Las
sombras olvidadas de Euskadi
De los 3.000 escoltas
privados que combatieron la violencia de ETA quedan 30 en activo
Una asociación pide al Gobierno su
reinserción profesional
Fuente:
elpais.com - JOSÉ PRECEDO / ALBA CASAS Madrid 21 NOV 2014
El 20
de octubre de 2011, el día que ETA anunció que olvidaba las armas y frenaba en
829 víctimas mortales, 60 secuestros y miles de heridos su macabro registro,
una profesión entera empezó a agonizar. Quienes cubrieron durante décadas las
espaldas de cargos públicos, empresarios y personalidades amenazadas en Euskadi
y el resto de España fueron los daños colaterales de una de las grandes
noticias de la democracia. De los 3.800 guardaespaldas de empresas privadas que
operaron en el País Vasco y Navarra durante los años de plomo, quedan 30, según
la Asociación Española de Escoltas. Y su labor tiene los días contados.
Manuel
Jiménez, cordobés de 41 años, vivió ocho años con dos pistolas encima, el
tiempo que pasó protegiendo a jueces, empresarios y políticos. En 2011, lo
echaron en un ERE con una indemnización de 15 días por año trabajado, no 20,
como le prometieron. Se fue a su Córdoba natal y lleva sin trabajo desde
entonces.
Hace
cuatro meses, Jiménez vio en televisión que algunos escoltas del País Vasco habían
sido recolocados como vigilantes en prisiones. Se trataba de un plan piloto
puesto en marcha por el Ministerio del Interior en 21 cárceles que precisó de
la contratación de 234 empleados. Pese a que el concurso fue restringido y solo
se invitó a empresas que tuvieron escoltas en nómina, la mayoría de los
contratados procede de otros colectivos, personal más barato.
"Llama
a tus compañeros y pregúntales si ellos están trabajando", le dijo su
suegra a Jiménez, al ver el reportaje en la tele. Solo tres de sus conocidos
fueron reubicados en cárceles. Uno de ellos, que prefiere no dar su nombre para
evitar represalias de la compañía de seguridad para la que trabaja, asegura que
los nuevos contratos en las prisiones no se están reservando a ex escoltas.
"Las empresas tuvieron prioridad en los concursos para esas plazas porque
el Gobierno se comprometió a darnos trabajo. Pero colocan a cualquiera",
se queja el ahora vigilante de prisiones.
Rafael
Toro aún mira bajo su coche antes de arrancarlo. Es otro escolta en dique seco.
La última vez que fue a pedir trabajo a la firma LipSeguridad lo rechazaron con
buenas palabras: "Tiene más formación que el jefe de servicio. ¿Cómo lo
vamos a contratar?". Su adiestramiento en desactivación de explosivos,
defensa personal, conducción evasiva, todos esos cursos pagados durante años
por el Ministerio del Interior, juegan ahora en su contra. Son personal
sobrecualificado para estar en una garita de seguridad viendo pasar las horas.
Los hay con 20 años de experiencia. Han trabajado en turnos de siete días
semanales, 39 horas sin perder la concentración porque un despiste de segundos
podía implicar la muerte de su defendido. O la de ambos.
José
Luis Martín, bilbaíno de 39 años, trabajó entre 2004 y 2008 en Bizkaia como
guardaespaldas para la firma Vinsa: "Nos echaron y nos sentimos
desamparados por el comité de empresa. Ellos acabaron como escoltas en casos de
violencia de género o vigilantes, el resto nos fuimos al paro". Cuando le
despidieron en 2008, Martín cayó en una depresión y llegó a engordar 65 kilos.
"He perdido a mi mujer y ahora voy a perder mi casa", se lamenta.
Jiménez
y Toro tratan de localizar ahora a compañeros escoltas para fundar la asociación
Las sombras olvidadas de Euskadi, un primer paso para constituir una
cooperativa que pueda optar directamente a contratos del Gobierno.
Los
fundadores de la asociación andan estos días de gira por los grupos
parlamentarios. Piden comprensión a los partidos y que se les devuelva algo de
lo que ellos dieron por los demás en las épocas duras, de atentados y
entierros. El PSOE, a través de su diputado Antonio Trevín, amplifica sus
quejas en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. "Nosotros
defendemos la seguridad pública pero si las empresas usaron como reclamo la
recolocación de los escoltas, que cumplan y prioricen a los guardaespaldas en
los contratos con salarios adecuados".
El
secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, reconoció en el Congreso
la existencia de un "pacto de caballeros" para subcontratar a los
escoltas en los perímetros de seguridad de las prisiones. Y defiende que un
tercio del personal empleado por las adjudicatarias del ministerio para seguridad
privada en las prisiones tiene esa procedencia, pero admite que su contratación
depende de la "voluntad de las empresas". "El compromiso
obviamente existía pero sobre la base de que los afectados tenían que aceptarlo
voluntariamente. Hay escoltas a los que no les interesa ser vigilantes porque
son profesiones distintas o desplazarse a trabajar a otras provincias. [...].
No se ha dejado tirado a nadie".
El
pasado 1 de octubre se inició un nuevo contrato para extender la vigilancia
privada al perímetro de las 67 cárceles. Conlleva la contratación de 800
vigilantes en diferentes lotes repartidos por empresas que recibirán un
montante anual de 33 millones de euros. En una circular interna, una de las
adjudicatarias, Ombuds Compañía de Seguridad SA, admite su intención de
recolocar a parte de su personal del Metro de Madrid en las cárceles.
Entretanto,
la incipiente asociación de escoltas sigue llamando a la puerta del Gobierno.
Los diputados populares Leopoldo Barreda y Conrado De las Heras les prometieron
hace días una reunión con cargos de Interior pero siguen esperando cita.
"Merecemos otro trato, hemos sido las espaldas de los políticos durante
años. A menudo, en lugares completamente hostiles donde los vecinos nos tiraban
huevos", reclama Toro.
Trágica recolocación de soldador
ALBA CASAS
Miguel
Ángel Guerrero y José Vega compartieron, además de trabajo y vivienda durante
15 años en Pamplona, una huelga de hambre de más de un mes frente a la cárcel
de Botafuegos. Estos dos gaditanos se conocieron en un curso de conducción
evasiva y decidieron ir juntos a proteger a los amenazados por ETA en Navarra,
donde estuvieron desde 1993 hasta que les echaron en 2008. En 2013, tras haber
intentado, sin éxito, conseguir un puesto en la prisión de alta seguridad donde
estuvo el etarra De Juana Chaos, decidieron iniciar la protesta.
Los dos
primeros años tras volver de Pamplona, pudieron trabajar en empresas de
seguridad de Cádiz. Después, "la cosa se fue poniendo peor" hasta
que, en 2013, la situación económica de los dos ex escoltas era límite. Vega se
había divorciado, y debía pasar una pensión de 200 euros a su hija y pagar una
hipoteca a medias con su ex mujer. Miguel también tenía un préstamo y una
familia que mantener. Por eso, cuando estos dos gaditanos se enteraron de que
el Gobierno había sacado a concurso puestos de vigilante en la prisión de
Botafuegos para recolocar a ex escoltas, no dudaron en llamar a Sabico, la
empresa que ganó la concesión. Pero Vega y Guerrero no eran personal de Sabico,
que les respondió que cubriría esos puestos con sus trabajadores.
Entonces,
acudieron a las compañías para las que sí habían trabajado. "No nos
importaba trasladarnos a otra comunidad ni que el salario fuese más bajo. No
teníamos nada mejor. Con 41 años, había vuelto a vivir con mi madre",
protesta Vega. Ante la falta de trabajo y para mostrar su disconformidad, los
ex escoltas comenzaron a finales de marzo de 2013 la huelga de hambre.
"Al
principio, consumíamos solo líquidos. Como no estábamos logrando nada,
amenazamos con dejarlos", explica Vega. El sacrificio no les garantizó una
respuesta política, pero al menos sí un empleo. El Grupo Alonso
les ofreció trabajo en una de sus
empresas de Algeciras gracias a la intervención del alcalde, José Ignacio
Landaluce. Eso sí, las labores que desempeñaban no tenían nada que ver con la
seguridad: Vega entró como mecánico y Guerrero como soldador.
Guerrero
murió en un accidente laboral el 20 de octubre de 2014. Al haber una
investigación abierta para estudiar si se dio una negligencia por parte de la
empresa, Vega no quiere desvelar mucho más. "No puedo por ahora",
asegura el ex escolta, con una mezcla de pena y rabia en la voz: "Esto no
habría pasado si nos hubieran escuchado. El cese de ETA se anunció un 20 de
octubre. Un año más tarde, otro 20 de octubre, el terrorismo laboral mató a
Miguel Ángel".
