Imputadas
por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa
Dos mandos están acusados de
cobrar comisiones por la adjudicación de concursos
Fuente:
elpais.es - MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid 13
SEP 2015
El
titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 ha imputado
“provisionalmente” por cohecho a una docena de empresas, con sus
correspondientes responsables, contratistas del Ministerio de Defensa, al que
prestan servicios en áreas como seguridad privada, pólizas de seguro, alimentación
o limpieza. Todas las empresas tuvieron relación con los tenientes coroneles C.
P. R. y E.R.R., destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y
el Cuartel General del Ejército, respectivamente, que fueron detenidos el
pasado 28 de abril.
La
Guardia Civil bautizó con el nombre de KPanda la investigación a los dos mandos
militares, que incluyó intervenciones telefónicas, control de cuentas bancarias
y seguimiento de sus comidas en lujosos restaurantes de Madrid con directivos
de empresas contratistas de Defensa. La detención de los dos mandos causó un
considerable revuelo, ya que el juez ordenó el registro de sus despachos
oficiales en la sede central del ministerio y en el Cuartel General del
Ejército.
Firmas
imputadas
Ucalsa
Seguridad Integral Canaria
Galilea
Soluciones S.L.
Ariete
Proman
Willis
Ibérica
Beyond
Soluciones y Servicios S.L.
TRC
Informática S.L.
Grupo
Olmata
Cleanet
RMC JIT S.L.
Tecnove
S.L.
Clece
Ante el
juez, el teniente coronel E. R. R. admitió que asesoraba a empresas
contratistas de Defensa, preparándoles documentación administrativa y
avisándoles de cuándo se iba a convocar algún concurso. A cambio, recibía
contraprestaciones en metálico o en forma de invitaciones a partidos de fútbol
y tenis o corridas de toros. También reconoció haber recibido una transferencia
de 20.000 euros de Ucalasa (Unión Castellana de Alimentación), que utilizó para
pagar en parte un vehículo Audi A5. Aunque aseguró que se trataba de un
préstamo, no se formalizó en ningún documento ni se declaró a Hacienda. Igualmente admitió haber recibido 5.000
euros de Seguridad Integral Canaria, 6.500 de la empresa de limpieza
Cleanet y otros 2.000 de la compañía de
seguridad Ariete. Además, un hijo suyo trabaja desde hace pocos meses para
Proman, adjudicataria de unos 70 contratos de Defensa.
El
teniente coronel insistió en que, aunque es secretario de la Junta de
Contratación del Ejército, no tiene poder decisorio. Y aseguró que su
asesoramiento a las empresas era conocido y consentido por sus jefes. El dinero
que recibía por ello, según dijo, lo guardaba en una caja fuerte y 11.800 euros
los gastó en reformar una casa de su propiedad.
Por su
parte, el también teniente coronel C. P. R., destinado en la Subdirección de
Contratación de Defensa, se negó a declarar ante el juez, escudándose en el
carácter secreto del sumario. Su compañero, sin embargo, confesó que ambos
“iban al 50%” y agregó que, aunque C. P, R. tampoco tenía poder para adjudicar
contratos, era el encargado de gestionarlos y vigilar su cumplimiento una vez
firmados. También un hijo de C. P. R. trabaja para una empresa que suministra a
Defensa: Ucalsa.
En un
control policial rutinario, a la salida de una comida con directivos de Proman,
se encontraron a E. R. R. dos sobres con 2.000 euros cada uno; mientras que en
el registro de la casa de C. P. R. se incautó un reloj de 2.870 euros comprado
por Tecnove. Los dos mandos militares no han sido los únicos arrestados. El
pasado 3 de mayo fueron detenidos tres directivos de empresas contratistas con
Defensa —M. R. A., de UCALSA; y A. C. A. y L. B.M., de Proman—, aunque quedaron
en libertad tras prestar declaración.
Finalmente,
el juez ha citado como imputadas a una docena de empresas, aunque reconoce que
los indicios contra algunas de ellas son escasos. No es el caso de Ucalsa o de
los dos mandos militares, que siguen en prisión por un delito contra la
Hacienda Militar, penado con hasta seis años. El defensor de uno de ellos,
Antonio Suárez-Valdés, sostiene que no tenían posibilidad de dar contratos, ya
que se adjudicaban por subasta electrónica, y solo han podido incurrir en
incompatibilidad administrativa por asesorar a las empresas.
Un
chivatazo confidencial
M. G.
La
investigación se inició en noviembre pasado, después de que en la Dirección
General de Asuntos Económicos de Defensa se recibiese una “información
confidencial de una fuente fiable”, según la cual dos tenientes coroneles
“estaban pidiendo comisiones a empresas relacionadas con expedientes de
contratación” del ministerio.
La subsecretaria
de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, trasladó la denuncia a la fiscalía
castrense, que ordenó investigar a la Guardia Civil. Las sospechas se vieron
corroboradas por la declaración de un responsable de Seguridad Integral
Canaria, quien aseguró que los dos tenientes coroneles le habían pedido un pago
mensual “por la contratación de su empresa en el Ministerio de Defensa” y
aportó la grabación de una comida con ellos.
Finalmente,
en marzo pasado, la Fiscalía presentó una denuncia ante la Justicia militar. La
causa fue declarada secreta y los dos tenientes coroneles fueron detenidos el
28 de abril. El juez ordenó prisión incomunicada.
