COMUNITAT
El TSJ condena a Justicia a
pagar 2,8 millones de la vigilancia de sus sedes
La empresa de seguridad demandó a la Generalitat, que dejó de pagar las
facturas en el año 2006
Fuente:
lasprovincias.es - 23.01.13 - 00:10 -
A. RALLO | VALENCIA.
La conselleria sólo pago
260.000 euros tras una reclamación por vía administrativa
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagar 2.865.606 millones de euros a la empresa que cumplía con el servicio de seguridad de algunos edificios dependientes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
El Consell dejó de pagar las facturas a la empresa
Grupo Cetsa de Seguridad a partir del ejercicio de 2006. Llama la atención la
fecha en la que empieza a materializarse el impago ya que por aquel entonces la
crisis económica no se había manifestado con la virulencia de los años
posteriores. Es más, fue un año de bonanza.
La relación entre la empresa de seguridad y la
conselleria comenzó el 30 de septiembre de 2002. Este contrato se prorroga
expresamente hasta 2004 y tácitamente hasta febrero de 2005. Entonces se
produce una nueva adjudicación, un nuevo contrato y se continúa prestando los
servicios hasta 2009.
La Generalitat deja de pagar en 2006. Un año más tarde,
la empresa reclama por vía administrativa ante el propio departamento que por
entonces dirigía Fernando de Rosa. Se le reconoce la deuda dos años más tarde.
A mediados de 2009, el Consell parchea la situación
con el pago de dos facturas por algo más de 260.000 euros. No obstante, la
cantidad adeudada se mantiene en más de dos millones de euros. En febrero de
2010, la compañía vuelve a insistir en la misma puerta. Esta vez obtiene el
silencio como respuesta. Fue entonces cuando presentó la demanda por
inactividad de la administración. La deuda seguía en 2,4 millones.
La sentencia analiza también el tipo de interés de
demora que reclama la empresa de seguridad. La Generalitat se oponía a esta
pretensión porque consideraba que no era de aplicación la Ley 3/2004 en la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. La norma establece que se regirán por esta todos los contratos
firmados a partir del 8 de agosto de 2002. Y este era posterior.
El tribunal considera, por tanto, que sí es de
aplicación. De tal forma que la administración queda obligada a pagar el tipo
de interés del Banco Central Europeo más siete puntos. El cómputo total queda
cifrado en 377.000 euros a favor de la compañía por los retrasos.
La Sala, en cambio, resuelve a favor de la
Generalitat los costes de cobro. La sentencia los establece en 15.000 euros,
una cifra menor que la de la empresa.
Numerosas sedes judiciales de la Comunitat cuentan
con agentes en segunda actividad para la vigilancia y control de las
instalaciones. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de la Justicia de Valencia
es la Guardia Civil la encargada de este cometido. No obstante, también
completa el dispositivo vigilantes privados.
Justicia redujo sustancialmente hace unos meses el
gasto en seguridad de sus sedes. Por ejemplo, prescindió de vigilantes durante
las noches y también los domingos. La previsión era ahorrar más de 200.000
euros con este recorte.
