Tres vigilantes de la prisión, de baja médica por agresiones y amenazas

Tres vigilantes de la prisión, de baja médica por agresiones y amenazas

Los incidentes se remontan varios meses atrás entre el propio personal de la empresa de seguridad

Temen que se repitan episodios más graves

Fuente: huelvainformacion.es - REDACCIÓN HUELVA |28.08.2015 

Tres vigilantes de seguridad privada que prestan su servicio en el centro penitenciario de Huelva se encuentran de baja médica en estos momentos por las secuelas físicas y psicológicas de varios episodios de amenazas y agresiones en los que se ha visto envuelto el propio personal de la empresa adjudicataria. 

Según el testimonio de fuentes cercanas al caso, recabado por Huelva Información, los incidentes que han originado la situación actual se produjeron en los últimos meses y han provocado una gran preocupación entre los trabajadores de la prisión, que expresaron a este diario su temor de que se vuelvan a repetir dejando graves consecuencias. 

Los sucesos referidos se produjeron siempre entre el propio personal de la empresa de seguridad privada, aunque han tenido repercusión en todo el centro, dada la gravedad de los mismos. 

En uno de ellos, según cuentan las fuentes, dos de los vigilantes se agredieron mutuamente hace unos meses en el puesto del control de acceso al recinto de la prisión, donde el personal tiene a su cargo un arma de fuego que uno de los implicados intentó utilizar. La intervención de agentes de la Guardia Civil adscritos al servicio del centro evitó males mayores, aunque los dos protagonistas del incidente arrastran secuelas físicas que les mantienen fuera de servicio por baja médica. 

En otro de los episodios referidos, más reciente, se vieron implicados otros dos vigilantes privados de la prisión, esta vez en el camino de acceso al recinto. Según narraron a este diario personas conocedoras del caso, uno de los trabajadores esperó el paso de un compañero con el que había tenido disputas previas y le embistió con su vehículo, echándole fuera de la carretera. El agredido se encuentra todavía de baja por las secuelas psicológicas del suceso. 

Además de las dos agresiones relatadas, aseguran que se han producido en repetidas ocasiones disputas y amenazas entre el personal privado que realiza labores de vigilancia en la prisión desde que el Ministerio del Interior externalizara parte del servicio hace dos años en las penitenciarías de todo el país. 

Las mismas fuentes que han denunciado los hechos a este periódico, y que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, aseguran que el origen de los conflictos es básicamente laboral. Sostienen que las condiciones de trabajo que sufren los vigilantes de seguridad privada superan muchas ocasiones lo conveniado y que la presión y tensión que soportan por estas circunstancias es palpable en el centro. 

La empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, con sede en Madrid, tiene adjudicado el servicio de seguridad privada en el centro penitenciario de Huelva desde marzo de 2013. Fue la primera adjudicataria en todo el país, para las prisiones de Huelva, Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón y Dueñas (Palencia), tras la medida adoptada poco antes por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy. De esta forma, los vigilantes privados se encargan de controlar los accesos al centro, las cámaras de vigilancia y las patrullas en el perímetro del recinto, parte de las funciones que tenía encomendada la Guardia Civil previamente. 

El personal de Ombuds adscrito de esta forma a la vigilancia en las prisiones procede en su mayor parte del servicio de escolta prestado en el País Vasco a cargos públicos, que se recicló a partir de 2013 con los nuevos cometidos en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios. 

En Huelva hay asignados siete vigilantes para estas funciones desde entonces y, según denuncian fuentes próximas, sufren condiciones adversas en la prestación del servicio que han provocado roces entre los propios trabajadores. Esto ha desencadenado episodios de violencia verbal y física que no han sido, aseguran, debidamente tratados por la empresa. En la prisión, insisten, se teme que se repitan los incidentes y que alguno pueda tener fatales consecuencias, después de la gravedad de los ya ocurridos. 

Huelva Información ha tratado de conocer el caso por parte de la empresa Ombuds, pero desde la sede principal ningún responsable ha querido atender la llamada por mantener su política de "no hacer declaraciones a la prensa". 

El Ministerio del Interior, hasta el momento, ha eludido pronunciarse también sobre el tema, al igual que la Comandancia de la Guardia Civil, mientras que fuentes sindicales vinculadas a la prisión reconocieron la existencia de "determinados problemas entre vigilantes" aunque evitaron ofrecer una valoración más detallada.

Noticia: Intervenciones de la Seguridad Privada

Dos detenidos por robar en una empresa de Sarrià de Ter

Los vigilantes de seguridad alertaron a la Policía Local por el robo de cableado eléctrico

Fuente: lavanguardia.com - Girona | 27/08/2015 -

Girona. (Redacción).- La Policía Municipal de Girona detuvo, alrededor de las cinco de la tarde del pasado domingo, día 23 de agosto a Mohammed L., de 30 años, vecino de Girona, y Samir B., de 28 años y vecino de Sarrià de Ter, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron alrededor de media de la tarde cuando la central de coordinación policial recibió una llamada al 092, en el que el vigilante de seguridad de una empresa ubicada en Sarrià de Ter alertaba de la entrada en el recinto de dos presuntos ladrones.

Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar tres patrullas con agentes uniformados. Allí los esperaban dos vigilantes que estaban de servicio que explicaron que mientras uno de ellos hacía la ronda de vigilancia por el recinto de la fábrica, al llegar a la zona de la depuradora había escuchado unos golpes muy fuertes que la habían alertado. Los policías iniciaron una búsqueda por la zona que culminó más tarde cuando encontraron, en la zona de la depuradora, a dos personas que estaban intentando llevarse cables eléctricos y que al ver a los policías se escondieron.

Los agentes identificaron a ambos y después de las gestiones detuvieron a Mohammed L., de 30 años, y Samir B., de 28 años, ambos con antecedentes penales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Pareja rusa es sorprendida en pleno acto sexual frente a un cajero automático

Fuente: AFP San petersburgo

Vigilantes de seguridad, alertados por un banco de San Petersburgo sobre una "extraña actividad" frente a un cajero automático, encontraron en el lugar a una joven pareja en pleno acto sexual, "excitada" por la presencia de las cámaras de video.

Según la portavoz de la empresa privada de seguridad Titan, encargada de la seguridad en un banco de San Petersburgo, en el noroeste de Rusia, dos agentes de seguridad armados fueron enviados al banco tras ser alertados.

"Les cámaras registraron una extraña actividad en el lugar donde se encuentran los cajeros automáticos", declaró a la AFP Lidia Belkevich.

A su llegada, los vigilantes encontraron a una parejita en pleno acto sexual.

"Nuestros vigilantes les dijeron a los jóvenes que buscaran otro lugar para practicar sus actos sexuales porque allí había cámaras por todas partes. La joven respondió que precisamente por ello habían elegido las instalaciones del banco", precisó Belkevich.

La joven "explicó que la presencia de las cámaras los excitaba". Finalmente, la pareja abandonó el lugar.

Aragón cuenta con 33.000 alarmas antirrobo y el sector ya factura 74,4 millones

Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma en 2014.

Fuente: El Heraldo.es-M. Tragacete. 25/08/2015

Vigilancia 24 horas, transporte de recaudaciones de bancos, alarmas de comercios y viviendas... El sector de la seguridad privada factura cada año miles de millones de euros en España. Según la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal del sector, la facturación en 2014 ascendió a 3.384 millones a nivel nacional. De ellos, algo más de 74,4 millones se generaron en Aragón.

Pese a estas cantidades millonarias, la realidad es que la seguridad privada (de la que viven miles de familias ya que sólo la cifra de vigilantes privados supone cerca de 76.000 empleos) acumula una caída de la facturación del 24% desde el año 2009, una bajada que fue muy acusada en 2012 pero que el año pasado consiguió amortiguar. En 2014, tanto la vigilancia como el transporte de fondos retrocedieron la facturación en tasa interanual y solo la instalación de sistemas de alarma aumentó las cifras de negocio (algo más de un 3,5% con respecto a 2013) y ya supone 973 millones para el sector en todo el país.

En España, más de 1,5 millones de comercios y viviendas tienen instalada una alarma, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. Del total de instalaciones, en Aragón se ubican algo más de 33.000. Hay establecimientos (como las entidades financieras, las farmacias o las salas de juegos de azar) que están obligados a contar con estas medidas de seguridad, pero un buen número de contratos tienen más que ver con la voluntad de los particulares de proteger sus bienes.

Interior publica cada año, desde el ejercicio 2007, el total de alarmas contratadas y las altas y bajas que se registran anualmente pero hasta ahora nunca había ofrecido datos regionalizados. Las estadísticas revelan que en los primeros años de crisis económica los robos en viviendas registraron un repunte importante y se produjo una importante demanda de alarmas.

Precisamente el verano es una época tradicional de asalto a viviendas vacías y las empresas de seguridad suelen registrar un pico de contrataciones de sistemas de alarma. Según una encuesta realizada por Sondea para Securitas, una de las empresas líderes del sector, casi un 70% de los españoles reconoce que cuando se marcha de vacaciones es cuando más teme sufrir un robo en su vivienda y tres de cada cuatro consideran que los chalets son el objetivo principal de los ladrones.

Las centrales de vigilancia aragonesas registraron más de 910.000 saltos de alarma, aunque en la mayoría de los casos se trató de falsos avisos. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, el año pasado en la Comunidad la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron conocimiento de 2.918 robos con fuerza y violencia en hogares y establecimientos comerciales de Aragón.

De esos casi 3.000 robos, las fuerzas de seguridad lograron esclarecer 759 casos y detuvieron por ellos a más de 700 personas.
 

Casi 1.500 empresas de seguridad en España

Al cierre de 2014, había en España un total de 1.539 empresas dedicadas a la seguridad. En ocho de cada diez casos se trataba de pequeñas compañías que no superaban el medio centenar de trabajadores.

La actividad de las empresas de seguridad privada es seguida de cerca por la Unidad Central de Seguridad Privada, adscrita a la Policía Nacional. El año pasado se realizaron más de 32.000 inspecciones en toda España (960 en Aragón) para comprobar que se respetaba la legalidad vigente. El resultado de esta vigilancia fue la apertura de 4.104 expedientes sancionadores (403 de carácter muy grave) cuyo valor económico superó los 4,4 millones de euros.

Las previsiones de cierre de negocio para este ejercicio “siguen siendo negativas” en el área de vigilancia según informan desde Aproser, pero la situación del sector podría estabilizarse “e incluso comenzar una tímida recuperación” gracias al resto de áreas.

Los principales problemas a los que se enfrentan las empresas para sobrevivir, según el diagnóstico de la patronal, se resumen en intrusismo, competencia desleal, inseguridad jurídica o los bajos precios de licitación del sector público, que supone un 18% de la facturación total del sector.

Securitas lleva al SAS a los tribunales por el concurso de un contrato de 20 millones

Fuente: ABC.es-P. García.  Sevilla.

«Quis custodiet ipsos custodes?». Traducida del latín: ¿Quién vigila a los vigilantes? La respuesta a la pregunta en este caso no podría ser la Junta de Andalucía sino otros vigilantes. La empresa Securitas Seguridad España SA ha llevado a los tribunales de justicia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por las irregularidades que considera que se han producido en la adjudicación de un contrato de casi 20 millones de euros y 24 meses de duración, destinado a ofrecer el servicio de vigilancia y seguridad en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, a la unión temporal de empresas (UTE) que conforman Vigilancia Integrada SA y V2 Complementos Auxiliares S.A.

Securitas denuncia que durante el proceso se añadieron elementos secundarios a los criterios descritos en los pliegos con posterioridad al plazo de presentación de ofertas y que éstos se aplicaron de manera «arbitraria, subjetiva y no uniforme», provocando que en determinados apartados sólo la oferta de la adjudicataria fuese valorada, lo que resulta «completa y absolutamente improcedente». Pero sus alegaciones no fueron atendidas por el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, lo que llevó a la entidad a interponer un recurso contencioso-administrativo y de cuyo anuncio se dio traslado el pasado 10 de agosto a las partes interesadas para que puedan personarse.

Fue el 8 de julio de 2014 cuando el SAS adjudica este contrato por un valor de 19.568.987,09 euros y en los días siguientes Securitas recurre solicitando su anulación, retrotayendo las actuaciones al momento de producirse la valoración de las ofertas y se dicte una resolución nueva a su favor. La base del recurso se sustenta en que, a su juicio, dos criterios técnicos de evaluación automática recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares no han sido aplicados de conformidad con su naturaleza, lo que desvirtúa las puntuaciones resultantes de las ofertas de los licitadores. Así, Securitas ofertó 3.294 equipos de transmisión pero la comisión técnica sólo le valoró 171 equipos, el número de trabajadores adscrito al servicio. Su oferta fue rebajada, por tanto, obteniendo una puntuación muy inferior y un incremento proporcional de la puntuación de la adjudicataria. Un argumento que, según la recurrente, no se aplica de forma uniforme al resto de criterios. Así sí se valoran 105 unidades contra incendios a pesar de resultar innecesarias más de 20 y 76, atendiendo al número de centros que ya contaban con dichas prestaciones; o se valoran hasta cien unidades nuevas de videograbación ofertadas por otro licitador pese a no especificar a qué centros se destinan.

El órgano de contratación niega trato discriminatorio pues al recurrente se le otorga en el apartado medios de comunicación la puntuación más favorable posible en el sentido explicitado. Al respecto, la UTE adjudictaria acusó a Securitas de obrar con «picaresca» porque la oferta de teléfonos y walkie-talkie era «un brindis al sol con la única finalidad de obtener la máxima puntuación en dicho criterio sin más». Con posterioridad, el Tribunal Administrativo concluyó que Securitas ofertó «equipos de transmisión innecesarios» con el fin de conseguir la mayor puntuación en ese criterio y, dada la fórmula de valoración del mismo, situar las ofertas del resto de licitadores muy por debajo.

La segunda alegación, también rechazada, incide en las consideraciones tenidas en cuenta a posteriori y se refieren al número de horas de formación ofertadas. Así, en el pliego se recoge que se otorgará la mayor puntuación a la oferta con mayor número de horas/año y el resto de ofertas de valorarán mediante proporcionalidad directa. Sólo fue valorada la oferta de la UTE adjudicataria. El resto entendió que bastaba con ofertar un determinado número de horas y la comisión técnica y, posteriormente el Tribunal Administrativo, concluyó que se solicitaba un plan de formación, no una «mera mención de un dato numérico» sin criterio formativo alguno.

Desestimado el recurso el pasado 21 de abril de 2015, el 15 de mayo se firmó con la UTE ganadora el contrato con fecha de inicio 1 de junio de este año y por una duración de 24 meses. Ese mismo día Securitas interpone el recurso contencioso administrativo y la Sala Primera del TSJA requiere el emplazamientos de cuantos interesados pudiera haber.

La UTE adjudicataria la conforman Vigilancia Integrada SA y Complementos Auxiliares SA, empresas que forman parte de Ilunion y cuyo administrador único es el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. Esta compañía comenzó también en enero de 2015 a gestionar la seguridad de los 27 museos y conjuntos culturales dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ahora, además, lo hace en la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.

El Supremo confirma la pena al asesino del vigilante de seguridad

MARCHENA

El Supremo confirma la pena al asesino del vigilante de seguridad

El Alto Tribunal rechaza el recurso del acusado y le mantiene los 22 años por asesinato.

Fuente: diariodesevilla.es - R. P. , | 22.08.2015

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación promovido por el hombre condenado por el asesinato en 2009 de José Antonio Jiménez Ceferino, un vigilante de seguridad de una planta fotovoltaica de Marchena, durante un robo de cobre, ratificando así los 17 años de prisión impuestos por un delito de asesinato y los cinco años correspondientes a un delito de robo con violencia y uso de medios peligrosos.

En un primer momento, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los dos ciudadanos rumanos acusados por este crimen, al no dar validez a una prueba de ADN, una sentencia anulada no obstante por el Tribunal Supremo, para que la Audiencia Provincial dictara un nuevo fallo en el que se valorase como prueba válida el hallazgo del ADN de Marius, uno de los acusados, en el pantalón de la víctima.

Finalmente, y a través de una sentencia emitida el pasado 7 de enero, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a uno de los dos acusados, identificado como Adi D., y condenó al otro acusado, identificado como Marius L. C., a 22 años de cárcel por delitos de asesinato y robo con violencia y medios peligrosos, así como al pago de una indemnización de 160.992 euros a los padres de la víctima y de 21.448,83 euros a la empresa por el cobre sustraído en la planta fotovoltaica, aunque el acusado se declaró insolvente.

Frente a la sentencia condenatoria, el condenado elevó un recurso de casación al Tribunal Supremo, que a través de una sentencia emitida el 24 de julio desestima dicho recurso y además impone al recurrente las cosas del procedimiento judicial.

La sala encargada de este asunto ha realizado una triple comprobación en torno a la legitimación o no de los argumentos presentados por el condenado, que pretendía "negar la existencia de prueba, negar la validez de la existente, negar el poder probatorio o demostrativo de la prueba existente y válida, o cuestionar la racionalidad del proceso valorativo sobre las pruebas disponibles", pues según el recurrente la sentencia condenatoria "se ha valido de pruebas nulas de pleno derecho, como la prueba pericial de ADN", alegando principalmente la "falta de letrado en la obtención de la muestra", si bien el Supremo zanja que dicho aspecto "no requiere asistencia letrada".

"Es válido el contraste de muestras obtenidas en la causa con los datos obrantes en la base de datos policial procedente de una causa distinta, aunque en la prestación del consentimiento no conste la asistencia del letrado, cuando el acusado no ha cuestionado la licitud y validez de estos datos en la fase de instrucción", precisa el Supremo, según el cual media "confesión" del recurrente en cuanto a que "no realizó la impugnación de los informes biológicos de ADN", descartando además cualquier tipo de "indefensión".

El Supremo revoca la absolución de los presuntos asesinos de un vigilante

La Audiencia absuelve a los acusados del asesinato de un vigilante

Muere el vigilante que recibió una paliza en la planta fotovoltaica

El Supremo rechaza que el descuelgue de un convenio tenga efectos retroactivos

La sentencia señala que los recortes salariales por esta medida sólo pueden aplicarse a futuro aunque se pacten con los empleados. Fuente. Finanzas.com -D.Valera

El Tribunal Supremo considera que el descuelgue -inaplicación- de un convenio colectivo en vigor no puede tener carácter retroactivo. En una sentencia conocida este martes y que supone un nuevo revés a la reforma laboral los magistrados de la Sala de lo Social del alto tribunal recuerdan que esta medida de carácter extraordinario y que se traduce en recortes salariales o de jornada y horarios, «sólo produce efectos desde el momento en que se acuerda». Es decir, que la no aplicación de la norma convencional «actúa hacia futuro» y no se puede retrotraer a pesar de que se pacte con los trabajadores para llevarlo a cabo de esa manera. Con esta resolución los jueces vuelven a marcar los límites de la nueva legislación laboral como ya hicieran al mantener la ultraactividad de los convenios -prórroga de los mismos en caso de falta de acuerdo- pese a la limitación de un año que fijaba la normativa.

Y es que la legislación aprobada por el Gobierno permite a las empresas aplicar un descuelgue de convenio de manera unilateral si se alegan causas económicas -previsión de pérdidas o disminución persistente de ingresos- pero también por razones de carácter organizativo o productivo. En este caso concreto, la empresa Ariete Seguridad S.A acordó con la mayoría de los trabajadores un descuelgue el 28 de noviembre de 2013 que suponía incumplir las tablas salariales del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2012-2014.

Esta medida fue impugnada por UGT y CC OO que solicitaron la nulidad del acuerdo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dio parcialmente la razón al limitar los efectos económicos del descuelgue a la fecha posterior a la firma del mismo por considerar que la aplicación retroactiva de la reducción salarial era contraria al artículo 9.3 de la Constitución.

La empresa recurrió ante el Supremo la sentencia y alegó que la legislación ampara que las partes negociadoras pueden pactar que los efectos económicos de un descuelgue se retrotraigan a una fecha anterior. En concreto, la compañía argumentó que los artículos 84.2 y 86.1 del Estatuto de los Trabajadores otorgan plena libertad y autonomía a los negociadores de los convenios para «fijar la vigencia de sus pactos y preferencia aplicativa a los convenios de empresa». Esto es a pactar recortes de carácter retroactivo.

Sin embargo, el fallo del Supremo desestima «íntegramente» el recurso de la compañía. De hecho, la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel López García de la Serrana, reconoce que el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores que regula los descuelgues no limita expresamente que su aplicación no pueda tener carácter retroactivo. Sin embargo, el fallo explica que esa restricción legal «está implícita en el texto de la norma» al establecer que el convenio colectivo «obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación durante todo el tiempo de su vigencia».

«Forzosa aplicación»

Según el Supremo, de ese enunciado se deduce que el convenio «es de forzosa aplicación mientras no se acuerde su inaplicación parcial» y que en caso de pactar el descuelgue «sólo puede tener efectos a partir del momento en que se firma». Además, los magistrados recuerdan que en este caso no se está ante un convenio colectivo negociado con plena libertad y autonomía que fije su vigencia, sino que se trata de un «simple acuerdo» por el que se acepta la inaplicación de ciertas condiciones del convenio. Además, la sentencia recuerda que la normativa vigente recoge que la duración de un descuelgue está limitada a la entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo.

Prosegur: algunos lo llaman inflación y otros 51% mas en la cuenta de resultados

Argentina gana lugar en el mundo como negocio para trasladar efectivo

POR LA EMISIÓN Y LA INFLACIÓN, YA ES UNA FUERTE FUENTE DE INGRESOS DE LAS GRANDES TRANSPORTADORAS DE CAUDALES

Fuente: ambito.com- Ignacio Olivera Doll

El fuerte crecimiento de la cantidad de pesos y, especialmente, la mayor circulación del dinero que se siente en una economía con alta inflación convirtieron a la Argentina en el mercado más atractivo para las principales transportadoras de caudales del mundo. Los dos principales jugadores que operan en el sistema financiero local, la estadounidense Brinks y la española Prosegur, ya la hacen asomar en sus reportes bursátiles: el crecimiento de los beneficios que perciben en este país es lo que apuntala con más fuerza los negocios en la región.

"No es tanto el tamaño de la masa de efectivo, porque nosotros no cobramos por volumen transportado. Es la enorme rotación que tiene el dinero en un país con alta inflación", aclaró a este diario el gerente de área de una de las compañías.

A través de la presentación del resultado del segundo trimestre de este año, Brinks ya advirtió que obtuvo sus "ganancias más altas en Argentina, México y Francia" (pero "menores en Brasil"), y que dentro de los mercados emergentes obtuvo beneficios de hasta un 20% "debido principalmente al crecimiento de Argentina".

Brinks gira los dividendos obtenidos en la Argentina a través de "métodos legales alternativos" (presumiblemente mediante el "contado con liqui") que lo obligan a pagar un tipo de cambio más alto. "El Gobierno argentino impuso límites al intercambio de pesos locales a dólares estadounidenses. Como resultado de ello, para repatriar dinero de Argentina hemos elegido en el pasado y podemos optar en el futuro utilizar métodos legales alternativos, que pueden resultar en tipos de cambio menos favorables", precisaron desde la empresa. La compañía estadounidense captó u$s 182 millones por sus negocios en Latinoamérica. Si bien éstos representan sólo un 10% de lo que obtiene a nivel global, en el último reporte se aclaró que durante el semestre hubo una "mejora en el beneficio operativo impulsada por Argentina".

En las utilidades de la compañía Prosegur, el país también gana protagonismo. Los resultados del "área Argentina" (que incluye también Paraguay y Uruguay) se dispararon un 51% desde la primera mitad de 2014 hasta el mismo período de este año, de los 304 millones de euros a los 461 millones de euros. Con este beneficio, el país ya superó a España en la relevancia que tiene como mercado para la empresa y está a poco de superar a Brasil (históricamente con mayores beneficios, y que en el mismo lapso reflejó una caída del 5% en los resultados). Perú, México y Chile, reportaron una mejora de entre el 11% y el 21%; y Colombia, una caída del 15,8% (ver infografía). La "gestión de efectivo" aporta la mitad de los ingresos que Prosegur obtiene en la región; mientras que, en Europa, ésta es sólo un tercio.

En la Argentina, el transporte de caudales se reparte hoy principalmente entre cinco grandes compañías: Prosegur, Brinks, Maco, Vigencia y Transplata. El jueves pasado, el directorio del Banco Central resolvió que, a partir de ahora, las transportadoras de caudales pasarán a formar parte de la órbita de compañías reguladas y deberán cumplir con una lista de exigencias. El objetivo es empezar a moderar las tarifas que cobran las transportadoras y que representan, cada vez más, una gran parte de los costos que deben soportar los bancos, en un país con exceso de circulante y billetes de baja denominación.

CCOO insta al gobierno a hacer cumplir a Seguridad Integral Canaria el convenio

Fuente ABC.es: 

CCOO ha instado hoy al Gobierno regional a rescindir el contrato por el que se adjudicó el servicio de vigilancia de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria a Seguridad Integral Canaria si esta empresa no se aviene a cumplir el convenio colectivo nacional de empresas de seguridad privada.

En un comunicado, el sindicato denuncia que Seguridad Integral Canaria funciona con un convenio colectivo propio, con sueldos inferiores a los establecidos en convenio nacional del sector.

CCOO recuerda a la Consejería de Presidencia y Justicia que el pliego de condiciones por el que se adjudicó ese servicio de vigilancia en los juzgados le permite rescindir el contrato si el concesionario no cumple el convenio nacional del sector.

El sector de la seguridad se encomienda a las alarmas para intentar superar la crisis

Ese apartado es el único que creció el año pasado y por segundo año consecutivo, mientras que la vigilancia sigue cayendo Fuente: El Confidencial A. GÓMEZ

La seguridad privada sufre todavía los rigores de la crisis que desde 2009 ha precipitado al sector a una caída acumulada del 24,08% pero tiende aestabilizarse. Así lo constata el informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) de 2014 al que ha tenido acceso El Confidencial, un documento que deja entrever las primeras esperanzas de recuperación con el apartado de sistemas y alarmas como motor.

De acuerdo con esta asociación, que aglutina a 12 empresas que representan el 70% del negocio y funciona como patronal, la seguridad privada española facturó el año pasado 3.384 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,24% con respecto al año anterior, cuando entraron en caja 3.392 millones de euros. Aunque aún está lejos de los niveles de 2006 y 2007, cuando el sector crecía a ritmos cercanos al 7%, el descenso es mucho más tenue que el registrado entre 2012 y 2013, cuando cayó en un 6,87 %. La perspectiva de crecimiento para 2015 es del 1,25%, que sería la primera mejora en cinco años.

Estabilización y primeros brotes

En su resumen ejecutivo, Aproser observa que “el conjunto del sector podría estabilizarse e incluso comenzar una tímida recuperación”, aunque de las tres áreas que lo componen –transporte de fondos, sistemas y alarmas y vigilancia- esta última, que es la que más factura, parece estar destinada a pagar la peor parte dentro del sector.

Aunque sigue siendo el área que más negocio genera, pues factura 2.121 millones de euros, la vigilancia presenta el mayor nivel de contracción y tiene previsiones de cierre negativas de cara a 2015. En 2014, la vigilancia cedió un 1,77% con respecto a 2013, cuando con 2.159 millones de euros había caído un 7,99% desde 2012. La mayor demanda de vigilancia proviene del comercio y representa un 19% de los servicios, seguida por la industria y la energía (17%), entidades financieras (16%), edificios e instalaciones públicas (12%) e infraestructuras de transporte (11%). Completan el total menores porcentajes que se reparten entre el sector servicios, residencial, salud y educación.

Mientras, el área de transporte de fondos facturó 290 millones de euros, con un descenso del -1,11%, y los sistemas y alarmas alcanzaron 973 millones ysube un 3,56% en comparación con el anterior ejercicio, en el que este apartado comenzó a despegar con otro ascenso del 1,23%.

Menos vigilantes en activo

En 2014 se registraron 1.539 empresas de seguridad privada, de las que 1.304 fueron habilitadas por el Ministerio del Interior, 200 por la Generalitat de Catalunya y 35 por el Gobierno Vasco. Pero según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay una tendencia a la atomización, pues el 83% de estas empresas tienen menos de 50 trabajadores.

Además, el personal en activo bajó de los 77.100 en 2013 a los 75.650 en 2014, con una presencia masculina prioritaria. El nivel de rotación de personal se mantiene en un 14% y el 84% de los trabajos son indefinidos. El país sigue por debajo de la media europea en el ratio de fuerzas de seguridad privada, pues la proporción comunitaria es de 1 vigilante por cada 264 personas y en España es de 1 por cada 614 habitantes.

En 2014 entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, que tenía entre otrosfines reducir el intrusismo y ampliar las competencias de los vigilantes privados, no ha impedido que Aproser siga detectando como un problema la incursión de agentes externos en el sector. Otros desafíos que identifica son “la competencia desleal, los bajos precios de licitación, la escasa rentabilidad y la inseguridad jurídica”.

CCOO denuncia el alta médica a un vigilante con problemas psiquiátricos y físicos

CCOO denuncia el alta médica a un vigilante con problemas psiquiátricos y físicos

Fuente: ultimahora.es/Efe | Palma | 13/08/2015

CCOO ha denunciado este jueves que Inspección Médica ha dado el alta médica a un vigilante con graves problemas psiquiátricos y físicos, incumpliendo una sentencia del juzgado de lo social.

Según ha señalado la organización sindical por medio de un comunicado, el trabajador, que pertenecía a la empresa de seguridad Trablisa, contaba con un informe forense y una sentencia del juzgado de lo social número 4, ambas de 2014, y un documento pericial de agosto de 2015, que acreditaban que no estaba en condiciones físicas ni psicológicas para desempeñar su labor.

«Esta es la lamentable situación en la que se encuentra inmerso, desde abril de 2014, un trabajador cuyo único pecado es haberse enfrentado a la dictadura implantada por diversos estamentos médicos (INSS, Inspección Médica, Mútua Balear y Servicio de prevención Previs) y amparada por una lamentable ley de mutuas», ha añadido el sindicato.

Según CCOO, ni estos documentos ni las restricciones que el trabajador tenía por prescripción médica, entre las que figuraban evitar posturas reiterativas y conducción de vehículos entre otras, impidieron que Inspección diera el alta al vigilante con fecha del 14 de julio de este año.

La organización sindical ha apuntado que, al no encontrarse el vigilante en condiciones de trabajar y habérsele dado el alta, «ha tenido que acogerse a un permiso especial, por el cual no está percibiendo retribución alguna».

Según el sindicato, no es la primera vez que este hombre se encuentra en esta situación, ya que en una ocasión tuvo que acogerse a una excedencia especial durante nueve meses, en los cuales tampoco percibió ninguna retribución.

La organización sindical ha destacado también que esta circunstancia está contribuyendo a la degradación de la salud, «ya de por sí precaria», de este trabajador.

CCOO ha añadido que no descarta iniciar a partir de septiembre movilizaciones en apoyo a este trabajador ante las sedes de distintos organismos como la Inspección Médica o el IB-Salut.

Pierde la Tip de escolta tras la condena por violencia de género

Pierde la condición de escolta tras la condena por violencia de género

Los tribunales consideran que es indispensable carecer de antecedentes

Fuente: lavozdegalicia.es -  LÓPEZ  PENIDE - Pontevedra / La Voz, 08 de agosto de 2015.                       

La Audiencia Nacional ha avalado la decisión del Ministerio del Interior de cancelar la habilitación profesional de un pontevedrés como escolta y vigilante de seguridad privada. Y todo a raíz de una condena a cuarenta días de trabajo en beneficio de la comunidad y dieciséis meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un delito de amenazas que las fuentes oficiales consultadas encuadraron en la violencia de género.

Los tribunales dan la razón, asimismo, al Abogado del Estado cuando afirma que al afectado «no se le priva de su derecho al trabajo, sino que simplemente se le inhabilita para el ejercicio de una profesión». En este sentido, matizan que para ejercer como escolta se precisan una serie de requisitos, «en concreto, carecer de antecedentes penales».

Remarcan que tal requisito «debe cumplirse tanto para obtener la habilitación para ejercer funciones de seguridad privada, como para mantenerla». De este modo, insisten en que el pontevedrés «ha incurrido en uno de los supuestos que le privan de seguir desempeñando sus funciones como vigilante de seguridad y escolta por la concurrencia de una circunstancia sobrevenida, como es la de tener antecedentes penales».

En este punto, se refiere que la propia legislación que regula la seguridad privada alude a la necesidad de carecer, en todo momento, de antecedentes penales. Es más, se le exige a la Administración que, en el momento que se tenga conocimiento «fehaciente» de la existencia de tales antecedentes, abra el correspondiente procedimiento que concluya con la perdida de la condición de escolta de la persona en cuestión.

Esta última, por su parte, había alegado contra la decisión de Interior apelando a que la Constitución Española «establece el derecho al trabajo como derecho fundamental», así como que, incluso, a «las personas condenadas se les respeta y protege el derecho al trabajo». Asimismo, manifestó no comprender cómo perder un requisito cumplido en su momento podía conllevar la cancelación de su habilitación.

Es un argumento «improcedente» para la Audiencia Nacional y que, igualmente, fue rebatido por el Abogado del Estado: «Nada tiene que ver el derecho al trabajo, ni la obligación de atender a la subsistencia de los hijos, con el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para ejercer una determinada profesión (máxime cuando se trata de una de las características de la aquí debatida)».

Añadió que la resolución administrativa no le impide acceder a un puesto de trabajo, sino «ejercer una profesión, que, por obvios motivos, está reglada», al tiempo que incide en que el pontevedrés fue condenado por el Juzgado de Instrucción número tres de Pontevedra por un delito doloso.

En cualquier caso, el fallo de la Audiencia Nacional no es firme y el afectado puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.