Los
contratos públicos de la empresa de seguridad que presidió Morenés crecen un
79%
El ministro de Defensa presidió en 2011 Grupo Segur: en los
tres años siguientes sus empresas se llevaron 34 contratos, frente a 19 en el
trienio anterior.
Segur Ibérica, del Grupo Segur, con litigios en los
tribunales, se ha llevado recientemente parte del contrato para la vigilancia
exterior de las prisiones.
Desde que Morenés es ministro su exempresa ha ganado
contratos para vigilar sedes de Hacienda, Seguridad Social, Defensa, RTVE o
museos como el Prado.
Securitas, de capital sueco, se lleva el 54% de los contratos;
y Seguriber, la empresa del Madrid Arena, ha firmado 1.452 contratos.
Fuente: 20minutos.es – 25 Noviembre 2014
La empresa de
seguridad Segur Control, del Grupo Segur, es la quinta compañía del sector que
más veces ha sido contratada por el Estado, según reza una reciente respuesta
parlamentaria que analiza las 50 empresas de seguridad que más adjudicaciones
han recibido de la Administración central. En concreto, Segur Control ha ganado
5.091 adjudicaciones. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, presidió el
Grupo Segur, la matriz de Segur Control, desde el 20 de octubre de 2011 hasta
que fue nombrado ministro un par de meses después. "Creo que he sido el
presidente más breve de esa empresa", explicó Morenés en el Congreso para
defender su nombramiento como ministro independiente de las influencias de los
lobbies empresariales. Otro ex alto cargo del PP, la exministra Anna Birulés,
fue consejera de la sociedad.
En los
tres años siguientes a que Morenés dejará la empresa y asumiera el cargo de
ministro (2012, 2013 y lo que llevamos de 2014), las empresas del grupo han
ganado 34 contratos públicos por valor de 24,4 millones, un 79% más de
adjudicaciones si comparamos este trienio con los tres años anteriores a que
Morenés llegara a la presidencia de este grupo: 19 contratos en 2009, 2010 y
2011 por valor de 17,6 millones de euros. El volumen de dinero, por tanto, ha
aumentado un 38,6% entre los dos periodos. Son datos analizados en el perfil
Contratación del Estado. Entre esos 34 contratos hay tres adjudicados por el
ministerio de Defensa, todos para la vigilancia de la fábrica de armas de
Oviedo. En los 19 contratos del periodo 2009-2011, cuatro fueron adjudicados
por Defensa.
El
Grupo Segur está especializado en prestar vigilancia de edificios. La
Administración estatal le ha contratado en estos últimos tres años para vigilar
sedes de Hacienda, de la Seguridad Social, de Defensa, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y de la Energía, sedes de RTVE, bibliotecas y museos
como el Prado o el Reina Sofía. Desde el 1 de octubre es una de las diez empresas
encargadas de la vigilancia exterior de las prisiones. Sus vigilantes están en
las cárceles encuadradas en lote 4: Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana,
Murcia y Navarra. Se lleva 7,3 millones de euros por un año de servicio junto a
la empresa Coviar.
Muchos
de los contratos de seguridad se tramitan por la fórmula de "procedimiento
negociado sin publicidad". En estos procedimientos no se realiza concurso
abierto, sino que es el licitador (en este caso, el Gobierno) quien invita a
una serie de empresas a presentarse y quien elige la compañía que presente la
oferta más ventajosa. Para la vigilancia de prisiones, se dividió el territorio
español en cuatro lotes y se adjudicó uno de ellos a Segur Ibérica. Años antes,
en 2009, la empresa también se llevó el contrato para defender a los atuneros
españoles que faenan en el Índico de los ataques de los piratas.
Sospechas en la 'operación Púnica'
En total, el Estado ha
licitado 238.521 contratos con 50 empresas de seguridad, aunque la respuesta no
especifica el volumen de contratación. La respuesta solo facilita los contratos
adjudicados por el Estado, no por las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos. A pesar de su importante volumen de contratación, las empresas
del Grupo Segur han tenido y tienen importantes problemas con la justicia.
Cinco exdirectivos de
Segur Ibérica están imputados en el juzgado número 19 de Barcelona por los
delitos de estafa y falsedad documental. En 2009 y 2010 Segur Ibérica obtuvo un
importante contrato con Adif, la empresa pública que gestiona las
infraestructuras ferroviarias. La Asociación para la Defensa del Patrimonio
Común y Lucha contra la Corrupción (Aspacom) denunció a Segur Ibérica por
contratar a vigilantes que no tenían la titulación adecuada y por facturar
horas de vigilancia que no se había realizado. El fraude en esos dos años
alcanzó los 451.000 euros. Otro juzgado, el 21 de Barcelona, también investiga
a Segur Ibérica por falsificar cuadrantes de servicio para colocar a vigilantes
ficticios y facturar horas no trabajadas en la Biblioteca de Cataluña, ente de
la Generalitat catalana que también le adjudicó otro contrato. Un directivo de
Segur Ibérica ya ha declarado que disfrazaron a jardineros como vigilantes de
seguridad.
En el marco de la
Operación Púnica, la Fiscalía Anticorrupción está revisando las adjudicaciones
que hizo el exconsejero Francisco Granados a Segur Ibérica, que tuvo entre sus
empleados a un familiar de Esperanza Aguirre, su prima Marta Gil de Biedma. En
marzo de 2008, Granados, imputado en el caso, adjudicó los contratos de
vigilancia y seguridad de las sedes de Presidencia y Vicepresidencia, y las consejerías
de Presidencia e Interior a esta empresa por 2,6 millones de euros.
La compañía con más contratos, en manos suecas
Securitas Direct España es la firma con
más contratos, concretamente 130.282, el 54% del total. Los empresarios suecos
Gustaf Douglas y Melker Slöring controlan el 42% de las acciones de Securitas
AB, la matriz de Securitas. Securitas Seguridad España, otra firma del Grupo
Securitas, ocupa el puesto 15 en la lista con 2.165 contratos públicos. El
segundo lugar en el ranking lo ocupa la empresa Prosegur España, con 22.725
adjudicaciones. Prosegur, está presidida por la empresaria argentina Helena
Revoredo Delvecchio, viuda del fundador de la compañía y que tiene más del 50%
de las acciones. En febrero de este año, Bill Gates compró el 3% de Prosegur.
Revoredo acaba de ser nombrada consejera independiente de la eléctrica Endesa.
Prosegur también ha tenido relaciones
contractuales con exdirigentes del PP. El exministro de Fomento Rafael Arias
Salgado, que ocupó la cartera de Trabajo en la legislatura 1996-2000, había
presidido años antes Prosegur. José María Mayor Oreja, hermano del exministro
del PP Jaime Mayor Oreja, fue apoderado de Protección y Custodia S.A. que, tras
la absorción por Protecsa, se convirtió en Prosegur. La compañía, la primera
del sector en España, y a pesar de los miles de contratos públicos que recibe,
iba a aplicar este año un ERE que iba a afectar a 1.000 trabajadores, que
finalmente no se produjo. Prosegur facturó el año pasado 3.695 millones de
euros y cuenta en España con unos 27.000 empleados.
Otra empresa del sector es Seguriber,
presidida por Mónica de Oriol, famosa por ser la compañía que tenía adjudicada
la seguridad del pabellón Madrid Arena en la noche de Halloween de 2012, cuando
se produjo una avalancha en la que murieron cinco chicas. Seguriber ha sido
contratada 1.452 veces por la Administración General del Estado, ocupando el
puesto 18 en la lista. De Oriol es además presidenta del Círculo de Empresarios
y una mujer polémica tras sus últimas declaraciones, en las que abogaba por
sueldo inferiores al mínimo para trabajadores sin formación, y prefería
contratar mujeres con más de 45 o menos de 25 para evitar embarazos.
Seguriber
fue una de las seis empresas invitadas por Interior para participar en el
proyecto piloto de seguridad privada en el exterior de las cárceles, por el que
cobró 879.000 euros. Pero pasado ese año, Seguriber se ha quedado fuera del
contrato definitivo, que entró en vigor el 1 de octubre. Interior si ha
renovado en los últimos años los contratos a Seguriber para dar protección a
personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra. Entre el 1 de enero de
2008 y el 31 de enero de 2014, Interior ha pagado a esta empresa 63 millones de
euros por este servicio.
Una empresa canaria con muchos litigios
En el listado de empresas más
contratadas se ha colado Seguridad Integral Canaria, con 762 adjudicaciones. La
compañía es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, un conocido empresario canario
(presidente del equipo la U.D. Las Palmas) que fue condenado en 2011 a tres
años de cárcel por construirse ilegalmente un chalé en una zona protegida de la
isla de Gran Canaria. Ese mismo año había donado legalmente al PP unos 50.000
euros. Fue indultado en octubre de 2013. En febrero de 2014, la Fiscalía se
querelló contra él por defraudar 2,3millones de euros a la Seguridad Social
tras camuflar con dietas el pago de horas extraordinarias.
A pesar de esta imputación, ha seguido
ganando contratos del Estado, uno de ellos de Patrimonio Nacional por valor de
11 millones de euros. También la seguridad de los tres ministerios que tienen
su sede en el complejo de Nuevos Ministerios de Madrid: 2,8 millones al año. En
septiembre de este año se formalizó el contrato para que la empresa canaria
prestara vigilancia a varios edificios militares del ministerio de Defensa por
unos 16 millones de euros al año. La seguridad de parte de la red de Metro de
Madrid también está en manos de esta empresa. En Metro de Madrid intentó hacer
un ERE, pero finalmente no prosperó.
"Seguridad Integral Canaria es la
empresa canaria que seguramente más litigios laborales tiene actualmente en los
tribunales", señalan fuentes de Intersindical Canaria. La compañía se
descolgó del convenio del sector, "lo que supone que paga unos 300 euros
mensuales menos a cada trabajador". El tema está en el Supremo. También el
convenio que Miguel Ángel Ramírez quiso aplicar en su empresa, rechazado por el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y que el empresario ha llevado
también al Alto Tribunal. "La empresa se lleva el 80% de las contratas
públicas relativas en seguridad que hay en las islas. Sus vigilantes están en
el Palacio del TSJ de Canarias, curiosamente el órgano que rechazo su abusivo
convenio", explican desde el sindicato canario.
Relaciones con el PP
Eulen es otra de las empresas
beneficiadas. De los 82.000 empleados que suma la multinacional, casi 7.000 se
dedican a la seguridad privada. El empresario leonés David Álvarez y sus siete
hijos se reparten la compañía y se disputan su control, y el de otras
posesiones como las bodegas Vega Sicilia.
En su plantilla está Micaela Nuñez
Feijoo, hermana del presidente gallego del PP. El Ejecutivo gallego ha hecho
varias adjudicaciones a Eulen, unos contratos que levantaron polvareda. En lo
referente al Estado, 703 contratos. Solo en 2014, el ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente le adjudicó la vigilancia de las presas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 650.076 euros. Y el ministerio
del Interior le pagará 5,2 millones de euros por el mantenimiento de la
frontera de Melilla. El ex ministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja
también trabajó en Eulen. Tuvieron que ser tres instancias judiciales, un
juzgado de Primera Instancia de Vitoria, la Audiencia Provincial de Álava y el
Tribunal Supremo (ver sentencia) quienes demostraran en dar por probada la participación
de Jaime Mayor Oreja en la compañía.
La patronal del sector, Aproser, que
aglutina doce compañías que representan cerca del 70% del volumen de negocio en
España, asegura que el sector cuenta con 88.250 vigilantes de seguridad en
activo, de los más de 200.000 habilitados por el Ministerio del Interior. Todos
trabajan en unas 1.500 empresas. Los últimos datos (de 2012) revelan que las
empresas facturaron 2.994 millones de euros. Aproser asegura que solo el 22% de
sus contratos proceden del sector público. Según el último convenio laboral,
firmado en octubre de este año, un vigilante de seguridad cobra 1.091 euros. Si
es de transporte, sube a 1.400 euros. Y un escolta, 1.210 euros mensuales, sin
contar antigüedad y nocturnidad.
