SEGURIDAD - El proceso comenzó en mayo de 2013 y se amplió en
octubre de 2014
Vigilantes privados en las cárceles por 48 millones de
euros
Guardia Civil, Policía, funcionarios y
escoltas critican el plan del Gobierno
Denuncian trato de
favor hacia las empresas licitadoras
El Ejecutivo alega que las
incorporaciones son 'refuerzo', no sustitución
Fuente: elmundo.es - JOSE MARÍA ROBLES Madrid - 20/02/2015
En la prisión de Cáceres hay dos personas en un puesto exterior y ningún
jurista. En Pamplona sólo disponían de un médico hasta hace unas semanas. En
Albacete prácticamente no tenían ni para sillas nuevas. Son algunas situaciones
precarias que contrastan con los más de 33 millones de euros presupuestados
por el Gobierno para la segunda fase de la privatización
de la seguridad exterior penitenciaria, que comenzó el pasado 1 de octubre.
Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican la contratación de
vigilantes en las cárceles y denuncian trato de favor hacia las
empresas licitadoras.
"La privatización de la vigilancia exterior de los centros
penitenciarios representa un dispendio económico enorme y sin ningún
sentido, ya que supone duplicar un número de servicios que hasta ahora eran
realizados por un agente público (policía o guardia civil) y ahora se
realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada", rechaza Juan
Ángel Figueroa, vicepresidente nacional de ACAIP(Agrupación
de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).
El sindicato se opone desde el inicio al proceso de privatización de la vigilancia
perimetral promovido por el Ejecutivo a través de la Ley de Seguridad Privada,
ya que "no responde al interés general a favor de la
seguridad, sino que se hace para mejorar los beneficios de las empresas
privadas. De todos es conocida la vinculación de personas importantes
dentro del partido del Gobierno (PP) con empresas de ese ramo. Para ello
no se ha dudado en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana".
A 48 millones de euros asciende ya el presupuesto del
'servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios' contemplado en el
nuevo marco legal (Ley 5/2014, de 4 de abril). 7.391.547,57 euros fueron
desembolsados en un 'proyecto piloto' en 21 cárceles. Comenzó en
mayo de 2013, empleó a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase
nueve meses, acabó prolongándose ocho más. A ello se añaden los 33.387.743,03
euros invertidos en una segunda fase en las 67 prisiones
dependientes del Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre. Dicha fase,
que se traducirá en 550 nuevas contrataciones, durará un año y podría ser
prorrogada otros 12 meses.
En Europa
Reino Unido
Se convirtió en 1992 en el primer país de Europa con prisiones
administradas por empresas consignadas por el Estado. En la actualidad 14
cárceles de Inglaterra y Gales -de un total de 132- son explotadas mediante
contrato, según datos del sindicato ACAIP.
Francia
También ha delegado en 40 centros (36% de la población reclusa) el
mantenimiento de las instalaciones, la provisión de comida y las actividades de
reinserción. No obstante, la limpieza, la seguridad interna y externa, los
controles administrativos y la asistencia judicial y médica siguen en manos del
Gobierno.
Precedentes
En España ya están subcontratados la limpieza de dependencias de funcionarios
(interiores y exteriores), el catering de las comidas de los reclusos en
algunos centros, el mantenimiento integral de las instalaciones y la asistencia
sanitaria especializada.
Contra estas incorporaciones, quedesde el Gobierno se defienden como
"refuerzo" y no como "sustitución", se posicionan no
solamente los funcionarios de prisiones. También la Guardia Civil y el Cuerpo
Nacional de Policía, profesionales que ven cómo las tareas derivadas de la
vigilancia desde puestos fijos o garitas, el control de personas, vehículos y
mercancías, y la observación y manejo de circuitos cerrados de televisión son
asumidas por vigilantes.
Ello a pesar de que el artículo 63 del Reglamento Penitenciario especifica
que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) o, en su caso,
a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas". Además, temen que
en una tercera fase se produzca la reducción de efectivos en algunos centros y
el cambio forzoso de destino para los afectados.
"En principio el Gobierno esgrimió tres pretextos para
llevar a cabo esta privatización: recolocación del personal de seguridad
privada que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra,
reubicación de los guardias civiles y policías destinados en las prisiones en
labores de seguridad ciudadana y ahorro económico", desgrana en nombre de
la Asociación Unificada de la Guardia Civil(AUGC) Rafael
Sánchez, quien califica ese primer argumento de "rotunda
mentira".
"El número de ex escoltas que ha prestado servicio en el País Vasco y
ha sido contratado por las empresas de seguridad en los 21 centros
penitenciarios alcanzó la cifra de 95 personas, que sobre un total de 254
vigilantes representa un 37,40% del total. Porcentaje que se reduce al 10% en
la segunda fase", saca la calculadora Figueroa.
Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas(ASES),
confirma que la presencia de guardaespaldas al otro lado de los tornos es
"meramente testimonial" y matiza que tampoco existe entre la
profesión "una demanda significativa" de los servicios ahora
ofertados en la cárcel. "Los escoltas que protegían directamente a
objetivos terroristas (unos 3.500) están en un97% en situación de desempleo o
han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el
extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos
2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de
ejecutivos, personalidades, etc.", hace balance.
No obstante, De la Cruz detecta entre sus colegas "cierta
frustración", ya que "todos los partidos políticos a los que se
prestó servicios de protección frente al terrorismo afirmaron públicamente la
obligación moral de reconocer y premiar nuestra labor". "La realidad",
prosigue en sintonía con Sánchez, "es que a quienes ha beneficiado este
proceso ha sido a las empresas de seguridad que tenían asignados servicios de
escolta en el País Vasco y Navarra, que como 'compensación' han obtenido estos
contratos".
Interior defiende
la 'optimización en la gestión'
La Secretaría de Estado de Seguridad aduce que "al inicio de este
modelo el 40,6% de los vigilantes que prestaba servicio habían sido escoltas en
el País Vasco o Navarra, si bien la selección del personal para
garantizar el servicio en los puestos contratados es competencia exclusiva
de las empresas adjudicatarias, bajo criterios sometidos a la legislación
propia sobre la materia, tanto en las nuevas incorporaciones como en la
subrogación de los servicios que se venían prestando".
"Se ha hecho todo con un oscurantismo y falta de transparencia
poco usual", enjuicia la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSI-F) por boca de Adolfo Pérez la
decisión del departamento de Francisco Martínez Vázquez de
resolver la adjudicación de la vigilancia perimetral en el 'proyecto piloto'
medianteprocedimiento negociado sin publicidad. Esto es, mediante
invitación directa a empresas que ya trabajaban para la Administración, y no
como concurso público abierto a otras compañías del sector. Se alegaron "circunstancias
excepcionales" para la seguridad para justificar la elección de este
formato.
"En los últimos años ha habido una disminución de la oferta
pública de empleo en todo el ámbito de la AdministraciónPública. Esto ha
obligado a hacer una mayor optimización en la gestión de los servicios de
seguridad, entre los que se encuentra la vigilancia de los Centros
Penitenciarios", expone la Secretaría de Estado de Seguridad. "El
criterio de adjudicación previsto es el de la oferta económicamente más
ventajosa para la Administración, por lo tanto han sido los licitadores que
presentaron una mejor oferta los adjudicatarios del contrato".
En la segunda fase, la UTE (Unión Temporal de Empresas) constituida por Ombuds,
Eulen, Prosetecnisa, Sabico, Garda, Vinsa y Casesa se adjudicó el Lote
1 (prisiones de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429,59
euros) ofertado por Interior en la mesa de contratación celebrada el 30 de
julio de 2014.
Securitas obtuvo el Lote 2 (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La
Rioja, con un coste 8.551.283,55 euros), mientras queOmbuds en
solitario presentó la propuesta más ventajosa en relación al Lote 3
(Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de7.671.805,51 euros)
y la UTE formada por Coviar y Segur Ibéricase hizo con el Lote 4
(Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224,38
euros).
Grado de formación
y principio de autoridad
Pérez, presidente nacional del sector de prisiones de CSI-F, califica el
proceso de privatización de "pelotazo" y lo compara con el
"'ladrillazo' penitenciario de la época socialista". Figueroa
se pronuncia con la contundencia de los datos y habla abiertamente de "lucrativo
negocio" para las licitadoras. "El costo por vigilante rondará
los 30.000 euros al año", advierte. ACAIP cifra en 3.200 euros al mes el
costo por vigilante en la fase piloto y en 2.200 ya en la segunda.
Una cantidad que "sigue estando muy alejada" de los 1.100 euros
del salario medio de un funcionario de prisiones (subgrupo A1) o de los 1.600
de una agente de Policía Nacional. "La experiencia piloto deja claro que
el margen de las compañías estaría en torno a los 1.850 euros al mes por
trabajador, una forma de compensar la pérdida del sector de escoltas, cuyo
coste para el Estado era superior a los 5.000 euros al mes por efectivo",
zanja el representante sindical. Y remacha: "Vemos con indignación cómo el
Ministerio del Interior paga cuatro veces más las noches a los
vigilantes que a los funcionarios".
Desde la AUGC también se hace hincapié en que la "excusa"
económica es "la más burda de las tres". "Teniendo en cuenta que
las FFCCSE siguen en los centros penitenciarios, resulta obvio que no ha habido
un ahorro para las arcas públicas, sino todo lo contrario: underroche
escandaloso e innecesario del dinero público con el único fin de
beneficiar a las empresas de seguridad privada", subraya Sánchez.
Preocupación con matices transmite el Sindicato Unificado de la Policía (SUP),
que reclama al proceso "transparencia y legalidad".
"No estamos de acuerdo en la privatización de la seguridad pública, pero
dicho esto es preciso aclarar que dentro del servicio prestado por el CNP en
los centros penitenciarios existen labores en las que la seguridad privada sí
tiene cabida", tercia el portavoz Javier Estévez. Para ello,
habría que "marcar unas pautas de trabajo y una definición de funciones
que a día de hoy no han sido fijadas como deberían" y "establecer un
número mínimo de funcionarios en esas labores, que habría de marcarse centro
por centro".
ACAIP lamenta que las prisiones españolas carezcan de "un adecuado
mantenimiento y conservación" y se queja de la "cada vez más
agravante falta de personal" en los centros. "El Gobierno sí tiene
dinero para una Oferta de Empleo Privada de 800 vigilantes mientras la Oferta
de Empleo Público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de
legislatura del PP ha sido de 85 empleados. Con los 33 millones se
podría haber contratado o dotado de más funcionarios de prisiones en el mismo
periodo temporal. Es decir, a la Administración le hubiera resultado más barato
un funcionario de prisiones que un vigilante privado, con las más que evidentes
diferencias formativas y de preparación a nuestro favor", insiste
Figueroa.
Antonio Duarte, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada
de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), defiende el grado
de formación de sus representados y apunta que los candidatos deben
superar "20 horas anuales" de formación obligatoria y un curso de
especialización en Seguridad en Instituciones Penitenciarias. "Venimos
haciendo estas mismas funciones en centros similares, como los de menores
con medidas judiciales o los CETI (Centros de Estancia Temporal de
Inmigrantes), pone en valor Duarte el desempeño del colectivo.
CSI-F alerta no tanto sobre la capacitación como sobre la confianza hacia
los nuevos contratados. "Puede haber gente que ha estado guardando
discotecas, que a lo peor ha tenido contacto con bandas organizadas. Y además
hay otra cosa que es muy importante de cara a la población reclusa: el principio
de autoridad. No es lo mismo un guardia o un funcionario que un
civil".
'Duplicidad de funciones manifiestamente inútil'
Tomás Torrego (Secretario General SUP Segovia)
Desde el pasado 1 de octubre la empresa Securitas
Seguridad España trabaja en la vigilancia perimetral en el centro penitenciario
deSegovia-Torredondo, relevando a miembros del Cuerpo Nacional de
Policía en el desarrollo de algunas funciones.
"Tras estos meses de experiencia no ha
supuesto ninguna mejorael servicio prestado en dicho centro, sino que
además supone en algunos casos una duplicidad de funciones manifiestamente
inútil", señala Torrego, quien subraya que en el puesto antes ocupado por
un policía ahora hay un vigilante supervisado por un agente "debido a la
sensibilidad" de dicho cometido.
Segovia-Torredondo es el único centro de Castilla y León bajo control del
Cuerpo Nacional de Policía. En torno al 15% de la plantilla de la Comisaría
local desarrolla funciones relacionadas con la seguridad del centro
penitenciario, como recorridos, conducciones y custodios de los internos. Pese
a la incorporación de los vigilantes "no ha habido una recuperación
proporcional de efectivos", enfatiza Torrego.
El secretario general del SUP Segovia teme que en los
próximos años la plantilla "pueda verse mermada drásticamente al no
convocar la Dirección General de la Policía plazas vacantes si se utilizara la
falsa regla de que un vigilante se hace cargo de la tarea de un policía en el
centro penitenciario".
'Falta de transparencia y de respeto'
Agustín Clemente (Secretario General AUGC Albacete)
La vigilancia exterior de la prisión albaceteña de La
Torrecica, como la del resto de centros penitenciarios de Castilla-La
Mancha, Extremadura y Madrid, fue asignada a la empresa Ombuds. La llegada de
personal externo ha provocado que el número de guardias civiles que prestan
servicio haya pasado de cinco a tres.
Clemente se hace eco de un "malestar importante" en el Cuerpo y
detecta "menosprecio" por parte del Ministerio del Interior.
"Durante años hemos realizado este servicio, muchas veces en
condiciones lamentables y sin ningún incentivo económico y ahora vemos
cómo una empresa privada gana dinero. Por supuesto, a costa de sus trabajadores
(21 vigilantes), que cobran una miseria por hacer aproximadamente 220 horas al
mes, alrededor de 60 extra, para percibir un sueldo de 1.300 euros, quedando
para la empresa una ganancia en torno a los 600-800".
"Y todo esto para reforzar y complementar
un servicio que era el adecuado y eficaz; ésta era la respuesta cuando
solicitábamos mejoras", denuncia la paradoja. El secretario general de
AUGC Albacete muestra su preocupación por qué en la tercera fase del proceso de
privatización el Cuerpo deje de prestar servicio en la prisión. "Vemos cómo
se impone la falta de transparencia y de respeto. Mientras a nosotros se nos
niega el pan y la sal, para otros sí que hay recursos", concluye.
