Interior
adjudicó dos contratos de vigilancia privada a una empresa 'low cost'
La empresa Marsegur, con un
convenio que ha sido anulado por la Audiencia Nacional y que rebaja los
salarios un 30%, se hizo con los contratos de dos organismos que dependen del
ministerio
UGT ha presentado una demanda
contra la empresa por no respetar las condiciones laborales que tenían los
vigilantes, que han pasado a cobrar poco más de 700 euros
"No hemos inventado
nada, esto es la reforma laboral", se defiende el director de la empresa
Fuente:
eldiario.es/Ana Requena Aguilar /03/09/2017
Dos
organismos adscritos al Ministerio del Interior –la Subdirección General de
Servicios Penitenciarios y la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias– han adjudicado en los últimos meses dos contratos de seguridad
privada a una de las empresas 'low cost' del sector: Marsegur.
La
compañía aplica a sus vigilantes su convenio colectivo, que ha sido anulado por
la Audiencia Nacional y que Marsegur ha recurrido al Supremo. Los trabajadores
han pasado de cobrar un sueldo base de unos 1.100 euros a poco más de 700
euros. Se trata de la misma empresa que se adjudicó el contrato de vigilancia
del Ministerio de Defensa.
Precisamente,
el 19 de mayo de este año, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,
hablaba del reglamento del sector que se está negociando y pronunciaba estas
palabras durante la celebración del día de la seguridad privada: "El nuevo
escenario normativo ha de ser contundente con un problema acuciante para el
sector como es el intrusismo profesional y la competencia desleal. Unas malas
prácticas que dañan de manera injusta la buena imagen de estos profesionales y
que deben combatirse mediante eficaces mecanismos de colaboración entre las
administraciones".
En
julio la Subdirección General de Servicios Penitenciarios adjudicó el contrato
del servicio de seguridad de sus instalaciones a Marsegur por un valor de
374.352 euros, como figura en el portal de contratación del Estado. El
presupuesto del que se partía, no obstante, era mayor: 440.000 euros.
Poco
después, la empresa se hizo cargo del servicio y los vigilantes notaron un
cambio en sus nóminas: de los 1.100 euros de media que cobraban pasaron a 700 y
pico. Aunque el convenio estatal de seguridad privada establece que las nuevas
adjudicatarias tienen que mantener las condiciones laborales anteriores,
Marsegur decidió aplicar su propio convenio.
Fuentes
de Interior aseguran que el pliego de adjudicación contenía una cláusula que
exigía aplicar el convenio estatal y que no les consta que Marsegur esté
incumpliendo este punto. "Hemos registrado dos cartas para reunirnos con
la Dirección de Protección Civil e informarles de la situación y aún no tenemos
respuesta", asegura Valle Sanz, una de las sindicalistas responsables del
sector en FESMC-UGT Madrid. El sindicato ha presentado una demanda contra la
empresa por no respetar las condiciones laborales que tenían los vigilantes,
tal y como exige el convenio estatal.
El
pliego de prescripciones técnicas, que ha consultado eldiario.es, explicita en
su punto número 5 que el personal tendrá derecho a la subrogación en el
contrato "en las condiciones establecidas en el vigente Convenio Colectivo
Estatal de Seguridad Privada". Por otro lado, el pliego de cláusulas
administrativas explica que durante el periodo de ejecución la empresa está
obligada a "no aminorar unilateralmente" las condiciones de trabajo
que corresponda a los trabajadores adscritos "en función del convenio
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo
explícito entre empresa y la representación de los trabajadores".
Marsegur
es una de las empresas del sector más señaladas por sindicatos, pero también
por la patronal, por tirar los precios y distorsionar la competencia. En marzo,
la Subdirección General de Servicios Penitenciarios también formalizó un
contrato con esta compañía por valor de 300.500 euros para gestionar el servicio
de vigilancia del Centro de Estudios Penitenciarios.
"El
convenio de Marsegur contempla rebajas de hasta el 40% en sueldos y
complementos", dice José Olmo, secretario sectorial de seguridad privada
en UGT Madrid.
Hace ya
dos años, los sindicatos llevaron a los tribunales el convenio de esta empresa.
Ganaron: la Audiencia Nacional lo declaró nulo porque consideró que no se
negoció con una representación adecuada de trabajadores. También recurrieron el
siguiente convenio y la Audiencia también lo anuló. La empresa, sin embargo, ha
recurrido al Supremo y sigue aplicándolo.
Marsegur
no es la única empresa que ha visto su convenio anulado por la Audiencia
Nacional. Sinergias, que se adjudicó un contrato del Ministerio de Empleo,
también vio cómo la Sala de lo Social lo hacía por motivos similares.
"Esto
es la reforma laboral"
El
director de Marsegur, Antonio Redondo, asegura en conversación con eldiario.es
que mientras no exista una sentencia concluyente o se ordene la ejecución de la
sentencia que ya existe, seguirán utilizando su convenio. En cuanto a la
exigencia que contiene el convenio estatal de aplicar las condiciones laborales
preexistentes, Redondo se escuda en la reforma laboral. "No hemos
inventado nada, esto es la reforma laboral, que dice que el convenio de empresa
tiene prioridad en la aplicación", sentencia.
Redondo
asegura que los contratos que licitan las administraciones están "por
debajo del precio del convenio colectivo del que las propias administraciones
hablan". "Si lo aplicas, es imposible ganar los concursos. Y hay
muchas empresas que se presentan", dice. El director de Marsegur insiste
en que las prácticas de la empresa son legales y advierte: "A quien nos
llame empresa pirata le denuncio".
UGT ha
denunciado que la empresa no aplica las condiciones laborales preexistentes en
la Dirección General de Protección Civil, sino su propio convenio. Lo ha hecho
con una demanda de modificación sustancial de las condiciones de trabajo que
deberán resolver los tribunales. El sindicato asegura que al organismo sí le
consta cuál es la situación de estos trabajadores.
El
director de Marsegur asegura que no tienen problema con ninguna Administración:
"Nosotros cumplimos lo que pone en la licitación. No pueden decirnos
nada".
