miércoles, 28 de septiembre de 2016

El falso diplomado

TRIBUNALES
El falso diplomado

Un agente de seguridad privada podría ser inhabilitado e incluso ir a la cárcel por utilizar una certificación adulterada.

Era un curso a distancia ficticio que usó al demandar empleo

Fuente: elperiodicodearagon.com -  L. M. G.        - 26/09/2016

Las buenas intenciones o el a ver si cuela le puede salir bastante caro a un vigilante de seguridad privada que, actualmente, está destinado con su empresa en San Sebastián.

Será juzgado en la capital aragonesa por un delito de falsedad documental, después de que en septiembre del 2011 no se le ocurriera otra cosa a Alberto José C. G. que ir a solicitar a un centro, en el que se dan cursillos a profesionales de este sector, que le sellaran su cartilla de formación. La sorpresa fue que el diploma que llevaba debajo del brazo es, supuestamente, falso.

Controles

Para la acusación del fiscal, los verdaderamente asombrados fueron los responsables de la escuela, ya que este joven pretendía acreditar sus conocimientos en radioscopia aeroportuaria (las personas que realizan los controles de rayos X en aeropuertos y estaciones) sin haberlos hecho. Afirmó que los realizó a distancia, cuando, en realidad, la formación sobre este asunto es presencial.

Para más inri, el personal del centro al que acudió observó que estaba firmado por personas que no habían tenido nunca vinculación con ese lugar o que una de ellas dejó de trabajar allí en el año 2005. El supuesto diploma estaba fechado el 1 de diciembre del 2010.

El ministerio público cree que Alberto José C. G. obtuvo este documento a través de otro joven César V. L., antiguo alumno. Considera que le pudo pagar 90 euros a cambio de este diploma exigido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para realizar las labores de control de viajeros en España.

La denuncia por este asunto la interpuso la propia directora del centro de formación, quien ante la Jefatura Superior de Policía en Aragón señaló que en ese documento, aun si fuera verdadero, falta su firma. "No constan en el reverso los contenidos del curso, ni las horas lectivas, ni la fecha de inicio o finalización, así como el sello del Registro de Diplomas", apuntó.


Asimismo, reconoció que el supuesto conseguidor de la acreditación, César V. L., fue alumno suyo para ser escolta privado. Antes del 2005 se dedicaba a captar estudiantes para realizar cursos en el centro a cambio de una comisión. Casualmente, apuntó, este joven era amigo de otro cuya firma aparecía en el diploma falso. A pesar de todo esto, el agente de seguridad niega los hechos porque dice ser la víctima. A través de su abogado defensor, Joaquiín Tortajada, pide la libre absolución.

Un Tribunal condena a Prosetecnisa a indemnizar con 25.000 € a un vigilante por vulnerar sus derechos fundamentales

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de Julio de 2016, en reclamación de daños y perjuicios por  vulneración de Derechos fundamentales contra Prosetecnisa.

El tribunal confirma parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Nº 3 de Madrid en la que condenaba a la empresa Prosetecnisa  a indemnizar al trabajador por daños y perjuicios con la cantidad  de 60.000 € por vulneración de Derechos Fundamentales ( garantía de indemnidad ), reduciendo la indemnización a 25.001 € y manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia .

La sentencia  considera probado que Prosetecnisa  cambió de centro al trabajador como “ represalia , por haber demandado en reclamación de conciliación de la vida laboral y familiar, solicitando reducción de jornada y concreción horaria, ante la negativa de la empresa a su solicitud, siendo estimada la pretensión.”

“ Entre la fecha en que por sentencia judicial le reconocen el derecho a la reducción de jornada y concreción horaria, 1/07/2015, y aquella en que inicia la prestación en el nuevo centro, 19/10/2015, han mediado tres meses, aproximadamente, lo que es una sospecha clara que se adopta como represalia por la reclamación efectuada, y esta percepción queda corroborada con el hecho que se le traslada a la delegación de la empresa en Madrid, donde anteriormente no existía el puesto de trabajo que pasa a ocupar, que es de nueva creación, que no reunía las condiciones necesarias para prestar el servicio al desarrollar su trabajo en el descansillo de la zona común de las escaleras del edificio, por fuera de la puerta principal de la oficina, en la tercera planta, realizando sus funciones de pie, sin mesa, mostrador, silla u otro equipamiento, debiendo iniciar su jornada a las 7:00 horas, cuando hasta las 8:00 horas no hay presencia de personal en las oficinas de la delegación, careciendo de medio para acceder a la misma hasta esa hora, no pudiendo hacer uso de servicios higiénicos, ni material de primeros auxilios, careciendo de vestuario, siendo el primer trabajador y único asignado para llevar a cabo la vigilancia, sin que nadie le sustituya los días de descanso o ausencia, sin que su puesto haya sido cubierto, después de su baja por enfermedad.”

Por otro lado señala que una vez “ declarada la violación del derecho fundamental, se presume la existencia del daño moral y nace el derecho a la indemnización del mismo cuya cuantía debe cifrarse ponderando las circunstancias concurrentes en cada caso, naturaleza de la lesión y período de tiempo que duró el comportamient0.”


Y que “ la indemnización por daños morales debe fijarse atendiendo a la gravedad de la conducta de represalia contra el trabajador por haber solicitado conciliar la vida laboral y familiar por guarda de menor, adoptando una decisión, al poco tiempo que se reconozca su derecho, con intención de perjudicial al trabajador y someterle a unas condiciones incorrectas en el nuevo puesto de trabajo que deteriora o menoscaba su imagen ante sus compañeros de trabajo y esta situación ha afectado a su salud hasta el punto que se ha emitido parte médico de baja por incapacidad temporal, siendo diagnosticado de trastorno adaptativo mixto. “

El trabajador ha recibido en todo momento la asesoría y el apoyo, tanto sindical como jurídico de CCOO Construcción y Servicios de Madrid, a través de los delegados de CCOO en Prosetecnisa y los abogados del Sindicato.

martes, 27 de septiembre de 2016

Validez de las T.I.P en las que consta el DNI

Validez de las T.I.P en las que consta el DNI


La Unidad Central de Seguridad Privada ha emitido un comunicado sobre la validez de las T.I.P en las que consta el DNI, como respuesta a las dudas que se planteaban tras la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de Abril de 2016 que obligaba a la eliminación del DNI de las Tarjetas de Identidad Profesional del personal de seguridad privada.


lunes, 26 de septiembre de 2016

Convocatoria Ayudas de Estudios Ilunion Seguridad 2016

El día 10 de Octubre se abre el plazo en Ilunion Seguridad, para la presentación de solicitudes de Ayudas de Estudios correspondientes al Año 2016. 

Estas Ayudas de Estudios son para los trabajadores y sus hijos, y forman parte de la dotación económica del Fondo Social recogido en el Convenio Colectivo de Ilunion. 



El plazo para la entrega de estas solicitudes finalizará el 8 de Noviembre. Las solicitudes podéis entregarlas en los locales sindicales de la Calle Bravo Murillo, nº 327 – 3ºPlanta en el caso de la Delegación de Madrid y para el resto de provincias en las direcciones que se señalan en el Díptico junto con las bases de la convocatoria.











































































viernes, 23 de septiembre de 2016

El Gobierno regional no modificará la forma de contratar la seguridad privada

El Gobierno regional no modificará la forma de contratar la seguridad privada

El Ejecutivo anunció grandes contratos centralizados a partir de 2017 para evitar el acceso de empresas que incumplen el convenio estatal y precarizan las condiciones laborales de los trabajadores. El viceconsejero de Presidencia y Justicia dice ahora que "no pueden correr ese riesgo".

Fuente: cadenaser.com-CAROLINA GÓMEZ BRAVO
La Cadena Ser avanzó en marzo que el Ejecutivo iba a modificar la forma de contratar la seguridad privada a partir de 2017, después se anunció oficialmente, y ahora, a tres meses de renovar la licitación, el Gobierno regional dice que no puede cumplir lo que había prometido. En respuesta  a la diputada socialista, Carla Antonelli, el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, reconoció en la Asamblea que la propuesta que hizo en su día  la consejería de Economía y Hacienda para afrontar los problemas de contratación de los trabajadores de la seguridad privada  de la Comunidad no es viable. "Todas las consejerías, sí que es cierto, nos habíamos movido en el sentido de que todos los contratos concluyesen el 31 de diciembre de 2016 para iniciar el contrato centralizado, pero realmente, y fruto de lo que estamos viendo, creo que ese riesgo no lo podemos correr", dijo.



La intención del Gobierno regional era centralizar los contratos de los trabajadores de seguridad de todas las consejerías  y después dividirlos en lotes para evitar el acceso de empresas que incumplen el convenio estatal y precarizan las condiciones de los trabajadores, algo que pueden hacer con la ley actual. Por ejemplo, el pasado mes de julio, la Consejería de Sanidad adjudicó un contrato de seguridad de más de 300.000 euros a una de las empresas de Miguel Angel Ramírez, conocido como el 'capo' de la seguridad en Madrid.


Un nuevo "brindis al sol" de Cifuentes

El PSOE asegura que la situación de los trabajadores de seguridad de la Comunidad es "dramática" y denuncian que "a la sombra de la reforma laboral del PP se han creado empresas fantasma para contratar a la baja y esquilmar los sueldos de los trabajadores". Según dicen, estas empresas concursan en la licitación de los contratos de la seguridad privada para los edificios de la comunidad y lo que hacen al día siguientes es reducir un 40% el sueldo de los trabajadores.

La diputada Carla Antonelli acusa al Gobierno regional de haber incumplido su promesa de resolver la situación de estos empleados y hacer un nuevo "brindis al sol". "Estamos al principio de la historia, la Comunidad de Madrid no ofrece soluciones, y lo único que ofrece son titulares para salir del paso y a ver si nos olvidamos durante unos meses de estar presionando. El problema son 90 personas que están cobrando 400 euros menos", subraya la socialista.


 El Gobierno promete endurecer los criterios de adjudicación


La Consejería de Presidencia reconoce que el anuncio "no se va a llevar a cabo" y que resulta "muy difícil" elaborar un solo contrato porque existen demasiadas especificidades en cada edificio y "no está garantizado" que el concurso no se adjudique a una de las empresas que no cumplen con el convenio estatal.  Fuentes del departamento aseguran a la SER que Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo y Consejero de Presidencia y Justicia, ha dado la orden de que se incluya en los próximos pliegos una cláusula unificada para priorizar que el contrato se conceda a empresas que no se descuelguen del convenio estatal frente al criterio precio.

Seguridad privada: incumplimientos e inspecciones

Seguridad privada: incumplimientos e inspecciones

Empresas como Seguridad Integral Canaria contratan con la Administración pese a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social

Fuente: ahorasemanal.es -  MIGUEL ÁNGEL AGUILAR - 23/09/2016 - Número 52

La vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha utilizado las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa para ridiculizar a los diputados que se han puesto a su tarea, sin escudarse en la inexistencia de un nuevo gobierno para holgar. La “vice” buscaba ángulos jocosos entre las 60 solicitudes de comparecencia presentadas para que los miembros del Gobierno en funciones den las debidas explicaciones.

De todas maneras, en momentos de desencanto como los actuales debe evitarse hacer tabla rasa indiscriminada y denostar a todos por igual. Conviene diferenciar entre quienes cardan la lana y quienes llevan la fama. Amanecerá, pero, entre tanto, los comportamientos inertes de algunos diputados deben separarse de los que caracterizan a quienes se aplican al ejercicio del control. El principio de que nada permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia se aplica todavía con más rigor para afirmar que todas las cuestiones cambian a partir del momento en que toman estado parlamentario.

En particular, el escrito de 15 de septiembre a la Mesa del Congreso de los Diputados, de Antonio Trevín, elegido por la circunscripción de Asturias, enfoca la situación de la seguridad privada en España, menciona su perfil polémico por ser considerado a veces una vía para eludir la prestación del servicio público y diferencia entre las empresas de indudable profesionalidad y las que han proliferado en los últimos años, poco respetuosas con los derechos de sus trabajadores e incumplidoras de sus obligaciones fiscales y tributarias. Es un hecho de observación general que sin estar al corriente de esos pagos contratar con las administraciones públicas resulta imposible. Pero esa imposibilidad se ha demostrado que en absoluto es cortapisa de existir la conexión adecuada cuando la gestión corresponde a gobiernos del Partido Popular.

El caso que relata el diputado Trevín es aún más agudo porque hay sentencias judiciales firmes que conllevarán el pronto ingreso en prisión de algunos de los dirigentes de las empresas aludidas y porque se han detectado extorsiones y amenazas contra responsables sindicales enfrentados a las empresas piratas y propulsores de actuaciones judiciales, en particular contra Seguridad Integral Canaria, al considerarla incursa en delitos referentes a la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

En consecuencia, el diputado pregunta en su escrito qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno para poner orden en el sector de la seguridad privada, cómo está garantizando la seguridad de las personas que han tenido el atrevimiento de ser denunciantes de comportamientos irregulares y cuántas inspecciones ha llevado a cabo el Ministerio del Interior para verificar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas de seguridad privada desde 2014 en adelante. 

Indultos y contraindultos


Bajando al detalle, asombran los contratos asignados a Seguridad Integral Canaria Ralons, para los que no han sido obstáculo las deudas con Hacienda y la Seguridad Social de su propietario Miguel Ángel Ramírez Alonso, ni tampoco el hecho de que esté condenado por delito medioambiental. Mientras, sigue sin explicarse que fuera indultado por el Gobierno, siendo Alberto  Ruiz Gallardón ministro de Gracia y Justicia. Aunque su irregularidad era tal que el indulto fue  anulado después por los tribunales. Como recordaba el periódico AHORA, entre los contratos citados en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 20 de marzo de 2014 figura uno de 11 millones de euros con Patrimonio Nacional. Algunos más implican al Ministerio de Defensa por importe de 32 millones de euros y al Metro de Madrid por importe de más de 12 millones de euros. ¿Hay alguien ahí competente para aportar las debidas explicaciones? Veremos.

jueves, 22 de septiembre de 2016

Mal de muchos....

Guardias civiles exigen un protocolo de riesgos laborales por las temperaturas extremas


Fuente: Salamanca24horas -21 Septiembre 2016

Denuncian que pasan de pie a casi 40 grados durante varias horas con varios kilos encima necesarios para su autoprotección. Ya se han producido varias lipotimias y desvanecimientos este verano

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que engloba todas las escalas y empleos de la Benemérita, denuncia los problemas que las temperaturas extremas de estos días están provocando sobre los agentes que deben realizar turnos estáticos en carretera. Sobre todo en las horas centrales del día, a casi cuarenta grados de calor.

Recuerda que ya el año pasado un motorista de la Agrupación de Tráfico en Madrid sufrió prestando servicio un presíncope con motivo de las altas temperaturas, al estar obligado por parte de algunos mandos intermedios a prestar servicio en motocicleta. Entonces se denunció la situación, siendo cambiado el protocolo de servicio con motivo de temperaturas extremas en prevención de golpes de calor.

Pero los agentes siguen con problemas. Muchos han tenido que dejar el servicio al encontrarse indispuestos con principios de lipotimia. “Partiendo de la base que esta situación le puede suceder a cualquier guardia civil, queremos significar lo especial del servicio que prestan en aras de la seguridad y la protección de los residentes y trabajadores de las dependencias de la Dirección General de la Guardia Civil, ahora bien, recíprocamente se debe velar también por la salud de los agentes”, afirma la AEGC.

Explica que durante su jornada laboral con pequeños periodos de descanso intercalados, se encuentran a pie firme con su chaleco antibalas y su arma larga reglamentaria añadiendo varios kilos necesarios para su autoprotección y la de sus compañeros, en especial por la alerta cuatro antiterrorista, lo que implica una penosidad mayor si cabe a la hora de prestar servicio con cuarenta grados de temperatura o más.


La Asociación Española de Guardias Civiles ha solicitado varias mejoras para la prestación de ese servicio, “encontrándonos la callada por respuesta, o quizás lo que es peor, se estudiara, lo cual en la Guardia Civil en la mayoría de los casos significa el aplazamiento sine die de la resolución”. Por eso exigen un protocolo efectivo en prevención de riesgos laborales, adecuando el mismo a la particularidad del servicio a efectuar.

lunes, 19 de septiembre de 2016

Noticias: Intervenciones de la Seguridad Privada

SUCESOS
Detenidas en Córdoba tres personas por hurtar en dos establecimientos comerciales
En uno de ellos, el presunto autor hurtó varias botellas de bebidas alcohólicas

Fuente: diariocordoba.com - 16/09/2016

Agentes de la Policía Nacional han procedido en dos intervenciones  diferentes, a la detención de tres personas por la presunta comisión de sendos delitos de hurto en establecimientos comerciales de la capital cordobesa, informa una nota de prensa de la Comisaría de Policía..

El primero de los hechos en cuestión tuvo lugar el pasado martes por la tarde cuando, agentes en servicio preventivo de la delincuencia encuadrados dentro de la Operación Comercio Seguro en Córdoba, tras recibirse llamada a la Sala operativa del 091, se dirigieron a un establecimiento situado en un centro comercial de la capital, donde al parecer, el personal de seguridad privada del mismo, a través de las cámaras de video vigilancia habían captado, como una persona introducía dentro de un bolso varias bebidas alcohólicas, tras comprobar estos hechos los actuantes procedieron a la detención del individuo por un presunto delito de hurto.

La segunda intervención se produjo a media tarde del día 13 de septiembre, cuando se recibe llamada a la Sala operativa del 091, desde un establecimiento comercial de la zona centro, donde al parecer, el personal de seguridad privada del mismo, a través de las cámaras de video vigilancia tenían localizados a una mujer y un hombre, que presuntamente tras salir de los probadores arrojan al suelo varias prendas de ropa y parte de los sistemas de seguridad que portaban las prendas de manera habitual.


Ante tales hechos se personan en el establecimiento una dotación policial, que comprobó como los presuntos autores tras inutilizar los sistemas de seguridad de las prendas hurtadas, las metían en bolsas y las llevaban a su vehiculo encontrándose en el mismo mas prendas,  en vista de la situación los agentes proceden a la detención de estas dos personas.

viernes, 16 de septiembre de 2016

Colaboración Seguridad Privada / Seguridad Pública

Detenido un hombre por abusar de mujeres en el Metro de Mirasierra


El agresor, de 45 años, fue arrestado gracias un amplio dispositivo de los agentes de la UFAM y del personal de seguridad del suburbano.

Fuente: elmundo.es-LUIS F. DURÁN - 16/09/2016 

Agentes de la Brigada de Policía Judicial han detenido a un hombre de 45 años de edad y nacionalidad ecuatoriana acusado de abusar sexualmente de varias mujeres en las escaleras mecánicas del Metro de Mirasierra durante este y el pasado verano. 

Además de las denuncias formuladas por las víctimas en la comisaría de Fuencarral también en el Metro había numerosas quejas y reclamaciones por la acción de este individuo que estaba sembrando el temor en la zona en las últimas semanas. Tras varios días de pesquisas se identificó al sospechoso que había desatado la alarma en ese enclave. Finalmente fue detenido gracias al dispositivo conjunto de seguridad de los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) encargado del caso y de los vigilantes de seguridad del Metro. 

La primera denuncia en comisaría se presentó en agosto de 2015. Ese verano también varias mujeres se quejaron en el Metro de que un hombre había intentado someterlas a tocamientos. En los últimos dos meses los casos se han multiplicado creando gran preocupación. Además, las víctimas acudieron a comisaría a denunciar al hombre. 

Uno de los abusos sucedió el pasado 20 de junio sobre las 8.15 de la mañana. En la escaleras mecánicas del Metro de Mirasierra el hombre se abalanzó contra una mujer. Le realizó diversos tocamientos debajo de la falda. Los mismos hechos se sucedieron al día siguiente y en varios días de agosto. En todos los casos el hombre elegía a mujeres que iban solas y a primera hora de la mañana.Los investigadores procedieron a solicitar a la compañía las grabaciones de las cámaras de seguridad. En las imágenes se pudo verificar cómo el sospechoso llegaba a las inmediaciones en un vehículo. Luego entraba a la carrera en la estación de Metro de Mirasierra y abordaba a las «mujeres de forma sorpresiva cuando bajaban por las escaleras mecánicas», según las mismas fuentes policiales. El hombre salía al exterior y huía tras montarse de nuevo en el coche.

Finalmente, se localizó el vehículo y se pudo descubrir al propietario del mismo que además vivía en el mismo distrito de Fuencarral donde cometía las fechorías. Por sus características físicas se determinó que el dueño del coche era el sospechoso de los abusos sexuales a las mujeres. Los agentes montaron una discreta vigilancia en la zona y siguieron al hombre, que fue arrestado el pasado 9 de septiembre. El arrestado fue identificado como Edison Javier V. Carecía de antecedentes policiales.

¿Cámaras de vigilancia en el trabajo sin consentimiento? El Tribunal Constitucional español lo avala

¿Cámaras de vigilancia en el trabajo sin consentimiento? El Tribunal Constitucional español lo avala
Los derechos de los trabajadores se ven relegados a un segundo plano, frente al “interés” de la empresa

Fuente: Derechonews


El pasado mes de marzo el Tribunal Constitucional, en su sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, sorprendía a propios y extraños dictaminando la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia en el puesto de trabajo, sin que fuese necesario informar al trabajador y sin el consentimiento del mismo para ello.

Hasta ese momento, dicho Tribunal había avalado la instalación de cámaras de vigilancia en el puesto de trabajo, siempre que el trabajador fuese informado expresamente de que estaba siendo grabado y que prestase su consentimiento a ello. Sin embargo, este nueva sentencia rectifica la doctrina anterior, dando luz verde a que el empresario pueda instalar, como parte de la capacidad de vigilancia y control otorgada en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, aunque no cuente con el consentimiento expreso por parte del trabajador y sin que exista información específica sobre la grabación de imágenes.

El Tribunal Constitucional fundamenta este giro en su jurisprudencia en dos nuevas premisas:

En el ámbito laboral, se considera que el consentimiento del trabajador se entiende implícito por el mero hecho de firmar el contrato de trabajo. Es decir, que ya no es necesario que el trabajador manifieste expresamente su consentimiento a ser grabado en su puesto de trabajo.

Es suficiente con que exista una referencia informativa general sobre la existencia de cámaras de vigilancia en el centro de trabajo, aunque no se especifique concretamente el fin de las mismas.

Para entenderlo mejor es necesario recapitular sobre el caso enjuiciado por el Tribunal Constitucional, una empleada de una tienda de ropa en la que habían instalado cámaras de vigilancia en la zona de caja, fue despedida disciplinariamente por haberse apropiado indebidamente de una cantidad monetaria.

Ni la trabajadora ni el resto de sus compañeras habían sido informadas expresamente de la instalación de las cámaras de vigilancia, aunque la empresa sí había colocado en un lugar visible del escaparate, un cartel en el que se advertía de la existencia de las mismas. La trabajadora, tras ver desestimada su demanda en primera y segunda instancia, acudió al Tribunal Constitucional en busca de amparo, que le fue nuevamente denegado al confirmar la procedencia del despido.

El tribunal consideró suficiente la instalación de un mero cartel en el escaparate, dirigido al público en general para superar el requisito informativo, así como que la trabajadora había prestado su consentimiento de forma tácita, por el mero hecho de haber firmado el contrato de trabajo, para superar el requisito del consentimiento.

Finalmente, el Constitucional matiza dicho giro jurisprudencial al afirmar que cualquier tipo de restricción a los derechos fundamentales de los trabajadores debe cumplir un triple requisito:

Necesidad (sospechas razonables sobre el ilícito cometido por el trabajador),

Idoneidad (método seleccionado susceptible de conseguir el objetivo propuesto)

Y proporcionalidad (que la medida llevada a cabo proporcione más beneficios para el interés general del empleador que perjuicios al trabajador).

Tras este giro dado por el Tribunal Constitucional, nos encontramos ante un nuevo caso en el que los derechos de los trabajadores se ven relegados a un segundo plano, frente al “interés” de la empresa.



miércoles, 14 de septiembre de 2016

CCOO logra tumbar judicialmente la modificación de las vacaciones en Ilunion Seguridad Aeropuerto Las Palmas

Sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de las Palmas de Gran Canaria de 29 de Julio de 2016 sobre Conflicto Colectivo interpuesto por Construcción y Servicios de CCOO contra Ilunion Seguridad.

Fuente: CCOO Canarias – 13 de Septiembre 2016 - Elaborado por CCOO Ilunion Seguridad

La sentencia declara nula la modificación adoptada por la empresa sobre disfrute de las vacaciones anuales  en el Aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria.

La empresa pretendía cambiar las fechas de disfrute de las vacaciones de los trabajadores modificando un acuerdo existente  desde el año 2001 que la sentencia ha declarado plenamente vigente y que la empresa no puede modificar  por su cuenta ,excediéndose en sus atribuciones.

En su día esta modificación fue rechazada mayoritariamente por los trabajadores del aeropuerto, decisión que se adopto en asamblea de trabajadores convocada a los efectos, y que tiempo después Ilunion Seguridad ha intentado aplicar unilateralmente , decisión que ha motivado la  reprobación del juzgador y la nulidad de la modificación implantada.


Cabe señalar que la decisión tomada por los trabajadores en defensa de su derecho al disfrute de las vacaciones  conforme a un calendario pactado en su momento, ha sido canalizada correctamente por CCOO acudiendo a la vía judicial, no cabe duda que un ejemplo a seguir. 

lunes, 12 de septiembre de 2016

La puerta giratoria en el ámbito de la seguridad: El comisario que utilizó Fernández Díaz para controlar los casos de corrupción ficha por Prosegur





El comisario que utilizó Fernández Díaz para controlar los casos de corrupción  ficha por Prosegur
  • Sánchez Aparicio se convierte a sus 65 años en director de Relaciones Institucionales del gigante de la seguridad en España

  • El ministro le encargó la supuesta investigación de las grabaciones en su despacho dos semanas antes de que se jubilara

  • La delincuencia organizada y otras amenazas para los clientes de Prosegur eran competencia del comisario hasta su marcha de la Policía


Fuente:eldiario.es -  Pedro Águeda - 11/09/2016

La puerta giratoria en el ámbito de la seguridad se ha puesto en marcha este verano para que el comisario José Santiago Sánchez Aparicio, hasta julio máximo responsable policial de las investigaciones por corrupción y delincuencia organizada, se convierta a sus 65 años en director general de Relaciones Institucionales de Prosegur, la empresa líder en España en venta de protección privada a los ciudadanos.

Como director de Relaciones Institucionales, Sánchez Aparicio tendrá la oportunidad de engrasar las relaciones de la compañía con la Administración. La empresa líder de la seguridad en España mantiene en vigor varios contratos con las distintas administraciones, destacando entre ellos el que firmó en septiembre de 2014 por 24,8 millones para prestar “servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en los edificios de la Administración General del Estado”. Sánchez Aparicio se jubiló en julio de la Policía y “a la vuelta del verano” comenzó a trabajar en Prosegur, confirman fuentes de la compañía.

Santiago Sánchez es un dirigente histórico del Sindicato Profesional de Policía (SPP), la organización mayoritaria entre los mandos del Cuerpo y que nutre la Junta de Gobierno cuando gobierna el Partido Popular. Tras la victoria electoral de 2012, el comisario principal pasó a integrar la cúpula de la Policía como jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento. Pero fue en octubre de 2013, con el tercer cese de un comisario general de Policía Judicial en menos de dos años, cuando Sánchez Aparicio -‘Chati’ dentro del Cuerpo-, pasó a ocupar un puesto clave para algunos de los asuntos más polémicos de los últimos años relacionados con el Ministerio del Interior.

La Comisaría General de Policía Judicial engloba todas las unidades especializadas en delito relevantes, excepto el terrorismo, por lo que también combate las amenazas a la seguridad de los clientes de Prosegur.

La UDEF, que tiene entre sus competencias la corrupción, también pertenece a la Policía Judicial que ha dirigido Sánchez Aparicio. Fernández Díaz destituyó al llegar a Juan Antonio González, el responsable de la Policía Judicial con el PSOE, y a los seis meses prescindió del sustituto, Enrique Rodríguez Ulla, porque había investigado el ático de Ignacio González sin comunicárselo a sus superiores.

Interior optó entonces por José García Losada, un comisario de prestigio en la Policía que ya había ocupado cargos relevantes en la época de Aznar. Pero García Losada dejó trabajar a la UDEF en un momento clave de la investigación del caso Gürtel y eso le costó el puesto. Su cese estuvo vinculado a los informes que los investigadores firmaron sobre la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, y su relación con la trama de corrupción, asunto por el que la exdirigente del PP acabó dimitiendo.

Gürtel e Informe Pisa

Con Sánchez Aparicio al frente de la Comisaría General de Policía Judicial se produjeron las presiones a los investigadores del caso Gürtel, a través de la Unidad de Asuntos Internos, que eldiario.es reveló en octubre de 2014. Cuando el jefe de la Brigada de Blanqueo Capitales, perteneciente a la UDEF y de la que dependen las investigaciones por corrupción, pidió marcharse, Sánchez Aparició situó al frente de ella a José Manuel García Catalán, antiguo compañero suyo del sindicato de los mandos y sin experiencia en delitos económicos.

El nuevo director de Relaciones Institucionales de Prosegur fue el encargado de recibir el informe apócrifo sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que realizó la denominada Unidad de Inteligencia de la Policía. Se trataba de blanquear sus datos para presentarlos ante un tribunal, algo que finalmente hizo Manos Limpias con el resultado de su inadmisión a trámite y desprecio por parte del Supremo.

El último encargo delicado que recibió Sánchez Aparicio antes de jubilarse el pasado 17 de julio fue investigar las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho hablando con el director de la Oficina Antifraude catalana. El ministro no tuvo empacho en colocar al frente de las supuestas pesquisas a un policía que abandonaría la Policía en dos semanas. El muñidor del encuentro entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso fue, según confiesan los interlocutores, es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, expresidente del Sindicato Profesional de Policía con el que Sánchez Aparicio colaboró estrechamente en esa época.