RESPUESTA
PARLAMENTARIA
El Gobierno gastará más de 33
millones de euros en dos años en su plan de incorporar vigilantes privados a
las prisiones
IU recuerda que se invierte en seguridad privada tras dejar pasar 2012 y
2013 sin convocar plazas de ayudante de funcionario de Prisiones
MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno gastará 33 millones de euros entre 2014 y
2015 en su plan para incorporar vigilantes de seguridad privada al perímetro
exterior de las prisiones en sustitución de la Guardia Civil, según admite el
Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita al diputado de IU, Ricardo
Sixto.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de mayo el
acuerdo por el que "se autoriza al Ministerio del Interior la contratación
del servicio de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios
dependientes" del Departamento del ministro Fernández Díaz. El citado
acuerdo incluye un expediente de contratación para cubrir 67 centros.
Según las explicaciones del Gobierno a IU, "las
empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los
centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal
de Empresas)". IU informa en un comunicado que, según los datos aportados
en la contestación, el coste del contrato asciende a 33,3 millones de euros,
distribuidos en las anualidades 2014 y 2015.
El proyecto piloto para implantar la seguridad privada
en el perímetro exterior de 21 prisiones habría costado ya 7,3 millones de
euros, según Sixto, quien realizó una batería de preguntas acerca de los
"motivos por los que mantiene el Gobierno el proyecto de privatización de
la seguridad exterior de las prisiones", cuando ni en 2012 ni en 2013
fueron convocadas plazas de empleo público para el cuerpo de ayudantes de Instituciones
Penitenciarias.
RECUERDA LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
En este sentido, Sixto preguntaba además "si
considera el Gobierno necesario destinar 7,3 millones de euros para que la
seguridad privada se haga cargo de la seguridad exterior de los Centros
Penitenciarios", y "cómo justifica" ese gasto "destinado a
financiar la primera fase del proyecto de implantación de la seguridad privada,
en el marco de las políticas de austeridad que está aplicando en las
administraciones públicas".
Según IU, el Gobierno de Mariano Rajoy argumenta que
el plan obedecía "tanto al principio de optimización de los recursos
humanos y materiales asignados a la seguridad de las instalaciones públicas
como a la conveniencia estratégica de concentrar el servicio prestado directamente
por funcionarios policiales en aquellas funciones relacionadas con la seguridad
de los centros penitenciarios para las que resulta más apropiada su mayor
cualificación y especialización".
IU denuncia que la respuesta del Gobierno deja sin explicar
otra de las cuestiones planteadas por Sixto acerca de "qué ahorro le ha
supuesto la contratación de seguridad privada para el perímetro exterior de los
centros penitenciarios".
