Tres
años después del fin de ETA, ya solo 135 escoltas privados protegen a cargos
públicos
Llegaron a ser 3.800 en el
año 2003; hoy la mayoría del colectivo está en paro y se siente traicionado por
el Estado.
Piden soluciones al Gobierno, como que
proyecte salidas laborales en la protección de mujeres maltratadas o apoye
fiscalmente a las empresas.
Hay más de 37.000 licencias
de escoltas en España, cuando el sector es incapaz de absorber tanta oferta de
empleo.
Fuente:
20minutos.es - DAVIDFERNÁNDEZ 21.01.2015 –
Formaron
parte del paisaje social durante muchos años, sobre todo en el País Vasco y
Navarra. Sombras armadas que seguían las 24 horas del día a concejales,
diputados, empresarios, periodistas... cuando el terrorismo de ETA golpeaba
duro y amedrentaba los espíritus. Llegaron a ser más de 3.800, en tiempos no
muy lejanos en los que las ofertas de trabajo se anunciaban incluso en diarios
deportivos. Hoy, tres años después de que la banda terrorista anunciara el fin
definitivo de la violencia, solo quedan 135, según datos del ministerio del
Interior.
Los últimos 135. Los
últimos escoltas privados que prestan actualmente servicio de protección a
cargos públicos, y que este año han costado a las arcas públicas 17 millones de
euros. Cuando empezó el año 2011 había 1.108. Dos años antes, en 2009, había
2.850 protegiendo a unas 1.500 personas. Y en el año 2003, había más de 3.800
escoltas. Una década después, la buena nueva que ha supuesto la desaparición de
la amenaza terrorista ha tenido sus daños colaterales: un colectivo en
desempleo y que se siente engañado por el Gobierno. El sector no levanta
cabeza. Las empresas dedicadas a la protección personal han pasado de las 95
que había en 2010 a las 69 que había en 2013 (últimos datos). El colectivo está
sobredimensionado: Interior tiene concedidas licencias a 37.215 personas en
España, 1.600 de ellas otorgadas en 2013, cuando el sector es incapaz de
absorber tanta demanda de empleo.
"Los
escoltas se recolocan dónde pueden, como personal de seguridad en discotecas o
como vigilantes en museos y centros comerciales", señala Manuel Jiménez,
que acaba de crear la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi, donde ya se
han agrupado, de momento, 176 exescoltas que trabajaron en el País Vasco y
Navarra. Jiménez, cordobés de 41 años, ha tenido que abrir un bar en su pueblo
natal pero no le va nada bien. Estuvo ocho años protegiendo a jueces y
políticos. En 2011, "mi empresa Casesa me despidió en un ERE fraudulento
que está denunciado en los tribunales".
Jiménez
y su asociación denuncian que el Gobierno ha incumplido sus promesas. El 1 de
octubre, el Gobierno adjudicó a varias empresas un nuevo contrato para extender
la vigilancia privada al perímetro de 67 cárceles, en compensación por los
contratos que habían perdido en la protección de amenazados en el País Vasco y
Navarra. Un contrato que va a costar al ministerio del Interior 33,3 millones y
que consistía en recolocar a los escoltas. Era un "pacto de
caballeros" entre el Gobierno y estas empresas, según reconoció el número
dos de Interior en el Congreso. "Solo 60 de los 800 vigilantes en las
prisiones son escoltas", señala Jiménez, que critica que "mientras el
Gobierno ha respetado a las empresas dándole un nuevo contrato, estas empresas
no han respetado a los escoltas".
Protección
de mujeres maltratadas
Vicente
de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, señala que en los
mejores momentos del sector había unos 5.500 escoltas privados en activo, de
los que 2.000 trabajaron para grandes empresas. De los otros 3.500 que
estuvieron protegiendo a amenazados por el terrorismo, "el 3% se ha
recolocado en el sector de la seguridad privada, ya que su presencia en las
prisiones es testimonial. Luego hay un 7% que ha emprendido un negocio
relacionado con el sector o se ha ido a trabajar al extranjero. El resto está
en el paro o ha buscado otro trabajo en un sector totalmente distinto. Una
mayoría sin grandes esperanzas a medio plazo".
Manuel
Jiménez señala que el 90% de sus 176 afiliados está en el paro, pasando graves
dificultades económicas. "Con el fin de ETA y la crisis económica hay un
excedente de personal en el sector de la seguridad privada", explica De la
Cruz. Un sector que tiene 301.000 licencias, entre vigilantes de seguridad, vigilantes
de explosivos, escoltas, detectives y guardas de campo. "Pero hay nuevos
riesgos que pueden hacer crear el empleo de los escoltas a medio plazo",
matiza De la Cruz: la protección de mujeres maltratadas, una iniciativa que de
momento solo ha llevado a cabo el Gobierno vasco; la protección de directivos
en empresas españolas que externalizan su negocio; y el terrorismo 'yihadista'.
Jiménez añade uno más: los escoltas se pueden encargar de la seguridad en
consulados y embajadas españolas.
La
protección de las víctimas de la violencia machista es la que más visos tiene
de prosperar. El Gobierno vasco lleva más de una década dando este servicio.
Actualmente hay 34 mujeres protegidas las 24 horas. "720 mujeres han
muerto desde 2004. Una cifra trágica. La protección de escoltas puede ser una
solución para que esta cifra no crezca", señala Jiménez, que apuesta por
extender este modelo a toda España, siendo los jueces los que deban determinar
qué mujer necesita protección. Actualmente unos 1.500 policías nacionales están
destinados a la vigilancia (no continua) de 53.000 víctimas y a la
investigación de los casos de maltrato.
Trabajar
en el extranjero
Mientras
fraguan o no algunas iniciativas que creen empleo en el sector, muchos escoltas
se han tenido que ir a trabajar fuera de España. Alberto, 47 años, es uno de
ellos. Esta es la primera Navidad que puede pasar al completo con la familia en
22 años. Exmilitar, trabajó de escolta en Bilbao con concejales y un
viceconsejero del Gobierno vasco antes de servir cuatro años en los equipos de
seguridad de los atuneros vascos que faenan en el Índico. En agosto de 2014,
tuvo la suerte de ser contratado por un empresario español que quería
protección para un familiar suyo en Francia. Mientras, su familia (mujer e hijos)
reside en España.
"Ahora
paso varios meses del año fuera. Mi experiencia como exmilitar me ha ayudado.
Ahora solo hay ofertas para exmilitares en el extranjero, como escoltas en
países en conflicto", señala. Trabaja en periodos de tres meses, sin
ningún día libre, por unos 2.900 euros al mes. "En 2010, cuando estaba de
escolta, cobraba unos 3.000 euros por un mes de trabajo". Alberto anima a
irse al extranjero, si es posible. "Hay una directiva europea de 2005 que
reconoce en toda Europa los títulos profesionales de escolta".
Juan
Luis, 38 años, dejó su trabajo de escolta en el País Vasco en enero de 2013 y
desde entonces asegura que el mayor periodo de contratación que ha tenido ha
sido de cinco días como personal de seguridad en un festival. "Ahora
alterno 12 horas al mes como personal de seguridad en eventos deportivos con 16
horas al mes de portero de discoteca". De nada ha servido su experiencia:
"He estado doce años de escolta dando protección antiterrorista y un año
dando seguridad a una mujer víctima de maltrato. No quiero irme a otro sector a
buscar trabajo. He invertido 2.500 horas de formación en 17 años de vida
laboral. Sería tirar el tiempo y el dinero".
"Los
políticos se han olvidado de nosotros"
Luis,
vallisoletano, 47 años, es uno de los 135 escoltas privados que sigue en activo
protegiendo a un cargo público, del que omite su nombre. Es uno de los más
veteranos del sector. Lleva 28 años en el mundo de la seguridad y los últimos
14 protegiendo a amenazados por ETA en el País Vasco: periodistas, políticos y
jueces. Ha protegido incluso a una mujer víctima de maltrato y a un niño de 11
años colombiano que estaba amenazado por la mafia de su país.
Reconoce
que ha tenido que sacrificar parte de su vida personal por su trabajo (no tiene
hijos) y le duele "que nos hayamos jugado la vida cuando nadie quería
jugársela y ahora los políticos, a los que hemos protegido, nos den una
patada". Habla con muchos compañeros que están en el paro y "lo están
pasando muy mal. PSOE y PP deberían preocuparse un poco más por los escoltas,
aunque sea con pequeños gestos, por ejemplo, apoyando fiscalmente a las
empresas de seguridad que primen en sus contrataciones a los escoltas".
También
cree que debería extenderse a toda España el proyecto de protección de mujeres
maltratadas que puso en marcha hace años en el País Vasco. "Ha funcionado.
Ninguna de las mujeres protegidas en el País Vasco ha resultado herida o ha muerto.
Sería factible extender el modelo al resto de España, pero hace falta voluntad
política". Por último, Luis se lamenta que no haya habido ningún tipo de
homenaje o reconocimiento a los escoltas por parte de las instituciones del
Estado. "Solo lo ha hecho el Poder Judicial en el País Vasco. El resto se
ha olvidado pronto de nosotros".
.png)
