CCOO insiste en denunciar intrusismo en centros de menores

CCOO estudia elevar las denuncias por “intrusismo” al Ministerio del Interior

Fuente: elpueblodeceuta.es – 31 Octubre 2012

El responsable del sector de Seguridad Privada de CCOO, Francisco Muñoz, no descarta elevar las denuncias por posible "intrusismo laboral" presentadas en Delegación del Gobierno hace más de una semana, hasta la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior debido a la falta de respuesta. Muñoz aseguraba que en materia de Seguridad Privada las leyes y la normativa son muy claras y que las medidas adoptadas por la Ciudad Autónoma "se están incumpliendo, especialmente en la desaladora".

Las denuncias y quejas presentadas por CCOO en Delegación del Gobierno ante el posible "instrusismo laboral" que está cometiendo la Ciudad Autónoma de Ceuta tras las encomiendas de gestión y guardería a los empleados de la empresa Amgevicesa, continúan sin respuesta, tal y como así lo confirmaba ayer a EL PUEBLO el responsable del sector de Seguridad Privada de CCOO, Francisco Muñoz.

Muñoz aseguraba ayer no entender la demora que se está produciendo en la resolución de estas quejas cuando la ley es muy clara en el ámbito de la Seguridad Privada, y a su entender "el intrusismo laboral es claro en los centros de menores donde se ha dejado de prestar el servicio para dejar paso al personal de Amgevicesa".

El responsable de Seguridad Privada de CCOO en Ceuta aseguraba que de no obtener una respuesta a las denuncias presentadas antes del final de semana, estudiarán la posibilidad de elevar la denuncia hasta el Ministerio del Interior, más concretamente a la Secretaría Técnica del citado ministerio.

A este respecto, adelantaba que el último informe realizado por la Policía Nacional con respecto al personal de Amgevicesa reubicado en los centros de menores, resalta que realizan labores de ordenanza, algo sobre lo que "discrepa" Muñoz, quien asegura que "todo el mundo sabe que no sólo hacen funciones de ordenanza, sino que también actúan como vigilantes pese a no tener la cualificación necesaria para ello".

A este respecto, Muñoz volvía a insistir que con todas estas decisiones tomadas desde la Ciudad Autónoma, se le ha hecho mucho daño al sector de la Seguridad Privada, recordando que "ya han perdido su puesto de trabajo un total de siete personas en Prosegur por culpa de esta medidas, y no descarto que en los próximos días se puedan producir más despidos dentro de la empresa ya que la situación generada es insostenible".

Preocupación entre los trabajadores de la Seguridad Privada

Francisco Muñoz, responsable del sector de Seguridad Privada manifestaba ayer la "gran preocupación" que genera este posible "intrusismo", máxime "en la situación económica laboral actual y ante la más que segura pérdidas de puestos de trabajo entre los trabajadores del citado sector". A este respecto hay que recordar que los sindicatos han puesto en mano de sus respectivos gabinetes jurídicos esta situación, la cual está siendo estudiada apoyándose especialmente en las Normas de Seguridad de Edificios Públicos contempladas en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la ley de Contratos de las Administraciones Públicas en la que quedan especificadas las encomiendas de gestión; y finalmente en la ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A este respecto, según los sindicatos la normativa de seguridad de los Edificios Públicos es muy clara y se encuentra incluida en la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de indicar que esta debe ser desempeñada por personal cualificado para ello y con la preparación necesaria, no en vano los numerosos vigilantes de seguridad existentes en Ceuta han recibido la titulación del Ministerio de Interior tras la formación y los exámenes pertinentes. Los sindicatos aseguran que "la Ciudad ha mermado la seguridad de la Administración gracias a la sustitución de estos vigilantes de seguridad por personal de Amgevicesa, que pese haber recibido diversos cursos no están cualificados para desempeñar esta función".

Rechazado recurso de Aproser contra una adjudicación del Gobierno Canario

A CARGO DE SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

El TS respalda el servicio de escoltas del Gobierno canario

Fuente: canariasahora.com – 30 Octubre 2012 –

SANTA CRUZ DE TENERIFE. - NOÉ RAMÓN

Una asociación consideró que se excluía a los vigilantes privados y se favorecía el intrusismo.

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado el resultado del concurso convocado en 2007 para dotar de protección a los altos cargos del Gobierno de Canarias durante sus desplazamientos , actos y celebraciones públicas que recayó en Seguridad Integral Canaria SA con un importe de 620.000 euros. De esta manera se rechaza un recurso presentado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) que habían puesto en duda el contenido del pliego de condiciones por los que esta prestación salió en su día a concurso y que iba a estar vigente hasta 2009 o al menos hasta que se agotara la partida.

Los letrados del ejecutivo autónomo defendieron que la oferta ganadora no sólo fue la única que concurrió al concurso sino que también se cumplió en todo momento con los criterios de objetividad, vinculación con el objeto del contrato, generalidad y distinción entre la finalidad de la prestación y la forma de ejecutar el servicio que se va a ofrecer.

En el pliego se especificaba que los adjudicatarios estaban obligados a garantizar la seguridad de las autoridades canarias tanto en las isla como en sus desplazamientos a Madrid y excepcionalmente en el resto del territorio nacional. Para ello debían disponer de vehículos y medios auxiliares y dar cobertura durante un mínimo de 28.181 horas.

Entre las condiciones que se exigían estaba por ejemplo que debían disponer de plazas de garaje para un mínimo de tres vehículos dentro de un radio de cinco kilómetros en el entorno de la plaza de Cibeles en la capital de España. También debían contar con un coche de gama alta que estuviera a disposición de los altos cargos durante 100 horas al año en previsión de que se produjera una avería en los que actualmente el Gobierno tiene en Madrid. A la vez era obligatorio contar con un teléfono satélite portátil para situaciones de emergencia en los viajes fuera de la isla. "Es necesario procurar la total confianza, bienestar y sensación de seguridad para el traslado y desplazamiento de personalidades aunque la prestación del servicio se realice en condiciones adversas, complicadas y de inseguridad", se indicaba.

APROSER, sin embargo, argumentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) primero y luego ante el Supremo que el objeto del concurso se extralimitaba e incurría en un supuesto "abuso o exceso". Incluso se alegó sin que los tribunales le dieran la razón que no podían participar en estas labores personas mayores de 65 años apelando a una sentencia anterior que se refería a la adjudicación de nuevas oficinas de Farmacia. La empresa recurrente estimó que no se conocían exactamente cuáles eran los servicios que se iban a prestar y pedía que se concretara el número de personalidades que se debía proteger, puestos que se requerían para cada una de las categorías, horas y días, turnos, frecuencia de la prestación de servicios y número de vehículos y medios auxiliares que se tenían que emplear en cada una de las localizaciones.

Sin embargo, los tribunales rechazaron el argumento de que las cláusulas eran "imprecisas y ambiguas" y daba lugar a confusión entre las empresas que estuvieran interesadas en participar en el concurso. De hecho se estimaba que de esta manera se daba lugar al intrusismo y a la competencia desleal hasta el punto de ir en contra de una proposición de no de ley aprobada por el Parlamento canario en el que se respaldaban los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación en este tipo de actos administrativos. El Supremo, por el contrario, estima que de las cláusulas recogidas en el pliego "se desprende sin ningún margen de error el objeto del contrato" y las labores que se deben desempeñar durante la vigencia de la prestación. Tampoco estima que de las mismas se determine la exclusión a priori de las empresas de seguridad privada de la posibilidad de contratar esta prestación con la Administración.

Sentencia

Isla de San Simón rescinde el contrato por impagos

San Simón, sin vigilancia tras rescindir el contrato con la empresa de seguridad

La isla queda desprotegida por las noches, aunque existen cámaras - La Consellería de Cultura confía en resolver el problema en 15 días

Fuente: elfarodevigo.es – 30 Octubre 2012 –

ANTONIO PINACHO – REDONDELA

La isla de San Simón permanece sin vigilancia nocturna desde la semana pasada después de que la Fundación Illa de San Simón -entidad adscrita a la Consellería de Cultura que gestiona el archipiélago redondelano- rescindiese el contrato con la empresa de seguridad debido a los problemas de liquidez que afecta a la compañía, que acumula deudas con la Seguridad Social y con sus trabajadores.

Según confirmaron desde la Consellería de Cultura, la situación económica de la empresa de seguridad obligó a prescindir de sus servicios tras negociar un acuerdo con los dos trabajadores que prestaban servicio en la isla y ya se han iniciado los trámites para retomar cuanto antes la vigilancia nocturna por medio de otra compañía, un problema que confían en tener resuelto en un plazo máximo de quince días.

Para agilizar esta gestión se ha optado por realizar, en principio, un contrato menor de unos meses de duración mientras se crea el concurso público para el contrato a largo plazo. Esta fórmula, que actualmente cuenta con tres ofertas, permitirá evitar los filtros de contratación y acortar el proceso.

La nueva empresa, como se acordó en la negociación con los trabajadores, deberá garantizar la continuidad de los mismos empleados.

Desde el departamento de Cultura de la Xunta también recalcan que, pese a que la isla carece de vigilancia nocturna, la seguridad está garantizada con un sistema de cámaras instaladas en los distintos edificios y, durante el día, el control lo realiza el bedel.

Además el archipiélago mantiene una continua presencia del personal que trabaja en la Fundación Illa de San Simón.

El portavoz del PSOE en Redondela, Eduardo Reguera, reclama a la Consellería de Cultura que retome el servicio cuanto antes "puesto que se trata de un bien de interés cultural que no puede quedar desprotegido por las noches".

Comité denuncia irregularidades en Valle Tabares

Vigilantes del centro de Valle Tabares, con turnos de 20 y 24 horas seguidas

Fuente: eldia.es - 30/oct/12 - PEDRO FUMERO, S/C de Tfe.

El comité de empresa del centro de menores de Valle de Tabares denunció ayer supuestas irregularidades por parte de la empresa encargada de la seguridad ante el Juzgado de Guardia de Santa Cruz, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario y la Fundación Ideo, responsable de la gestión de estos recursos. Un directivo de Seguridad Integral Canaria (SIC) afirmó que las denuncias no se ajustan a la realidad. Los representantes del personal aseguran que por parte de la empresa se obliga a los trabajadores "a realizar turnos de más de 8 horas, en contra de lo que recoge el contrato" suscrito entre la adjudicataria y el Ejecutivo. Según el texto, esta situación deriva en que "las condiciones físicas y mentales de los compañeros se vean mermadas seriamente como consecuencia de obligarnos a realizar (...) turnos de 16, 20 y 24 horas ininterrumpidas, llegando incluso a sufrir algunos compañeros crisis de ansiedad" en plena jornada laboral.

El comité afirma que la empresa no posee trabajadores suficientes para efectuar correctamente los relevos. En Valle Tabares trabajan en torno a 60 vigilantes y serían necesarios diez más. Algunos de los vigilantes no poseen los dos años de experiencia ni la formación requeridas en contrato para prestar el servicio adecuadamente, "lo que pone en peligro" a veces "al resto de compañeros en las intervenciones que llevamos a cabo", según la denuncia.

Para el comité, Seguridad Integral Canaria no cumple con las obligaciones salariales recogidas en el convenio nacional de seguridad privada, "por lo que a más del 95 por ciento de los trabajadores se nos adeuda una media de 3.000 euros". Otra crítica consiste en que la adjudicataria no ha dotado al personal del material ni el equipamiento obligatorio necesario que figura en el contrato.

Según el escrito entregado en la Dirección General del Menor, la empresa destina trabajadores a dirigir el servicio que no poseen las habilitaciones contempladas en la legislación de Seguridad Privada, por lo que el caso también se denunció ante el Grupo Operativo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.

Reglamento de Procedimientos de despido colectivo

Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

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CCOO denuncia los impagos en la Delegación de Hacienda

GRANADA

Esabe adeuda siete nóminas a la plantilla, según CCOO

El sindicato ha realizado un llamamiento a la Junta de Andalucía para que rescinda el servicio a la adjudicataria de la seguridad en la Delegación de Hacienda

Fuente: elideal.es - 29.10.12 - EUROPA PRESS | GRANADA

CCOO afirma que la empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada en la Delegación de Hacienda de la Junta en Granada, Esabe, "adeuda hasta siete mensualidades" a los vigilantes que prestan sus servicios en estas dependencias.

Según indica en una nota el responsable adjunto de Seguridad Privada de CCOO de Granada, Francisco Trapero, la empresa adeuda cerca de 12.000 euros a cada trabajador y "tampoco ha aplicado la subida salarial correspondiente a 2011 y 2012 estipulada en el convenio estatal" del sector, "ni está abonando las horas extras".

El sindicato ha realizado un llamamiento a la Junta de Andalucía para que rescinda el servicio a la empresa, al entender que "está abocando a la desesperación y a la pobreza a sus trabajadores que sobreviven a día de hoy gracias a la solidaridad de familiares y amigos y "están viviendo un auténtico drama humano", ha censurado Trapero, quien asegura que "un compañero de Sevilla al que la empresa debía 10.000 euros en nóminas" se "quitó la vida hace unas semanas".

El sindicato afirma haber constatado que los trabajadores "están sufriendo retrasos en el desembolso de las nóminas" y haber detectado "irregularidades en la cotización de horas extraordinarias y en las formas de pago", por lo que ha remitido copia de los informes desfavorables de la Inspección de Trabajo a las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de Gobernación, Empleo y Hacienda de la Junta en Granada, instando a la Administración autonómica a que tome las medidas legales oportunas contra la adjudicataria.

En opinión del representante sindical, un ente público "no puede contratar a ciertas empresas que incumplan con la Legislación en materia de los derechos laborales".

SECURITAS: Comité de Bizkaia afronta el futuro ERE

En reunión celebrada el pasado día 23, el Comité de Empresa de Bizkaia ha llegado a un acuerdo para ajustar las jornadas de trabajo con la intención de minimizar al máximo posible los efectos del ERE planteado por SECURITAS en todas sus delegaciones.  

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Coruña: Siete meses sin cobrar y doblando turnos

Los vigilantes de la estación de autobuses denuncian que llevan siete meses sin cobrar

Fuente:elidealgallego.com - N D.G. A CORUÑA | 28 Octubre 2012

Siete meses sin cobrar sin una justificación plausible. Esa es la situación a la que se enfrentan los cincos trabajadores encargados de la vigilancia en la estación de autobuses. La indignación y los apuros económicos están ahogando a la plantilla, que ve como pasan los meses sin poder percibir las nóminas. Y aunque hasta ahora habían guardado silencio, uno de los afectados se ha decidido a denunciar la situación “porque se está haciendo insostenible”.

“La empresa siempre había tenido algunos problemillas y nos pagaba con retraso, pero esta vez llevamos sin cobrar desde marzo y no aguantamos más”, explica Julio Fernández. Aunque solo lleva año y medio en la estación, Fernández ya había trabajado en otras empresas del sector de la seguridad privada. “Tengo 48 años y en mi vida me había pasado nada igual”, relata, mientras asegura que los atrasos están haciendo mella en la economía familiar, “estuvieron a punto de echarnos de nuestra casa porque no podíamos pagar el alquiler y tuvimos que pedir dinero a familiares y amigos” .

“Piden a Movilidad que obligue a la concesionaria a abonar los salarios”

Fernández, que tiene tres hijos, afirma que sus compañeros también están pasando por problemas, aunque todavía no se han atrevido a denunciar. “Antes teníamos un comité de empresa, pero desapareció, así que nosotros mismos se lo comunicamos al director de la estación, a la concejala de Transportes y al concejal de Movilidad para ver si podían hacer algo”, señala.

Falta de seguridad

Los afectados esperan que el gobierno municipal puedan intermediar en el conflicto y presionar a la concesionaria del servicio para que pague los salarios atrasados. “Alguien tiene que hacerse responsable de esto porque conocen bien el problema. Nos dicen que la concejala (Begoña Freire) está negociando, pero todavía no sabemos nada”, denuncia Fernández. “¿O es porque el Ayuntamiento no está pagando a la empresa?”, apostilla.

El vigilante afirma que el desánimo está cundiendo en la plantilla y que además de no cobrar, se les exigen turnos más largos de lo debido: “Un compañero llegó a trabajar 16 horas seguidas porque no tenía sustituto”. Una situación que, según los afectados, acabará poniendo en riesgo el mantenimiento de la seguridad en la estación de buses.

Seis años por agredir a un Vigilante

AL DÍA LOCAL

Condenado a 6 años por agredir con un martillo al vigilante de una empresa de Idiazabal

El acusado deberá indemnizar a la víctima con 28.800 euros por las lesiones que le causó 

Fuente: diariovasco.com - 28.10.12 - 01:27 - 

JAVIER PEÑALBA | SAN SEBASTIÁN.

Un Juzgado de San Sebastián ha condenado a casi seis años de cárcel a un ciudadano rumano que tras acceder a una empresa de Idiazabal con el propósito de cometer un robo hirió de gravedad a un vigilante de seguridad, a quien agredió repetidas veces con un martillo. El acusado ha sido igualmente sentenciado a indemnizar a la víctima con 28.820 euros por las lesiones que les causó.

Los hechos que ahora han sido sentenciados por el Juzgado de lo Penal 2 de Donostia ocurrieron el 6 de enero de hace dos años. El acusado, Eugen C.C., de 29 años entró en la garita de seguridad de la empresa Ampo, donde comenzó a registrar varios cajones.

La resolución judicial detalla que el presunto ladrón, que llevaba su rostro oculto bajo un pasamontañas, fue sorprendido en aquel instante por el vigilante, a quién golpeó con un martillo en la cabeza. A partir de ese instante se produjo un forcejeo entre ambos, en el transcurso del cual el guarda consiguió despojar de la prenda con la que el cubría el rostro al ladrón.

Durante la pelea, víctima y agresor salieron al exterior de la garita, donde, debido a la pugna que mantenían, el guarda terminó por caer a suelo. La sentencia indica que en aquel instante, el ladrón sacó un cutter con el que hirió al vigilante tanto en la cara como en las venas de la muñeca izquierda. Seguidamente, volvió a esgrimir el martillo con el que propinó de nuevo varios golpes al encargado de la seguridad de la empresa. Tras recibir varios impactos en la cabeza, el guarda logró zafarse del agresor y pudo refugiarse en la cabina de la báscula.

Como consecuencia de estos hechos, el vigilante resultó con heridas inciso-contusas en la sien izquierda, labio y muñeca izquierda, donde además sufrió la sección parcial de un nervio. Debido a los golpes y heridas, la víctima tardó 450 días en curar de las lesiones. De ellos, tres estuvo hospitalizado y 268 sin poder realizar sus ocupaciones habituales.

Como secuelas le han quedado una cicatriz en la muñeca izquierda de 35 centímetros, otras dos de 3 y 2 centímetros en la zona frontal izquierda y una más en la mejilla de un centímetro. Padece además hormigueos en la palma de la mano, además de un trastorno depresivo y del humor.

El Juzgado de lo Penal 2 de Donostia considera que el acusado incurrió en un delito de robo con violencia en grado de tentativa, por el que se le impone una pena de dos años, así como de otro de lesiones por el que se le sentencia a tres años y diez meses más. También, acuerda que el acusado indemnice al vigilante con 28.820 euros por las lesiones que sufrió y las secuelas que padece.

Durante el juicio, el acusado negó su participación en los hechos. Aseguró que en aquellas fechas se encontraba en Rumanía.

SECURITAS: 7 de Noviembre

El próximo 7 de Noviembre, el Presidente del Grupo Securitas, el sueco ALF Göransson, presentará en Estocolmo el informe provisional de la compañía correspondiente al periodo Enero – Septiembre 2012, según ha informado la empresa en una Nota de Prensa fechada el día 26 de Octubre, días después de que anunciasen su intención de efectuar un Expediente de Regulación de empleo ( ERE ) en Securitas Seguridad España. 

CCOO se defiende pero augura más despidos en Prosegur

CCOO se defiende pero augura más despidos de trabajadores eventuales en PROSEGUR

Fuente: ceutaldia.com – 25 Octubre 2012

La polémica sigue abierta.

- El sector de Seguridad Privada de los comisionistas replica tras las crítica de CSI.F que los siete despidos registrados lo han sido "por orden de antigüedad"

- Los delegados agradecen que la empresa haya seguido abonando sus salarios pese a las deudas que, afirman, mantiene la Administración local con ella

- Más de veinte vigilantes, afectados por las encomiendas a Amgevicesa y los cambios en la desaladora

El sector de Seguridad Privada de CCOO-Ceuta ha salido al paso este jueves de las críticas vertidas contra su representación en PROSEGUR por parte de CSI.F, que esta semana acusó a los delegados comisionistas de"pactar" despidos sin criterio en dicha empresa. El sindicato ha recordado que viene advirtiendo desde julio de que los servicios "se podrían ver afectados por las maniobras del Gobierno de Ceuta consistentes en suplir al personal de Seguridad Privada homologado por Interior por personal de Amgevicesa en los centros de Menores, generalmente".

Según CCOO, estos cambios "y los compañeros afectados por las medidas adoptadas en ladesaladora" suman un total de 21 puestos de trabajo perdidos. Sólo en PROSEGUR se han concretado siete despidos, pero Comisiones ha reconocido que "se producirán más de personal contratado por circunstancias eventuales".

La central ha defendido, sin embargo, que todos estos despidos se han efectuado "por orden de antigüedad, del trabajador más moderno al más antiguo, independientemente de su modalidad (obra y servicio o indefinidos) como determina PROSEGUR-Madrid, ya que si esto fuera un ERE encubierto se hubiese producido antes y además ningún miembro del Comité de Empresa ha firmado nada, mucho menos CCOO-Ceuta, para llegar a un acuerdo por los efectuados".

"Los representantes de CCOO en PROSEGUR no entendemos, como miembros del Comité de Empresa, que quienes no aparecen a sus reuniones o lo hacen en un estado lamentable pueda emanar graves implicaciones diciendo que pactamos despidos", ha criticado Comisiones a CSI.F en una nota en la que ha recordado que si la salida de los trabajadores de PROSEGUR hubiese venido seguida por la incorporación de otra sociedad los perjudicados directamente hubiesen sido subrogados.

"Vivas no toca a los suyos"

"Como hablamos de colocar a personal de empresas municipales al que se asignan funciones no propias, esta situación no se cumple, manteniendo Vivas su compromiso de no tocar a los suyos", ha completado su argumentario el sector de Seguridad Privada, que ha acusado a CSI.F de no haber interpuesto ninguna denuncia cuando el sector atisbó lo que se venía encima.

Según Comisiones, "PROSEGUR, por motivos ajenos a la empresa, despide a los trabajadores, pero los miembros de la plantilla de vigilancia hemos podido cobrar nuestras mensualidades: si hubiese sido una pequeña empresa local o sin fondos lo hubiésemos pasado bastante mal, pues el Gobierno de Ceuta adeuda una considerable cantidad de dinero a PROSEGUR por los servicios prestados". "Manifestamos nuestro apoyo incondicional a los afectados por los despidos y a quienes continúan en la empresa, que en todo momento pueden contar con nuestro respaldo", ha terminado CCOO.

El sindicato mantiene abiertos varios procesos ante la Delegación del Gobierno y la Secretaría Técnica del Ministerio de Interior sobre la sustitución de los vigilantes por trabajadores de Amgevicesa, asunto sobre el que la institución de la Plaza de los Reyes espera sendos informes de la Abogacía del Estado y la Policía Nacional para pronunciarse de forma definitiva.

Escalofriantes prácticas de los Vigilantes condenados por torturas

La Audiencia tilda de "deplorable" la gestión del centro de menores Nivaria

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial afirma en la sentencia del caso Philipp que la falta de formación y experiencia de vigilantes y educadores generaba una "situación caótica y deplorable en el desarrollo de la convivencia", así como que el personal ejercía su labor con "constantes irregularidades".

Fuente: eldia.es - 25/oct/12 01:23

PEDRO FUMERO, Tenerife

La sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por las torturas sufridas por el menor Philipp García Zoch vierte críticas muy duras contra el funcionamiento del centro de medidas judiciales para adolescentes Nivaria y la Dirección General de Menores del Gobierno canario. En dicha resolución, dos vigilantes de seguridad, Manuel Dorta Abrante y Vicente Rivero, fueron condenados por torturas, al igual que una educadora, Nieves de la Cruz Hernández. Y contra dicha resolución las partes pueden interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En los hechos probados se asegura que, tras la sustracción y destrozo de la ropa del chico, los menores del Módulo 2 "habían dispuesto con libertad de las llaves de las celdas". Según el citado texto judicial, "no consta que, pese a la reciente activación del protocolo de suicidio y su visible deterioro psíquico, los empleados del centro (educadores y guardias de seguridad) llevaran a cabo una intervención para ayudar a Philipp y evitar no solo agresiones de los compañeros, sino también posibles conductas de autolisis del menor, a pesar de que eran conscientes de su frágil situación psíquica".

El Tribunal afirma que "el centro Nivaria, encargado de la ejecución judicial de las medidas de internamiento en régimen cerrado y semicerrado, presentaba un claro déficit en su funcionamiento".

Las críticas no son menos duras respecto a la gestión de la seguridad. La sentencia señala que "era desarrollada por un grupo de 25 vigilantes, de los que la inmensa mayoría (18) carecía de habilitación" para ejercer tal actividad, así como de la más mínima formación y experiencia, en cuanto que fueron contratados por la empresa Seguridad Integral Canaria hacía escasos días".

Añade el texto que dichas personas "eran las que impartían la mayoría de las veces directamente castigos corporales y aplicaban medidas de contención física y psiquiátrica".

"El cuerpo de educadores carecía de experiencia, igualmente, por lo que imperaba una situación caótica y deplorable en el desarrollo diario de la convivencia", según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso EL DÍA.

El Tribunal de la Sección Quinta explica que "las citadas medidas judiciales estaban controladas en manos ya de personal inexperto o sin la más mínima formación, que ejercía su labor con constantes irregularidades".

En esa línea, el durísimo texto de hechos probados apunta que "los menores campaban con libertad en el módulo cerrado con connivencia de vigilantes y educadores, de lo cual era sabedora la Dirección General del Menor y la Familia, pues recientemente, en agosto de ese año (2004), tuvo que cesar a la anterior fundación que lo gestionaba, pese a lo cual no ejercitaba el necesario control".

"Ante la carencia de medios, en el módulo de observación convivían en las seis celdas los sancionados y los refugiados", según consta en el documento divulgado por diversos medios de comunicación.

Hasta tal punto era así que, "a pesar del hostigamiento que sufría (Philipp), especialmente por el menor Hacomar Santana Correa", al adolescente fallecido "se le impuso por la Dirección del centro la convivencia con Hacomar y después con Marcos Vallatih".

Cabe recordar que Hacomar fue condenado en junio de 2008 por el Juzgado de Menores de Santa Cruz de Tenerife como autor de un delito de amenazas de muerte, precisamente sobre Philipp.

Respecto al principal acusado, Manuel Dorta Abrante, "ante las agresiones de Hacomar, no solo no intervenía en auxilio, a pesar de estar obligado a ello, sino que, con la finalidad de vengarse, por haber propiciado Philipp el traslado de un compañero" de trabajo "a Las Palmas, a sabiendas de su débil fortaleza psíquica, le sometió a un estado continuo de humillación y temor, llamándole chivato e hijo de puta, a la vez que le agredía y menospreciaba, creando en el mismo un sentimiento de angustia e inferioridad", según consta en el escrito.

El Tribunal afirma que dicho comportamiento de Manuel le quebró "su resistencia física y moral, y anuló su autoestima, desde una posición de abuso de poder".

En esa línea, la sentencia cree probado que los vigilantes Manuel Dorta y Vicente Rivero entraron en la celda de Philipp y que Dorta lo tiró al suelo, le puso el pie encima de la cabeza y lo llamó "chivata". Y la actitud de Rivero fue la de apoyar verbalmente a su compañero y reírse.

Renuncian a reclamar la deuda para pasar a Vinsa

Los vigilantes de Belas Artes confían en empezar a cobrar con la nueva empresa

Fuente: elidealgallego.com - N M.G.M. A CORUÑA | 24 Octubre 2012 -

Los encargados de la vigilancia del museo de Belas Artes y la biblioteca González Garcés trabajan desde la semana pasada para una nueva empresa, Vinsa, del grupo Alentis, después de que la Xunta resolviera finalmente el concurso público paralizado desde el mes de enero. Esto significa una nueva etapa en la que los 17 empleados que velan por los fondos artísticos y bibliotecarios de ambos centros esperan poder volver a recibir su sueldo mensual tras un período de seis meses sin cobrar con la anterior firma, Esabe.

“Los 17 empleados han renunciando a reclamar la deuda que arrastraban”

Sin embargo, según el colectivo, la deuda arrastrada por Esabe durante medio año está más que nunca en el aire después de que la subcontrata les invitase a firmar un escrito en el que renunciaban a interponerles cualquier tipo de demanda judicial con respecto a los cerca de 11.000 euros que suman entre todos. La condición que les ponían, en palabras de los afectados, es que o firmaban los documentos o no subrogaban.

Finalmente, la mayoría optaba por aceptar la cláusula a cambio de un dinero al mes con el que poder pagar la hipoteca y las necesidades primarias, sobre todo, después de ver cómo su cuenta bancaria no subía del cero en seis meses y cómo algunos tenían que regresar a la casa de sus padres al no poder hacer frente a los gastos. Las necesidades económicas por las que están pasando y la realidad de un mercado sin ofertas les ha llevado a continuar a cargo de las labores de vigilancia de estos edificios, asegurando así un año de contrato prorrogable a otro más si las cosas van bien.

A lo que no están dispuestos los vigilantes de seguridad es a renunciar al dinero que les corresponde y están mirando la forma de recuperar parte de la cantidad a través de Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial, que actúa frente a las empresas que están en quiebra.

“La mayoría ha aceptado esta condición por  “miedo y necesidad”

Aunque todavía la firma no se ha declarado en este estado, según los afectados no tardarán en hacerlo. En todo caso, el hecho de iniciar un proceso judicial emplazará la resolución de la demanda a tres o cuatro años por lo menos, aseguran los trabajadores, un plazo muy tardío si se tiene en cuenta que muchos ya han sido embargados.

Por su parte, el colectivo también se cuestiona dónde está el dinero que la Xunta pagó a Esabe y critican la pasividad de la administración. 

ERE en Securitas Seguridad España

Tras el anuncio realizado el pasado día 17 acerca de la intención de Securitas de eliminar 400 puestos de trabajo en sus divisiones de Europa y América del Norte, durante el día de ayer, la dirección de Securitas Seguridad España ha empezado a comunicar a todos los representantes de los trabajadores su intención de efectuar un expediente de regulación de empleo ( ERE ) en el conjunto de la empresa.

Según ha podido saber esta Sección Sindical, la dirección de la empresa tiene previsto iniciar el período de consultas y negociación de este ERE más o menos en diez días, una vez que se haya determinado quienes van a formar parte de la Mesa de Negociación en representación de los trabajadores.

El ERE podría afectar tanto a personal de estructura como a vigilantes de seguridad sin que se haya podido conocer hasta el momento cuantos trabajadores se podrían ver afectados y su distribución por Delegaciones.

Dos Vigilantes condenados por torturas

JUICIO POR LA MUERTE DE PHILIPP GARCÍA >

Tres condenados por torturas

Fuente: diariodeavisos.com  | Santa Cruz de Tenerife- 23 Octubre 2012

La Sección Quinta de la Audiencia provincial comunicó ayer a las partes su sentencia por el llamado caso Philipp, el menor de edad que falleció en el centro de menores Nivaria allá por 2004, en la que condena a penas de cárcel a dos vigilantes y a una educadora por un delito de torturas, además de fijar una indemnización de 60.000 euros por cada uno para la familia.

Otros cuatro imputados por estos hechos, tres vigilantes más y el jefe de seguridad, han sido absueltos. En el documento judicial se considera probado que la Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias era consciente del ambiente “caótico y deplorable” que reinaba en aquellas instalaciones, destinadas para la custodia de menores de edad con medidas judiciales.

En cuanto a la cuantía de las penas fijadas, al vigilante identificado por las iniciales M. A. D. A. se le impone una condena de año y medio de prisión, dado que el tribunal considera aplicable la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, al igual que a su compañero identificado como V. R. R. y a la educadora N. C. H. H. También se ha fijado una inhabilitación de ocho años.

Respecto a la indemnización, la cuantía de 60.000 euros deberá ser satisfecha por cada uno de los condenados, o si así procediera responderán subsidiariamente por ellas la empresa de seguridad Protección Integral Canarias, la Fundación IDEO o la propia Dirección General del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.

Autor y consentidores

Cabe destacar que el vigilante M. A. D. A. es castigado por el artículo 174.2 del Código Penal, que describe al autor material del delito de torturas, mientras que su compañero y la educadora lo son por el 176, que castiga a quien, faltando a los deberes de su cargo, permiten la acción delictiva anterior.

Por lo que respecta a la Dirección General, sale muy mal parada en la relación de hechos probados de la sentencia, que es recurrible en casación por un plazo de cinco días.

No en balde, para los magistrados es un hecho que desde dicho organismo se conocía lo que sucedía en el centro Nivaria, ubicado en La Esperanza y ya clausurado. Allí reinaba un ambiente “caótico y deplorable” donde, de los 25 vigilantes contratados, 17 no sólo no estaban habilitados para trabajar como tales sino que ni siquiera recibieron algún tipo de formación al respecto.