación de capital y en septiembre del pasado año
el fondo y el resto de accionistas acometieron otra ampliación de capital de
dos millones.
Baring Private Equity Partners España está participada
mayoritariamente por su equipo directivo y CatalunyaCaixa. La firma de
inversión está presente en España desde 1987 –el mismo año de la creación de
Casesa– habiendo invertido en 90 compañías. En la actualidad cuenta con una
cartera de 14 compañías.
3.215 millones de negocio
A.O.
El sector de la seguridad privada en España está
formado por 1.500 empresas, de las que el 72% tiene entre uno y 19 empleados,
según datos de la patronal del sector, Aproser. En España sólo cuatro compañías
superan los 5.000 empleados, siendo una de ellas Casesa. Se calcula que hay
unos 88.000 vigilantes de seguridad privada en España, un sector que registra
desde 2009 caídas anuales superiores al 5% en su facturación.
En 2011 la cifra de ingresos total obtenido por la
seguridad privada en España fue de 3.215 millones de euros. Por líneas de
negocio, el servicio de vigilancia facturó 2.119 millones ese año; el de
transporte de fondos bajó un 4%, facturando 289 millones de euros; y sistemas y
alarmas generó 807 millones de ingresos, un 9,5% menos que en 2010.
En opinión del director general de Casesa, Javier
García Saldaña, el sector podría verse beneficiado legislativamente si se
devolviera al vigilante “el caracter de agente de la autoridad que la anterior
ley ofrecía al profesional de la seguridad privada”. García Saldaña desearía
“una ley menos intervencionista; bien está que se intervengan y fiscalizen
instalaciones estratégicas y asuntos relacionados con armas, pero fuera de eso,
una empresa de seguridad es como cualquier otra”.
A finales del pasado año el
sector se vio sacudido por la intervención policial de la empresa de seguridad
privada Esabe. La compañía fue registrada y sus propietarios detenidos,
acusados de presuntos delitos contra la seguridad social, la hacienda pública,
falsedad documental y blanqueo de capitales. “Este negocio funciona con poco
margen; cuando una empresa acude a concursos con precios imposibles es porque
algo está fallando, o no paga a los empleados o no paga a Hacienda”, comenta
García Saldaña.
