Los ocho
sectores con los empleos más precarios de España
Repartidores de comida a
domicilio, vigilantes de seguridad o consultores informáticos se encuentran
entre los oficios en la cuerda floja
Fuente:
www.elindependiente.com/ 22 de Julio de 2018
Jornadas
extenuantes, salarios que rozan la miseria, inestabilidad y conflictos
laborales, horas extras no remuneradas, contratos por horas, parciales o
temporales, externalización de servicios o bajas cotizaciones son sólo algunos
de los problemas estructurales que arrastran los sectores con los empleos más
precarios del país.
A tenor
de la reforma laboral de 2012, la precariedad laboral se ha agudizado a pasos
agigantados en diferentes sectores. Con ella, el convenio laboral de la empresa
comenzó a tener prevalencia sobre el sectorial, con el consiguiente auge de la
tendencia a externalizar los servicios por parte de las grandes compañías con
el objetivo de abaratar costes pasando, eso sí, por la devaluación de los
salarios y condiciones de sus trabajadores y fomentando, además, la figura de
los trabajadores multiservicio que pueden llegar a cobrar un 60% menos.
Así,
hoy en día el hecho de encontrar un trabajo, especialmente entre los jóvenes,
ya no implica que puedan dejar de depender económicamente de sus familias.
Según un informe de CCOO, en 2017 uno de cada cuatro asalariados en España
tenía contrato temporal, una situación que se agrava para los menores de 29
años, cuya temporalidad llega al 57%. Además, la renta media de los menores de
35 ha descendido un 25% entre 2008 y 2014. De estas cifras también se desprende
que el mayor porcentaje de temporalidad recae sobre ellas, con un 80%.
La
situación es especialmente delicada en determinados sectores laborales del
panorama nacional, donde tanto trabajadores con años de experiencia como
jóvenes que acceden por primera vez al mundo laboral se encuentran en la cuerda
floja, enfrentándose a salarios precarios, escasos derechos laborales,
libranzas insuficientes o a la conocida como polivalencia funcional.
Vigilante de seguridad. Según cifras de la Asociación Profesional de
Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), en España hay un total
de 79.175 vigilantes de seguridad privada, un 87% de los cuales son hombres.
Nos encontramos en un sector en el que los profesionales asumen la competencia
desleal, el intrusismo laboral o la inseguridad jurídica como el pan de cada
día. Se trata de uno de los sectores donde más se ha notado la devaluación salarial derivada de la externalización, con un sueldo base
que en 2018 se sitúa, en el mejor de los casos, en los 1.145 euros para los
vigilantes sin arma, y de 1.269 con ella, cantidades en las que se incluye el
prorrateo de las pagas extra. Por esta remuneración, los profesionales se
enfrentan a jornadas que en muchos casos sobrepasan las 12 horas diarias;
fuertes riesgos laborales, ya que los casos de agresión en esta profesión son
muy frecuentes; prohibición del derecho a huelga; nivel cero de conciliación;
obligación a ejercer tareas diferentes a las asignadas por contrato; y, en
muchos casos facilitación de los despidos y bajadas salariales derivadas de la
reforma de 2012. Además, el sector público acapara un 16% del trabajo del
gremio, y las asociaciones denuncian una constante “corrupción” por los problemas
de contratación pública.
Auxiliar de ayuda a domicilio.
Ayudar y atender a personas dependientes en su propia casa es una labor
esencial para la supervivencia de la sociedad que, sin embargo, es ninguneado
por un convenio que no reconoce plenamente sus derechos, convirtiéndolo en uno
de los oficios más precarios en España. Por convenio, se estipula un salario en
torno a los 880 euros mensuales por la jornada completa. Pero teniendo en
cuenta la parcialidad de este empleo, lo cierto es que esa cifra se reduce
hasta los 400 euros por jornadas de 20 horas semanales, si bien varía en
función de la empresa o de la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos. Sin
embargo, más allá de lo recogido en un contrato, la realidad es que en el
oficio -donde predominan las mujeres- las horas reales de trabajo son muchas
más, sin contar la cantidad de trabajos en negro. Desde UGT denuncian que,
además de la mayor tendencia a aumentar la eventualidad y la reducción de horas
en los contratos, el hecho de que el domicilio privado no se considere lugar de
trabajo desprotege a las auxiliares en caso de abuso o maltrato. Además,
carecen de un mecanismo de actuación por los posibles riesgos laborales
asociados a su oficio.
Repartidor de comida a
domicilio. Esta profesión, que cada vez cuenta con más presencia
gracias a la aparición y desarrollo de aplicaciones móviles de comida a
domicilio, no podía faltar en esta lista. Los vemos maniobrar peligrosamente
con sus motos o pedalear con la bicicleta por las ciudades con una enorme bolsa
colgada en la espalda. De día o de noche, con un sol de justicia o a
temperaturas bajo cero, los conocidos como riders desempeñan un duro trabajo
que, sin embargo, no se ve lo suficientemente recompensado. Se trata de los
trabajadores que menos salario perciben dentro del sector de la hostelería. A
la parcialidad del 90% de los contratos (muchos de ellos fraudulentos); horas
extra no pagadas; escasa conciliación; salarios próximos al Mínimo
Interprofesional; y a un trabajo a contrarreloj llegando incluso a arriesgar su
propia vida, se suma la obligación a darse de alta como autónomos. La realidad
es que compañías como Deliveroo, dedicadas al reparto a domicilio, no tienen en
su plantilla a ningún repartidor a efectos prácticos. Desde UGT denuncian que recae
sobre ellos el pago de la cotización de autónomo, el IRPF, un IVA (del 21%),
seguros y mantenimiento del vehículo por su carácter de, a su juicio, “falsos
autónomos”, ya que es la compañía la que controla y determina, en cierta
medida, sus condiciones laborales. El rider no tiene libertad para controlar
sus horarios, servicios y precios, y, sin embargo, deben cotizar por cuenta
propia.
Empleadas de hogar. Estas
trabajadoras han hecho de la lucha contra la precariedad, una auténtica rutina.
El sector, que ocupa a 637.700 personas en España (de las cuales sólo 420.288
están dadas de alta) lleva años reivindicando públicamente sus derechos.
Mientras que el sueldo medio por convenio de jornada completa es de 858,55
euros, la eventualidad y parcialidad de los contratos lleva a más de 260.000 de
ellas contar con unos sueldos que apenas superan los 343 euros mensuales. Al no
estar inscritas al régimen general de la Seguridad Social, están sometidas a
duras desigualdades y condiciones. Por ejemplo, no tienen derecho a prestación
por desempleo ni acceso a la ley de riesgos laborales; pueden despedirlas sin
preavisos ni indemnizaciones; se les excluye la posibilidad de cotización real
en función de sus salarios y no hay obligación de readmisión por embarazo o baja,
algo que sí existe en el resto de sectores. Además, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) cerca del 30% trabajan en negro, lo que supone
aún más precariedad, con tiempos de trabajo no reglados ni derechos a días de
baja o vacaciones.
Trabajador en las embajadas
españolas. El personal laboral de embajadas, consulados, oficinas
ministeriales, del Instituto Cervantes o de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (Aecid) entre otras instituciones, es otro
sector diezmado por las congelaciones salariales desde 2009, así como por los
recortes y la constante postergación de sus derechos y reivindicaciones que
afecta a 7.000 de los 10.000 empleados que la Administración General del Estado
tiene en el exterior (los 3.000 restantes son funcionarios). Se trata de
chóferes, personal de servicio, vigilantes de seguridad, jardineros o
administrativos. Estos trabajadores se enfrentan a una constante pérdida de
poder adquisitivo derivado de estar ubicados en países donde la inflación se ha
ido multiplicando con el paso de los años, como Argentina o Uruguay. Es decir,
mientras el precio de la vida asciende sin control, sus salarios continúan al
mismo nivel que en los últimos 9 años, situándose incluso por debajo del
Salario Mínimo Interprofesional del país en el que se encuentran, como ocurre
con el personal asentado en Sidney. Esta realidad ha llevado a que muchos de
estos empleados deban pluriemplearse para llegar a final de mes. Desde el
sector denuncian que no se ha respetado el acuerdo entre Gobierno, sindicatos y
patronal de revisar subidas salariales periódicas para evitar dicha pérdida de
poder adquisitivo y que no se ha aplicado la subida salarial recogida en los
Presupuestos Generales de 2018. Su situación continúa, por el momento, a la
espera de una solución.
Corresponsal de guerra
freelance. Pagar por ir a la guerra es una profesión que se compensa
con tarifas irrisorias si las comparamos con el peligro que suponen. Los
periodistas freelance que van a cubrir conflictos por cuenta propia sin contar
con el paraguas de protección de un medio de comunicación surgen, según los
propios periodistas, por la desaparición de los corresponsales de guerra en las
redacciones españolas, una figura fagocitada por la de colaborador, lo que permite
ahorrarse nóminas y costes asociados. La situación se recrudece aún más por las
tarifas que se pagan por pieza: entre 35 y 50 euros. Estos profesionales deben,
además de arriesgar su propia vida, pagar de su bolsillo el viaje, material,
seguros, alojamiento, traductores y demás gastos para tratar de contar
historias que compren los medios.
Consultores informáticos.
Profesionales muy calificados en un sector muy rentable que, sin embargo, se
enfrentan a sueldos bajos, subcontratación, presión constante y jornadas
interminables. Cuentan con salarios de entrada de entre 10.500 y 13.500 euros
anuales, una suma por la que se enfrentan a problemas estructurales como la
cesión ilegal de trabajadores, es decir, que el empleado trabaja en la oficina
del cliente pero su salario lo paga otra empresa, una remuneración que suele
ser bastante más baja. El estrés derivado de plazos imposibles de cumplir es
otra de las grandes problemáticas del sector, ya que la subcontratación provoca
que se vaya devaluando el salario de la persona que se debe contratar para
cumplir con una determinada tarea, una suma por la que se suele contratar a
personal menos cualificado para afrontar el proyecto, dando lugar a desastres
como el de LexNet.
Veterinarios. Se trata de un sector duramente castigado por la
temporalidad de los contratos. Según datos del Ministerio de Empleo, en 2018 se
han firmado 2.350 contratos, de los cuales tan sólo el 17,6% fueron
indefinidos. La Confederación Empresarial Veterinaria Española (Ceve) achaca la
precariedad del sector al mantenimiento del IVA al 21% en los servicios
veterinarios de animales de compañía, lo que motiva un decrecimiento de la
demanda, una circunstancia que empeora por la gran cantidad de graduados
anuales en la materia, lo que genera una cola de contratos precarios. Pero los
problemas no acaban aquí, ya que más del 50% de los trabajadores cobra parte de
su sueldo en negro, sin contar si quiera con un convenio colectivo que les
proteja. El trabajo ilegal es uno de las grandes problemáticas que arrastra el
sector, así como la precariedad de los salarios, al menos de los que figuran
por escrito. Esto provoca inevitablemente que, cuando son despedidos, estos
trabajadores reciban un paro muy inferior al deberían percibir. Además, estos
profesionales denuncian que trabajan, en muchos casos, por encima de las 40 e
incluso de las 45 horas semanales por las guardias fuera de su lugar de trabajo
y las presenciales, unas horas extra raramente retribuidas.
