Un millón de euros por vigilar un aeropuerto sin aviones

CASTELLÓN Un millón de euros

Una sociedad del 'caso Palau' cobró por vigilar el aeropuerto sin aviones

El contrato de seguridad incluía el control de pasajeros pese a que no aterrizan aviones

El aeropuerto de Castellón ha tenido un coste superior a los 200 millones de euros

Fuente: elmundo.es - JUAN NIETO Valencia: 30/06/2014

Aerocas, la empresa pública que administró el aeropuerto sin aviones de Castellón hasta que SNC-Lavalin Aeroports asumió la gestión, adjudicó a Vigilancia y Sistemas de Seguridad SA, sociedad investigada en el 'caso Palau', el contrato de prestación del servicio de seguridad privada en el aeródromo.

El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, firmó el contrato como presidente de Aerocas el 30 de marzo de 2012 e incluía el pago -en dos anualidades- de casi dos millones de euros. Pese a que las instalaciones aún continúan sin recibir pasajeros, el acuerdo incluía el control de filtros de embarque, gestión de cámaras de seguridad o la inspección de detectores de metales. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, Aerocas sólo pagó un millón de euros del contrato porque Pasiphae, la consultora de Josep Piqué, advirtió de las irregularidades del contrato tras comprobar que ofrecía servicios inexistentes y estaba sobredimensionado.

La Audiencia de Barcelona está investigando a Vigilancias y Sistemas de Seguridad SA, que cuenta con sede en Valencia, por su presunta implicación en el saqueo del Palau de la Música-Orfeó Català. Según los informes de Fiscalía incluidos en el sumario, Vigilancia y Sistemas de Seguridad SA colaboró en el «expolio» al presentar a El Consorci del Palau de la Música facturas que en realidad correspondían con obras en los domicilios de Félix Millet y Jordi Montull, cabecillas de la trama catalana.

Según datos del registro mercantil, Vigilancia y Sistemas de Seguridad está participada por una empresa del sector de la construcción, Gestora de Viviendas SA, que a su vez deriva a otra sociedad cuya actividad se centra en el alquiler de bienes inmuebles, Tresuno SL.

Según el sumario judicial del caso Palau, Juan Antonio Rodes Castañé era representante legal de Vigilancia y Sistemas de Seguridad. Su nombre figura entre la lista de nuevos imputados propuestos por la sección vigésimo primera de la Audiencia de Barcelona en el auto de 12 de junio.

El contrato que firmó Aerocas con esta sociedad incluía la contratación de 27 vigilantes para garantizar la seguridad del Aeropuerto de Castellón pese a que por sus instalaciones no ha pasado ni un sólo pasajero desde su inauguración.

En concreto, según el acuerdo, «las actividades específicas a desarrollar» por parte de Vigilancia y Sistemas de Seguridad era «el control de los filtros de embarque (pasajeros y equipajes de mano), incluyendo máquinas inspectoras de rayos X, arcos detectores de metales, detectores manuales de metales, cabina de onda milimétrica, máquinas inspectoras de calzado».

Además, la adjudicataria se comprometía a diseñar «servicios alternativos requeridos en el ámbito de la seguridad por parte del gestor aeroportuario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado» pese a la inactividad del recinto.

El contrato firmado por Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por estafa fiscal, estuvo en vigor hasta que la consultora de Piqué recomendó rescindirlo por estar «sobredimensionado» y ser «claramente insaumible» para los gestores actuales.

El aeropuerto de Castellón ha tenido un coste superior a los 200 millones de euros incluidas las reformas posteriores para que los aviones pudieran despegar- y se espera que el primer avión comercial aterrice antes de 2015.

Aeropuertos: Nuevas Protestas contra Eulen en A Coruña

El ´ rey ´ de la vigilancia

FÚTBOL Varios aficionados del equipo canario invadieron el campo

El 'rey' de la vigilancia

El presidente de la UD Las Palmas no sólo se encarga de la seguridad de su estadio

También vigila el Palacio Real, el ministerio de Defensa o el Metro de Madrid

Y eso que comenzó lavando los coches a los jugadores

Fuente: elmundo.es - JAVIER CASTRO-VILLACAÑAS  29/06/2014

«En casa de herrero, cuchillo de palo», debió maldecir Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, la mayor empresa de seguridad de las islas, el pasado domingo. Sus vigilantes, perfectamente uniformados (gorra de plato, porra, esposas y silbato) y suficientemente preparados («seguridad eficaz», reza el lema de la empresa en su web), no pudieron impedir la invasión del terreno de juego del estadio, lo que frustró el ascenso de su equipo a Primera División. Tras la confusión por la refriega, su rival, el Córdoba, remontó el partido en el último minuto.

Una mueca cruel que el destino le tenía reservada al «rey de la seguridad», como popularmente se le conoce a este empresario canario de 45 años, casado, con dos hijas y que desde el pasado mes de marzo puede presumir de vigilar la casa de otro monarca: el Palacio Real de Madrid. El contrato se sumó a los que Patrimonio Nacional ya mantenía con Seguridad Integral Canaria: el Monasterio de Yuste (Cáceres), el Palacio de Tordesillas (Valladolid), los palacios de Aranjuez y El Pardo (Madrid), La Almudaina (Mallorca); La Granja y Riofrío (Segovia), el Monasterio de Las Huelgas (Burgos), más El Escorial y el Valle de los Caídos, también en Madrid.

Por lo que se ve, a dónde sí ha ascendido Miguel Ángel Ramírez es a la primera división de las empresas de seguridad españolas. Sus últimas concesiones así lo confirman. Por ejemplo, en el año 2013 su empresa ganó un concurso con Defensa para llevar la seguridad de sus instalaciones por 745.000 euros, y hace cinco meses, en enero, dos nuevos concursos de Defensa fallaron a su favor por importes de 360.248 y 351.926 euros. Antes, también en 2013, ya se hizo con el control de la Delegación del Gobierno en Madrid por 305.000 euros.

Además de palacios, jardines y cementerios, Ramírez también ha conquistado el cielo de la seguridad privada en España. Sus vigilantes canarios son los responsables desde 2012 de la seguridad de los centros de AENA en Paracuellos y Torrejón (por 600.000 euros), y también del subsuelo de la capital ya que Ramírez se quedó hace dos años con la seguridad del Metro de Madrid (23,1 millones), y también las mismísimas entrañas de la Administración al vigilar la Tesorería de la Seguridad Social (2,4 millones).

Y es que el ascenso de este empresario ha sido vertiginoso. Ramírez ha pasado en 25 años de cuidar y lavar los coches de los jugadores del equipo local de baloncesto -«cobraba 10.000 pesetas de entonces»- a presidir el club de fútbol de su ciudad y ser el propietario de un grupo empresarial Ralons Servicios (unión de sus apellidos Ramírez y Alonso), con más de 5.200 trabajadores. Él siempre recuerda sus orígenes: «Secaba el parqué de la pista cuando uno se caía y llevaba un chándal de la cooperativa de seguridad de mi padre y por la publicidad me pagaban 500 pesetas. Comerciaba con todo». No acabó el instituto y se empleó en lo que pudo. Vendió fruta, como su abuelo, y tuvo algún trabajo como ayudante de detective. De un barrio de casas humildes construidas por el patronato Francisco Franco donde vivía con sus padres en Las Palmas ha pasado a tener casa propia en Miami, donde viaja a ver a los Heat desde un palco privado. En Las Palmas todo el mundo le identifica en su BMW 750 con chófer, mientras que en Madrid tampoco pasa desapercibido al conducir un Porsche Panamera valorado en 150.000 euros.

Pero, ¿quién vigila al vigilante? Ahí está la cuestión, porque todos los éxitos anteriores los ha conseguido Ramírez sorteando una cantidad ingente de denuncias, querellas y sentencias contra él y sus empresas. En mayo de 2010, fue condenado a tres años de prisión por un delito urbanístico, pero dos años después el Gobierno de Mariano Rajoy le concedió un indulto parcial que le evitó entrar en la cárcel, al rebajarle la pena a dos años. Eso sí: con los informes contrarios del tribunal sentenciador y de la fiscalía. ¿Una decisión política? Por eso a nadie extrañó que el pasado 30 de noviembre el mismísimo ministro de Industria, José Manuel Soria, grancanario como él, inaugurase un concesionario de BMW, propiedad de Ramírez, en Las Palmas.

Querella por no pagar

Aunque los problemas judiciales no cesan para el empresario. La fiscalía de Canarias tiene presentada contra él una querella por presuntos delitos contra Hacienda y la Seguridad Social, al dejar de ingresar, en 2008 y 2009, las cuotas sociales y las retenciones de muchos de sus vigilantes «camuflando las horas extras como dietas y gastos de viaje». Según la fiscal, Ramírez conseguía reducir el coste de sus cargas sociales, al estar las dietas exentas de cotización, eludiendo también su cálculo como nómina y su correspondiente retención fiscal.

«Es un fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, pero también a los trabajadores», detalla Antonio Duarte, secretario general de FTSP-USO (Federación de Trabajadores de Seguridad Privada), sindicato que ejerce la acusación popular. «Al no aparecer esas cantidades como salario, el trabajador pierde derechos de desempleo y de pensión. La empresa se ahorra un 30% de cotización y un 6% de IRPF por cada hora extra que no cotiza como tal. Un 36% en total».

Ramírez prestó declaración el 1de abril ante el juzgado de Las Palmas. Allí negó haber defraudado a Hacienda o a la Seguridad Social y acusó a USO de defender «intereses de la competencia». Durante su declaración aclaró el pago de dietas y kilometrajes al estar «perfectamente justificadas» negando que su empresa obtuviera con esta práctica «ventajas competitivas».

En mayo Ismael Franco, abogado de USO, amplió la querella, añadiendo los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 a los anteriores y solicitando una fianza de responsabilidad civil contra Ramírez por un importe de 53 millones. El juez todavía no se ha pronunciado, pero seguro que Miguel Ángel Ramírez mira de reojo el tiempo de descuento de este partido.

Piden tres años de prisión para los vigilantes acusados de robar en los juzgados de Alicante

El fiscal pide tres años para los vigilantes de seguridad acusados de robar en los juzgados

El Ministerio Público también solicita prisión para la mujer de uno de ellos por revender las joyas en tiendas de compraventa de oro

Fuente:diarioinformacion.com - S. LLINARES 28.06.2014

Los procesados cogieron las llaves de la caja fuerte de los cajones de los secretarios

La Fiscalía de Alicante ha solicitado tres años de prisión para tres vigilantes del Palacio de Justicia de Benalúa por robar durante la noche piezas de oro y plata custodiadas en varios juzgados de Alicante. Los robos se cometieron presuntamente a lo largo de dos años en horario nocturno, que es cuando estos guardias de seguridad, pertenecientes a una empresa privada contratada por la Generalitat, prestaban sus servicios.

El fiscal también acusa de un delito de receptación a la mujer de uno de ellos por revender las joyas en tiendas de compraventa de oro conociendo el origen ilícito de las mismas. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, los tres vigilantes del Palacio de Justicia de Benalúa ejercían en el turno de noche, fuera de los horarios en que el personal de los juzgados no se suele encontrar en las instalaciones.

De manera concertada entre sí, según el escrito de acusación, y aprovechando esa circunstancia de ausencia de trabajadores, los acusados se apropiaron de efectos judiciales, principalmente joyas y piezas de valor como relojes almacenados en las dependencias de los juzgados. Las joyas supuestamente robadas eran piezas de convicción, es decir, aquellos objetos intervenidos durante registros y depositadas durante la instrucción de los casos en los juzgados.

Las sustracciones se cometieron, al menos, durante dos años, comenzando a principios de 2010 y hasta abril de 2012. Los vigilantes cogieron las llaves de la caja fuerte del juzgado de Instrucción número 2, que se encontraban en el cajón de la secretaria judicial. Así es como presuntamente abrieron la caja y sustrajeron de ella relojes, colgantes, anillos, unos pendientes con circonitas, sortijas, sellos de oro, gargantillas y un alfiler de corbata. Se llevaron hasta moneda extranjera (dólares y francos) así como monedas antiguas de coleccionista.

También sustrajeron un portaminas de la marca Montblanc propiedad del juez de Instrucción número 7 de Alicante, precisamente el juzgado que finalmente ha llevado el caso pero del que tuvo que apartarse el juez titular al verse afectado por la causa.

Entre marzo de 2011 y abril de 2012 los agentes cogieron las llaves del secretario judicial del juzgado de lo Penal número 6 de Alicante aprovechando su ausencia momentánea del despacho. Abrieron, según el fiscal, la caja fuerte sin su permiso y sustrajeron cuatro anillos dorados. Los tres vigilantes y la esposa de uno de ellos vendían posteriormente en tiendas de compraventa de oro las joyas robadas. En un principio, las piezas que se han podido recuperar durante la instrucción han sido valoradas en 13.381 euros.

El fiscal solicita para los vigilantes tres años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. Aunque no consta en el escrito de acusación, fuentes judiciales indican que se cometieron en total unos 60 robos y hurtos en prácticamente todos los juzgados de Benalúa que guardaban piezas de convicción.

El Ministerio Público también pide un año y seis meses de prisión por un delito de receptación para la esposa de uno de los agentes. Además, los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ministerio de Justicia con 13.381 euros así como la que se determine por los efectos sustraídos pero no localizados. También tendrán que indemnizar al juez de Instrucción número 7 de Alicante por el valor del portaminas una vez éste sea tasado. El fiscal ha solicitado como prueba testifical que el magistrado sea citado a declarar como testigo en el juicio oral.

Valoradas las joyas del robo Juzgados Alicante

En libertad con cargos los tres vigilantes detenidos

Detenidos tres Vigilantes de los Juzgados de Alicante

Más datos sobre robo en Juzgados Alicante

El juez deja el caso porque también fué víctima

Piden 34 años para el Vigilante acusado de participar en el golpe del siglo

Tribunales

Piden 156 años para los siete acusados por el golpe del siglo en Puerto Banús

Tres hombres se concertaron con el vigilante de una gran superficie para llevarse 4,7 millones de euros en joyas – Entraron disfrazados de obreros – A punta de pistola maniataron a dos guardias y a tres trabajadores y los encerraron en una sala mientras reunían el botín

Fuente: laopiniondemalaga.es - José Antonio Sau 26.06.2014

Si el asalto al tren de Glasgow en 1963 fue considerado el robo del siglo XX, el atraco a un gran centro comercial de Puerto Banús el domingo, 18 de noviembre de 2012, en el que los asaltantes lograron un botín de 4,7 millones de euros en relojes y joyas, bien podría ser el golpe del siglo XXI. La Opinión de Málaga ha tenido acceso, en exclusiva, al escrito de calificación fiscal de los hechos, en el que se pide un total de 156 años y medio de cárcel para los siete acusados, los tres supuestos atracadores, el vigilante que les facilitó el acceso a la superficie y las tres personas que recibieron el botín para traficar con él en el mercado negro.

La Fiscalía pide 38 años para dos autores del atraco, 41 para un tercero y 34 para el vigilante que les facilitó la entrada al centro. Les acusa de robo con violencia, cinco delitos de detención ilegal y robo de uso de vehículo. Uno de ellos además se enfrenta a un ilícito por tenencia de armas. Para los tres acusados de recibir las joyas se presentan cargos por receptación: para dos de ellos se piden un par de años de prisión y para una mujer acusada, año y medio. Asimismo, el acusador público reclama indemnizaciones que suman 2,4 millones de euros para las distintas firmas de joyería afectadas, de tal forma que la empresa de seguridad y su aseguradora serían responsables civiles subsidiarias.

El relato de hechos podría formar parte de cualquier película del género negro, con la salvedad de que sucedió de verdad. Cuenta la Fiscalía de Málaga que los acusados J. R. D. L., L. I. M., R. A. P. M. y J. A. G. G. se concertaron «para cometer un atraco» en un gran centro comercial de Puerto Banús el día 18 de noviembre de 2012, ya que al ser domingo el establecimiento estaría cerrado, y además coincidiría con el turno de trabajo de J. R. D. L., vigilante de seguridad del negocio. Éste, incluso, cambió su turno.

A las 16.20 horas de la tarde, tres de los acusados se presentaron en la puerta de la superficie «como supuestos trabajadores para realizar unas obras dentro» del edificio. Entraron además gracias al vigilante de seguridad, que les abrió la puerta sin obstáculos.

Una vez dentro, continúa el fiscal, los tres atracadores se pusieron sus respectivos pasamontañas. Ya sabían, porque se lo dijo el guarda, dónde había otros dos vigilantes y tres trabajadores. «Apuntaron con un arma de fuego con silenciador al jefe de seguridad y al auxiliar, atándolos, colocándoles cinta adhesiva en la boca y una capucha de tela negra impermeable». También ataron a tres empleados que hacían reformas en una tienda del conjunto comercial.

Uno de los acusados, siempre según señala la acusación pública en el escrito de acusación, se apoderó de las llaves del coche del auxiliar de seguridad, y el otro le sustrajo a su jefe una pistola cargada con seis cartuchos. Luego llevaron a los vigilantes y a los empleados a la sala de descanso del personal, y allí estuvieron hasta las 19.30, es decir, más de tres horas.

Luego, prosigue el acusador, su compinche les dio «el disco duro en el que se grababan las imágenes de las cámaras de vídeo vigilancia, así como todas las llaves que tenía de la zona de joyería y cajas fuertes».

Tras forzar muebles y en otros casos usando las llaves, los acusados se apoderaron de «joyas y relojes de gran valor», pertenecientes a primeras firmas, y causaron daños en el establecimiento. El valor, según la tasación pericial, de las joyas y relojes recuperados es superior a los 2,3 millones de euros, mientras que el material no recuperado vale 2,41 millones.

Una vez que se habían hecho con el botín, abandonaron el edificio los tres principales acusados y dejaron maniatados a las otra cinco personas, dice el fiscal. Para huir, cogieron el coche del auxiliar de seguridad, y el vigilante que ayudó a la banda se quedó en el establecimiento «aparentando ser víctima de los hechos».

Luego, la banda ofreció los relojes y joyas a tres personas para que traficasen con ellos, explica el fiscal, y parte del botín se halló en distintos registros: uno que se hizo en Jaén en febrero de 2013; otro en Santa Fe (Granada) en las mismas fechas, en concreto en la vivienda de uno de los atracadores donde éste residía con su novia. Y una tercera intervención domiciliaria, en casa de una tercera mujer, tuvo como consecuencia el hallazgo de dos relojes. La idea del primero de los acusados que recepcionó parte del botín era traficar con él. En la casa de Santa Fe, en la que vivía J. G. G., se localizaron cuatro pistolas, una de ellas supuestamente ilegal, así como 54 cartuchos de diverso calibre.

En tres de los atracadores concurre la agravante de disfraz, y en dos de ellos la de reincidencia, pues tienen antecedentes.

Reconocimiento a 60 Vigilantes en Sevilla

SEVILLA / DÍA DE LA SEGURIDAD PRIVADA

Ni una denuncia a vigilantes de seguridad por detención ilegal desde 2013

Fuente: abc.es - E. BARBA / SEVILLA - Día 26/06/2014

Tras la polémica inicial, las empresas de seguridad privada destacan su labor de «complemento de los policías» bajo la nueva normativa, que «define muy bien los límites»

Con una facturación anual de 3.600 millones de euros, las empresas de seguridad privada de España se sostienen pese a la crisis ahora afianzadas por la reciente reforma de la Ley de Seguridad Privada, en vigor desde el 5 de junio. Ésta confiere respaldo jurídico a una manera de actuar que ya se estaba aplicando de facto pero bajo un limbo normativo, pues los vigilantes de seguridad venían ya trabajando en la vía pública, pero con muchos vacíos legales. La nueva norma regula absolutamente el sector, lo saca de la selva, como se apuntaba ayer en el acto celebrado en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla con motivo del Día de la Seguridad Privada en el que se hizo entrega de distinciones a vigilantes de seguridad por actuaciones destacadas el año pasado por parte de los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

El evento contó también con un foro en el que los responsables de seguridad pública y de las empresas privadas destacaron las ventajas del nuevo marco legal, que sustituye a una ley de 1992 «que ya era puntera en Europa, la envidia de países como Italia o Alemania, con lo que ahora esta reforma nos coloca con mucha más diferencia con respecto a nuestro entorno, siendo una referencia mundial». Así lo destacó el comisario Esteban Gándara, de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, encargado de la coordinación con los vigilantes privados. Tanto él como los responsables de las asociaciones recalcaron un aspecto: el nuevo texto limita perfectamente la actuación de la seguridad privada a la posibilidad dedetención de delincuentes «como protección o bien para su puesta inmediata a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Los límites están muy bien definidos y, de hecho, no se ha producido ni una sola denuncia por detención ilegal en todo 2013 ni en lo que va de 2014, según apuntaron.

La ley no hace sino reproducir la facultad que los vigilantes ya tenían en sus funciones en la vía pública. De hecho, como apuntó a ABC el delegado en Andalucía de Aproser —asociación que aglutina al 70% de compañías—, Miguel Sánchez Pizarro, «cualquier ciudadano,con la normativa vigente, dispone de la facultad de detener a un delincuente. De la misma manera que la ley no prevé en modo alguno que un vigilante se vaya a dedicar a solicitar la documentación aleatoriamente a quienes transitan pacíficamente por la calle». Los límites están definidos aunque se ofreciera una imagen de la reforma distorsionada ante una presunta «privatización» de la Policía para ser suplidos por «seguratas». Todos los días se producen detenciones por parte de vigilantes de seguridad en centros comerciales o edificios públicos. Forma parte de la normalidad, es un trabajo complementario con el de la Policía, ante quien se pone inmediatamente a disposición al detenido.

Formación «policial»

Además, también quedó remarcado el hecho de que los profesionales de la seguridad privada en España tienen ya en la actualidad el mayor nivel de formación de todos los países de la Unión Europea, tanto por el contenido de la formación previa que reciben, por la existencia de un examen por la policía (con test físicos y psicológicos) antes de obtener la habilitación profesional y por la exigencia de una formación permanente durante toda su vida profesional, con un curso obligatorio anual de 20 horas. Reciclaje constante.

La reforma incluye una mayor protección jurídica al vigilante, ya que cuando las agresiones que sufran cuando actúan debidamente identificados, durante el ejercicio de sus funciones, y en coordinación o bajo mando de las Fuerzas de Seguridad, tendrán la misma calificación penal que si se hubieran cometido contra agentes de la autoridad. Se les permite la persecución en espacios públicos de delincuentes «que hayan sorprendido en flagrante delito» y se les protege legalmente como a policías, pero sus funciones están del todo subordinadas a éstos. El tono complementario es tal que los vigilantes privados podrán vigilar el perímetro de centros penitenciarios.

JOSÉ GALIANA

Los sesenta vigilantes premiados, en la Fundación Cajasol

Premiados por su trabajo en 2013

E.B. SEVILLA

Por méritos. Con motivo del Día de la Seguridad Privada, se hizo entrega ayer en la Fundación Cajasol por parte de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de sesenta menciones honoríficas a vigilantes de seguridad por actuaciones destacadas de 2013. Entre los servicios distinguidos con las menciones «tipo A» destacan intervenciones como la del vigilante de un establecimiento comercial que evitó un robo con intimidación, persiguió al autor y lo detuvo pese a que éste le amenazaba con un arma blanca. O también la intervención de tres vigilantes del Hospital de Valme que evitaron que una mujer en avanzado estado de gestación se autolesionara clavándose un cuchillo. Entre las menciones «B» destacaron múltiples intervenciones que evitaron agresiones a personal sanitario y empleados de centros oficiales, auténtica lacra en los últimos años, la colaboración en la extinción de incendios, la asistencia a personas con minusvalías o numerosos servicios en polígonos industriales colaborando en la detención de ladrones o atracadores.

Tribunales / Reconocimiento de IT por accidente, tras prestar servicio como Vigilante en un atunero

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 12 de Mayo de 2014, en proceso de reconocimiento de contingencia profesional contra Mugenat, Segur Ibérica y otros.

El Tribunal confirma la sentencia del Juzgado de lo Social Nº 1 de Pamplona por la que se declaró que la patología que afecta al trabajador ( vigilante de seguridad ) comenzó en el tiempo y lugar de trabajo ( buque atunero ).

La sentencia declara como hecho probado que como resultado de un ataque efectuado contra un buque atunero por dos esquifes piratas en el año 2011, que fué repelido por los vigilantes de seguridad, el trabajador comenzó a sufrir de un trastorno de ansiedad compatible con episodio de estrés postraumático.

Y en consecuencia declara que el proceso de incapacidad temporal iniciado por el demandante el 6 de diciembre de 2011 deriva de la contingencia de accidente de trabajo, declarando como responsable de las prestaciones que resultaran procedentes a MUTUA UNIVERSAL MUGENAT.

Sentencia

Fremap adjudicó la seguridad a la empresa de uno de sus directivos

Fremap dio un contrato de seguridad a la firma de uno de sus directivos

La norma impide que los vocales facturen a la mutua

Fuente: elpais.com - RAFAEL MÉNDEZ / MANUEL V. GÓMEZ  22 JUN 2014

Fremap, una mutua de accidentes de trabajo sin ánimo de lucro y adscrita al Ministerio de Empleo, adjudicó en 2012 la seguridad de su hospital en Sevilla a Segurisa por 563.570,64 euros. Esta empresa está presidida por Enrique Sánchez González, que a su vez es vocal de la junta directiva de Fremap. El decreto que regula la colaboración entre las mutuas y el Ministerio de Empleo y la Ley General de la Seguridad Social impide a los miembros de las junta de las mutuas pecibir cualquier remuneración ni prestar servicios a las mutuas. Ni Fremap ni Sánchez González han querido comentar ese contrato.

El 2 de octubre de 2012, el Boletín Oficial del Estado anunció que Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) había ganado la seguridad del hospital que Fremap tiene en Sevilla durante dos años, prorrogables por otros dos. Era “la oferta económicamente más ventajosa”, explica el anuncio de licitación publicado en julio. Eso le valió a Segurisa para ser la elegida entre las 15 que se habían presentado al concurso. Se ponía fin así a un expediente que había arrancado en febrero de 2012.

Sánchez González es miembro de la junta directiva y vocal de la comisión directiva de Fremap, al menos desde 2007, según las memorias anuales de la mutua. Es dueño, presidente y consejero delegado de Segurisa, y del grupo Sagital. Además es directivo del Real Madrid y viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el hoy presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que declaró entonces que había pagado su viaje y el de su esposa (8.000 euros) en metálico. La empresa de Sánchez González recibió contratos por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro. Sánchez González se niega a comentar su contrato con Fremap pese a estar en la junta directiva: “No tengo nada que añadir, publique lo que quiera pero no lo hará con mi consentimiento”.

El presidente de Fremap, Mariano de Diego, asegura desconocer todo lo referente al expediente y el contrato con Segurisa: “No tengo ni idea, no lo sé, son cuestiones ejecutivas”. De Diego deriva al gerente, Josu Esarte, que el viernes no contestó al teléfono.

El decreto que regula las mutuas y su colaboración con el Ministerio de Empleo señala que no podrán estar en la junta directiva “cualquier persona, ni por sí mismo ni en representación de empresa asociada, que mantenga con la Mutua relación laboral, de prestación de servicios de carácter profesional o que, por cualquier otro concepto, perciba de la entidad prestaciones económicas”, salvo el representante de los trabajadores. Ya en 2009, el Tribunal de Cuentas emitió un informe crítico con el sistema de contratación de las mutuas (entre las examinadas no estuvo Fremap). Tras el informe, el Ejecutivo hizo cambios para controlar que la contratación de la mutuas y sus retribuciones se ajustaba a la ley.

Fremap manejó el año pasado 2.376 millones de euros procedentes de la cotizaciones a la Seguridad Social para gestionar accidentes laborales y bajas y prestaba cobertura a casi 3,8 millones de trabajadores. Es la mayor mutua y está en una situación delicada porque la Intervención General de la Seguridad Social le pide que devuelva 43,2 millones gastados indebidamente. La mayor parte son por pagos a comerciales, algo no permitido por la Seguridad Social y ratificado por los tribunales. Pero también hay viajes, dietas y mariscadas de la junta directiva.

En esa junta hay 16 vocales elegidos por la propia junta con el visto bueno de Empleo. Entre ellos está Pedro Barato, presidente del sindicato agrario Asaja y de la Intersectorial de Autónomos (CEAT), José de la Cavada, exdirector de Relaciones Laborales de la patronal CEOE, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, representantes de las empresas mutualistas y algunos abogados.

En marzo de 2010, la misma junta directiva aprobó una dieta por asistir a las reuniones de 2.000 euros. Lo hizo un mes después de que una orden ministerial limitara a 800 euros el máximo de dieta.

Dentro de la junta directiva han surgido críticas a la política de gastos de Mariano de Diego, que una vez al año organiza una “junta directiva itinerante” que incluye un programa de gastos pagados para los miembros de la junta y sus parejas en algún rincón de España.

El lunes hay convocada una reunión en la cúpula para analizar la situación de la dirección después de que EL PAÍS desvelase los ajustes presupuestarios a los que la intervención sometía a la mutua.

investigacion@elpais.es

"A lo mejor ha sido excesivo"

José María Cobos Ruíz-Ayúcar es vocal de la junta directiva de Fremap desde 1991. Allí están representantes de las 392.846 empresas asociadas, pero este abogado tiene un despacho con solo cinco empleados. “La junta directiva antes era de Mapfre. Mi padre era consejero de Mapfre de toda la vida y cuando cesó entré yo”, explica por teléfono, confirmando la idea que hay puestos hereditarios.

Cobos defiende el cobro de 2.000 euros de dieta por reunión con dinero de la Seguridad Social. Y apoya los viajes para los directivos —con sus parejas— y un completo programa de actividades y comidas: “Todo puede ser más modesto, pero es solo una vez al año y en el volumen enorme [que maneja la mutua] no es nada y tenía una finalidad: tratar con los empleados”.

Su argumento es que “a lo mejor ha sido excesiva alguna cosa, pero no ha sido un escándalo”, ya que considera a Fremap como una empresa y no como una entidad sin ánimo de lucro tutelada por Empleo: “Entiendo que sí es una empresa. Mantenemos que es gestión privada. Si fuera una empresa mercantil estaría en el IBEX” y que hay “suledos mayores en la privada”. También quita hierro a las mariscadas que la intervención considera excesivas: “A veces ponemos algo de marisco pero somos 20 personas”.

Pese a llevar más de 20 años en la junta directiva de Fremap, Cobos se desliga de la gestión. “Solo firmamos las cuentas anuales [...] Los temas nos los suelen dar hechos pero los firmamos con la buena fe de que está correcto”.

Cobos admite que la situación es delicada, con el patrimonio histórico de la mutua que —a falta de que lo confirmen los tribunales— no da para pagar los ajustes que pide la Seguridad Social: Los ajustes vendrán siempre y el patrimonio histórico desaparecerá, técnicamente ya ha desaparecido”.

Tribunales / Sanción a un funcionario por grave desconsideración hacia una vigilante

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 26 de Mayo de 2014, en proceso por sanción disciplinaria contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Navarra.

El tribunal confirma la sanción de suspensión de funciones  de 2 meses impuesta a un funcionario por “ grave desconsideración “ hacia una Vigilante de Seguridad.

La sentencia declara que las pruebas practicadas, en particular, la prueba testifical demuestra el comportamiento inoportuno e impropio del funcionario recurrente para con los vigilantes de seguridad que guste o no realizan una función para todos, incluidos los funcionarios del centro en el que desarrollan su trabajo.

Acceso Sentencia

Reconocimiento a 43 Vigilantes en Jaén

La Ley de Seguridad Privada «consolidará» un sector con 500 empleados en Jaén

IDEAL

Es lo que asegura el subdelegado del Gobierno, que recalca que abre «nuevas vías de cooperación» entre la pública y la privada

Fuente: ideal.es - MÓNICA LOPERA | JAÉN 23 junio 2014

La nueva Ley de Seguridad Privada «abre nuevas vías de cooperación y coordinación entre la seguridad pública y la privada, al tiempo que ofrece los medios para combatir con más eficacia el intrusismo que sufren estas empresas». Es lo que aseguró el subdelegado del Gobierno en Jaén, Juan Lillo, que añadió que «al fin y al cabo la ley ofrece un marco legal adecuado a los tiempos que corren y a las necesidades reales de nuestra sociedad», al tiempo que hará posible consolidar un sector económico que da empleo a más de 500 personas en nuestra provincia. Pero, sobre todo, a juicio de Lillo, la nueva norma destaca por dar máxima prioridad a conseguir «más prevención, más seguridad y más tranquilidad para todos», recalcó el subdelegado.

Foto de familia de los distinguidos por la Subdelegación del Gobierno. /

Juan Lillo se mostró esperanzado en el camino que abre la reciente entrada en vigor de esta ley. Una normativa, dijo, que debe «contribuir a que el sector privado avance sin sobresaltos hacia las cotas de desarrollo que le permita su propia fiabilidad». Tras ras repasar los puntos fundamentales de la nueva norma, Juan Lillo se refirió al valor social de la seguridad, idea que aparece en el preámbulo de la nueva ley como «uno de los pilares fundamentales de la sociedad, se encuentra en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los individuos».

LO MÁS

Lillo hizo estas declaraciones durante la celebración del Día de la Seguridad Privada, en un acto en el que se hizo entrega de menciones honoríficas a 43 profesionales del sector que han sobresalido en el cumplimiento de sus obligaciones. El acto reunió a responsables de la Policía Nacional y Guardia Civil junto a numerosos representantes de entidades, organizaciones y profesionales de la seguridad privada.

El subdelegado del Gobierno apuntó que la celebración venía a profundizar en el «compromiso de la cooperación leal y responsable» de los profesionales de la Seguridad Privada con la Policía Nacional y la Guardia Civil, que es una garantía para reforzar la seguridad de los ciudadanos. Y añadió que el acto permitía, además, visualizar la labor que desempeñan los profesionales de esta actividad, una tarea, recordó, «de marcado carácter preventivo y disuasorio».

Asimismo, Juan Lillo afirmó que la sociedad es cada día más consciente del papel que juega la seguridad privada en el mantenimiento de la convivencia. «Es un servicio indispensable y complementario para garantizar la protección de los ciudadanos» aseguró el subdelegado, que también considera que su labor profesional «ha logrado la generalizada aceptación de la sociedad española, que mayoritariamente valora y reconoce positivamente su trabajo y considera a sus profesionales como personas en las que se puede confiar y a las que se les puede pedir ayuda en caso de necesidad», sentenció Lillo.

Noticia: Colaboración Seguridad Privada / Seguridad Pública

SUCESOS

Desarticulado un grupo especializado en el hurto sistemático y por encargo de artículos en áreas comerciales

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes integrantes del Grupo II de delitos contra el patrimonio de la Policía Nacional en Jerez de la Frontera (Cádiz) han identificado e imputado a los presuntos miembros de un grupo organizado especializado en el hurto sistemático y por encargo de distintos artículos, desde prendas de ropa a electrónica o perfumería, en establecimientos de centros comerciales en las provincias del sur de Andalucía.

En una nota de prensa, la Policía Nacional indica que la trama ha sido descubierta a raíz de la detención de dos de sus integrantes en un centro comercial de Jerez de la Frontera, que se ha producido cuando pretendían abandonar la zona con prendas que acababan de robar en distintos establecimientos valoradas en 1.881,80 euros.

Los agentes, especialistas en tipo de delitos y que usualmente prestan sus servicios en las zonas comerciales de la ciudad de Jerez, detectaron con la ayuda de los miembros de la seguridad privada de las instalaciones a dos personas, un hombre y una mujer, que les suscitaron "sospechas" por sus actividades en una tienda.

 Así, interceptaron a ambos con la ayuda de los vigilantes, comprobando como ambos portaban gran cantidad de ropa que instantes antes habían conseguido sacar del comercio sin abonarla. Los policías observaron que le habían quitado "de forma muy hábil" a las prendas los elementos anti hurto.

SEGUIMIENTO PREVIO

El seguimiento previo a su interceptación que los funcionarios realizaron sobre los detenidos reveló que ambos habían llegado a la zona en un vehículo todoterreno de alta gama, acompañados por otras dos mujeres y un varón. El turismo había sido estacionado en uno de los aparcamientos de la zona.

Los agentes recuperaron las llaves del coche, que habían sido arrojadas por la mujer interceptada a un seto del paseo comercial al verse descubierta, y emprendieron la búsqueda del mismo por los aparcamientos, encontrando el turismo situado en uno de los estacionamientos cercanos.

En su interior se encontraron prendas por un valor de 1.197,40 euros que habían sido robadas en la misma tarde en otra zona comercial cercana. Los agentes procedieron a la detención, como presuntos autores de un delito de hurto, de los jóvenes, hombre y mujer de 20 y 24 años respectivamente. El vehículo todoterreno fue intervenido como objeto del delito y trasladado hasta el Depósito Municipal.

LOS CABECILLAS DE LA TRAMA

La investigación posterior desveló que ambos detenidos no eran sino "parte de una trama mayor, encabezada por dos mujeres y un varón", los cuales resultaron ser las otras dos mujeres y el conductor que les acompañaban cuando fueron detenidos en Jerez y que en ese momento "no pudieron ser apresados".

Todos ellos han sido imputados como cabecillas de un grupo dedicado al hurto sistemático de efectos en los establecimientos de las provincias del sur de Andalucía, tanto en grandes superficies como en pequeños negocios ubicados en áreas comerciales.

Para ello, reclutaban a personas jóvenes del entorno de las localidades gaditanas de La Línea de la Concepción y Algeciras "a los que instruían en las distintas funciones y pasos que llevaban a cabo en el proceso para apoderarse de los artículos, llegando a pagarles un sueldo fijo pactado previamente por cada jornada de trabajo".

MODUS OPERANDI

Las imputadas entraban previamente en los comercios que habían elegido en función de los objetos a robar que tenían encargados "y, de forma muy hábil, y utilizando herramientas especializadas, quitaban de las prendas o del resto de artículos las alarmas anti hurto que llevan incorporados".

 Acto seguido accedían a los comercios los jóvenes captados por la organización, que se apoderaban de los objetos en bolsas preparadas y abandonaban el lugar para dirigirse a los vehículos que tenían estacionados en los aparcamientos, donde descargaban los objetos robados.

Estos vehículos eran utilizados como almacén para depositar los artículos, e inmediatamente estas personas volvían al interior de los comercios "para repetir la operación tantas veces como fuera posible".

Los turismos normalmente quedaban vigilados en los estacionamientos por varones "que estaban preparados para, ante cualquier incidente o actuación policial que sufrieran sus cómplices, arrancar el vehículo y dirigirse rápidamente hacia La Línea de la Concepción con el material del que hubieran podido apoderarse hasta el momento".

Los integrantes del grupo han pasado a disposición de la autoridad judicial en Jerez de la Frontera, continuando en estos momentos abierta la investigación por parte de los agentes con la intención de descubrir a otros miembros de la organización.

Las pesquisas han sido realizadas por los agentes del Grupo II de delitos contra el patrimonio de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Jerez de la Frontera, que han contado con la colaboración de los servicios de seguridad privada de varios centros y áreas comerciales ubicadas en la ciudad.