PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN
PRISIONES
Solo el
10% de los vigilantes que controlan las cárceles ejercieron antes como escoltas
Fuente:
elconfidencial.com - Roberto R. Ballesteros 23/11/2014
Era uno
de los principales argumentos del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
para justificar el plan de privatización de la seguridad de las prisiones. Los
escoltas que habían prestado servicio de protección en el País Vasco cuando ETA
estaba activa debían ser compensados con una salida digna. Una vez que la banda
terrorista no mataba, su labor carecía de importancia y tenían que ser
recolocados.
Los
guardaespaldas que pertenecían a las fuerzas de seguridad (guardias civiles y
policías) lo tenían fácil, pues podían pasar a otras unidades de sus
respectivos cuerpos. De hecho, venía bien que fueran reubicados para reforzar
plantillas que estaban experimentando una reducción de efectivos a causa de la
disminución de la oferta de empleo público desde 2010 provocada por la crisis
económica.
El
problema eran, por lo tanto, los escoltas que no pertenecían a ningún cuerpo de
seguridad público. El Gobierno anunció entonces el plan de apoyo a guardias
civiles y policías en el control de las prisiones con el fin de recolocar en
esos puestos a los guardaespaldas que se habían quedado en el paro tras el fin
de ETA.
No
llega a un centenar el número de guardaespaldas que han sido recolocados, una
cifra insignificante en comparación con los más de 3.000 profesionales privados
que operaban en el País Vasco y Navarra antes de la desaparición de ETA
Sin
embargo, los datos no corroboran la justificación argumentada por el Ministerio
del Interior para poner en marcha el programa que ha llevado a la incorporación
de 800 vigilantes a las cárceles. Según ha podido saber El Confidencial, apenas
el 10% de esos agentes de seguridad privada ejercían como escoltas cuando la
banda terrorista estaba activa.
Por lo
tanto, no llega a un centenar el número de guardaespaldas que han sido
recolocados, una cifra insignificante en comparación con los más de 3.000
profesionales privados que operaban en el País Vasco y Navarra antes de la
desaparición de ETA, según datos ofrecidos en su día por la Asociación Española
de Escoltas.
El
número contrasta con el declarado hace un mes por el secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez, quien dijo que uno de cada tres escoltas que
protegía a amenazados por ETA se había integrado en el plan del Ministerio del
Interior para controlar los centros penitenciarios. Guardaespaldas y Gobierno
habían firmado "un pacto de caballeros" para "no dejar
tirados" a quienes habían hecho tanto por la democracia.
El
pasado octubre Interior activó la segunda fase del plan de privatización de la
seguridad de los centros penitenciarios (denominado programa de apoyo por el
Gobierno). Fue en ese mes cuando el proyecto piloto que se había probado
durante el año anterior en 21 prisiones se extendió al resto de cárceles del
territorio nacional.
Un
total de 800 vigilantes se incorporaron a los centros penitenciarios para
llevar a cabo labores de apoyo a guardias civiles, policías y funcionarios de
prisiones. En muchos casos, los agentes privados han ido asumiendo más
responsabilidades y actualmente incluso se encargan de determinadas zonas o
tareas sin ser supervisados por los guardias civiles ni por los funcionarios de
prisiones.
