Recortes salariales en otra polémica firma de seguridad contratada por Cifuentes

Recortes salariales en otra polémica firma de seguridad contratada por Cifuentes

Trabajadores que prestan servicio a Ariete Seguridad SA denuncian que esta adjudicataria opera fuera del convenio estatal del sector creando un "perjuicio de las condiciones laborales de los vigilantes". Cobran 1.200 euros menos al año. Esta entidad tuvo como apoderada hasta 2011 a la hoy primera teniente de alcalde de Alcorcón, Silvia Cruz (PP).

Fuente: vozpopuli.com - 30 Marzo 2016

Otra empresa de vigilancia contratada por el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez se trata de Ariete Seguridad SA y el asunto referido guarda relación con la Consejería de Asuntos Sociales, en concreto con el servicio que prestan en varias dependencias de este organismo. Trabajadores que operan para dicha entidad acaban de elevar una nota interna, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde subrayan que esta firma "se encuentra fuera del convenio estatal de seguridad desde hace varios años", creando con ello "un perjuicio de las condicionales laborales y salariales de los vigilantes".

Los afectados señalan que Ariete Seguridad SA es una de las empresas descolgadas del convenio estatal, lo que le ha permitido pagar 1.200 euros al año a cada vigilante. En una situación similar se encuentran, tal y como informó este diario el pasado enero, los trabajadores de Marsegur SA (filial de Seguridad Integral Canaria SA) que vigilan los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Ellos han dejado de cobrar más de un 30% de su sueldo (de 1.150 euros al mes han pasado a 750 euros) después de que Marsegur SA ganara el concurso en octubre de 2015.

Los afectados denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada"

En el caso de Ariete Seguridad SA, el Gobierno de Cifuentes aprobó el pasado noviembre un gasto de514.806,60 euros para la prórroga del contrato que tenía con esta empresa (otorgado en noviembre de 2014) para la vigilancia de varias sedes de la Consejería de Asuntos Sociales. El nuevo periodo de ejecución va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.

Detrás de la permisividad del Ejecutivo popular está la aceptación en febrero de 2015 (el presidente regional era entonces Ignacio González) de un convenio colectivo particular registrado por Ariete Seguridad SA, muy alejado del sectorial o estatal. Por ejemplo, la exposición de motivos de ese texto dice: "Ante la situación actual del mercado, nos vemos obligados a mantener, e incluso, rebajar los precios de los servicios para optar a nuevas contrataciones, o renovaciones de las adquiridas con anterioridad, todo ello en aras de mantener el máximo nivel de competitividad de la compañía que permita nuestra viabilidad en próximo ejercicios. Y dicho competitividad -prosigue la empresa- tan sólo puede conseguirse mediante la optimización de nuestros recursos, principalmente los costes salariales".

Los afectados de tales dependencias de la Consejería madrileña de Asuntos Sociales denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada" y ofertar un "precio algo sospechoso". Estos denunciantes señalan que "es casualidad que a los pocos días de la adjudicación, aprueben por parte del comité de empresa una medida que recude el sueldo anual en unos 1.200 euros por vigilante, que es la diferencia aproximada con las ofertas de las demás empresas presentadas a concurso". Aquí estaría la clave de la concesión que estaba por llegar.

A todo ello se une el nexo entre Ariete Seguridad SA y la hoy primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Alcorcón, Silvia Cruz Martín(PP). La concejala fue apoderada de dicha firma hasta mayo de 2011, fecha en que abandonó el sector privado para dedicarse a la esfera pública, como edil popular en el citado Consistorio. Ahora está al frente del área de Hacienda, Empleo, Economía y Transporte y también es concejal de Mayores, Economía y Comercio.

El Tribunal Supremo dictó el pasado año una sentencia en contra de Ariete Seguridad SA

Según consta en la web municipal, Silvia Cruz ejerció desde 1999 y hasta mayo 2011 como "directora general del grupo de empresas familiar, desempeñando labores de gestión, dirección, comercial y control". Desde 1996 hasta 1999, fue "responsable del departamento comercial y administrativo" del mismo grupo, donde se integra Ariete Seguridad SA. La última administradora de esta empresa, tal y como figura en el Registro Mercantil, es su madre,Teresa Martín Suárez, que sucedió en el cargo al padre de la edil, Emilio Cruz Roldán, en 2014.

Esta familia no es la única que estando en la órbita del PP regional ha gestionado una empresa de seguridad con adjudicaciones del Gobierno madrileño. Como publicó Vozpópuli hace unas semanas, Sasegur SL, empresa que ha obtenido (en UTE con Grupo On Seguridad) un contrato de 9,4 millones de euros para llevar la vigilancia de las sedes judiciales de la Comunidad, tiene como apoderado a Jesús Capote, exconcejal popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero. El socio de Capote entre junio de 1998 y noviembre del año 2000 fue Baltasar Santos. El que fuera alcalde de Navalcarnero durante 20 años quedó apartado del PP en 2015 tras ocultarle a Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional del partido, que estaba imputado en varias causas judiciales.

Una rebaja de los derechos colectivos

En materia laboral, el Tribunal Supremo dictó el pasado año una sentencia en contra de Ariete Seguridad SA. El Alto Tribunal respaldó una decisión del TSJ de Madrid que anuló un acuerdo de la empresa y el comité con fecha de 9 de diciembre de 2013 por el que se rebajaba los derechos colectivos de los empleados en materia de jornada laboral y salario para todo el año 2013. La Sala de lo Social del Supremo establece que apartarse de los derechos que recoge un convenio colectivo sectorial no puede tener efectos retroactivos. 

Por otro lado, la firma que administra la familia de Silvia Cruz fue también noticia el pasado septiembre al ser imputada "provisionalmente" por un presunto cohecho, junto a otras doce contratistas del Ministerio de Defensa. Todas las empresas, según informó El País, tuvieron relación con dos tenientes coroneles destinados en la Dirección de Asuntos Económicos y en el Cuartel General del Ejército. Ambos fueron detenidos el 28 de abril de 2015 dentro de la investigación KPanda, bautizada así por la Guardia Civil, que se encargó de las pesquisas. Uno de ellos admitió ante el titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 haber recibido 2.000 euros de Ariete Seguridad SA.

Huelga de los vigilantes del Centro de Menores de Sograndio

Huelga de los vigilantes del Centro de Menores de Sograndio

La plantilla ha convocado una protesta entre los días 10 y 17 de abril por los recortes salariales

Fuente: elcomercio.es - EFE  - 29 marzo 2016

La plantilla de vigilantes del Centro de Menores de Sograndio ha acordado en asamblea la convocatoria de una huelga para la semana del 10 al 17 de abril como medida de protesta ante el comportamiento de la empresa adjudicataria del servicio. Según han informado UGT, USO y CCOO, sindicatos mayoritarios de el ámbito de la seguridad privada, la actuación de la empresa Alcor, que tiene a su cargo la seguridad del Centro de Menores, al no abonar la paga extra de marzo a los trabajadores, ha sido "el detonante" para que hayan tomado esta decisión.

En un comunicado, las centrales afirma que desde que esta empresa se hizo cargo de este servicio han sido continuos los problemas laborales de toda índole, sobre todo el económico, "engañando a sus trabajadores y al Principado y causando una reducción del 20% en los salarios".

Como preámbulo de la huelga los sindicatos han convocado una concentración para el próximo 7 de abril a las 14 horas en los exteriores del Centro de Menores, coincidiendo con el cambio de turno, en solidaridad con los trabajadores afectados.

Un directivo de Magasegur falsificó la firma de la Policía para lograr un concurso público

IMITÓ LA RÚBRICA DEL COMISARIO JEFE

Un directivo de Magasegur falsificó la firma de la Policía para lograr un concurso público

• La Universidad de Valencia le adjudicó el servicio de seguridad.

• El Juzgado de lo Penal 8 de Valencia le condena ahora a seis meses de prisión por conseguirlo de manera irregular

Fuente: elconfidencial.com  - ROBERTO R. BALLESTEROS - 29.03.2016

La empresa de seguridad Magasegur, que acaba de presentar concurso de acreedores, no solo se ha visto salpicada por problemas económicos, sino también por falsedad de documentos oficiales. En concreto, el Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia ha condenado a uno de sus directivos, M. G. G., por imitar la firma del comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara, para conseguir una adjudicación pública.

Según considera acreditado la resolución judicial, el acusado presentó a la mercantil a la que representaba al concurso promovido por la Universidad de Valencia, que iba a adjudicar el servicio de seguridad privada de todo el complejo educativo. Entre las condiciones que la institución requería a los solicitantes, estaba que estos dispusieran de una delegación autorizada en la capital de la Comunidad Valenciana, cosa que Magasegur no tenía.

Aun así, el condenado presentó el resto de documentación al concurso como si no supiera que faltaban cosas. En paralelo, inició también los trámites para solicitar a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía -organismo competente- una autorización para establecerse en la ciudad del Turia.

Al advertir que no tenía delegación en Valencia, la universidad hizo un requerimiento a la empresa para que esta aportara la documentación que faltaba. Le dio de plazo hasta el 25 de junio de 2014 para presentar la autorización de la Policía que le mostraba que tenía luz verde para establecer la sede provincial. Sin embargo, como el permiso aún no había llegado, el acusado decidió actuar por su cuenta.

"Sin que conste el modo, consiguió un documento falso que parecía auténtico, supuestamente librado por el comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional", fechado el 24 de junio, justo un día antes de que se cumpliera el plazo concedido por el adjudicatario, que autorizaba a Magasegur a abrir una delegación en Valencia, en una calle indicada expresamente por la mercantil. El mismo día que vencía la prórroga, M. G. G. presentó la documentación en el Servicio de Contratación de la universidad.

El centro educativo le adjudicó poco después la contratación de los servicios de seguridad del recinto a pesar de que había presentado un escrito falsificado, extremo que la institución desconocía. Cuatro meses más tarde, Magasegur recibió el documento auténtico de la Policía Nacional que autorizaba a la mercantil a establecerse en Valencia, pero ya no hacía falta.

El acusado, que reconoció los hechos, ha sido condenado a seis meses prisión y 540 euros de multa. La pena de cárcel, sin embargo, puede ser conmutable por 1.080 euros que el hombre previsiblemente abonará para eludir la privación de libertad.

Magasegur se encuentra actualmente en concurso de acreedores y deja en situación de inestabilidad a sus 800 trabajadores, que ya desde hace meses vienen protestando por los impagos de la mercantil que les tenía contratados hasta el momento.

Nuevos contratos de seguridad privada cumplirán convenio y cláusulas sociales - Se acabó el chollo

Nuevos contratos de seguridad privada cumplirán convenio y cláusulas sociales

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Fuente: La vanguardia/ 22/03/2016

Los nuevos pliegos para la contratación de la seguridad privada en la Comunidad de Madrid cumplirán "en todos sus términos" el convenio colectivo de las empresas de este sector, incluirán cláusulas sociales -como reservar un porcentaje de plazas a discapacitados- y buscarán mayor ahorro al unificar los contratos.

Así lo ha dicho el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno, Ángel Garrido, en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

La Comunidad de Madrid tiene previsto cambiar su servicio de seguridad privada a partir del 1 de abril tras llegar a un acuerdo con la actual empresa, Magasegur, que recientemente entró en concurso de acreedores por la ejecución de embargos administrativos por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Con este acuerdo, Magasegur ha renunciado a los contratos que tenía en vigor con la Comunidad de Madrid que, por su parte, se ha comprometido a que exista una nueva empresa adjudicataria del servicio de seguridad privada a partir del 1 de abril.

Garrido ha explicado que al negociarse de forma unificada los contratos para todo lo relativo a la seguridad privada en la región se puede conseguir un ahorro.

Y en todo caso, ha señalado que los pliegos de condiciones de los contratos aplicarán "en todos sus términos" el convenio colectivo de empresas de seguridad privada.

También incluirán cláusulas sociales, como reservar un porcentaje de los puestos de trabajo a personas con discapacidad y otro tipo de condicionantes. "Se está trabajando en todo ello", ha insistido Garrido. EFE

5 encapuchados revientan la puerta de Carrefour para asaltar una joyería

5 encapuchados revientan la puerta de Carrefour para asaltar una joyería

Fuente: diariodeburgos.es -  I. Elices / Burgos - 16 de marzo de 2016

Tras asestarle numerosos golpes con una maza, el grueso cristal del escaparate del negocio José Luis cedió y los cacos se llevaron numerosas piezas. Los ladrones tuvieron que salir huyendo al sorprenderles los vigilantes

La joyería José Luis era su objetivo, eso parece claro, porque nada más reventar la puerta de centro comercial El Mirador, la situada en el piso superior, los cinco encapuchados dirigieron sus pasos directamente a ese negocio, de donde acabaron sustrayendo numerosas piezas del escaparate, con muchos esfuerzos, eso sí. Ahora bien, tuvieron que actuar bastante rápido,  porque los vigilantes privados les sorprendieron y tuvieron que huir a toda velocidad.

El asalto se produjo sobre las tres de la madrugada. A esa hora los ladrones llegaron en un vehículo y lo dejaron en el aparcamiento de la planta superior de Carrefour. Todo indica que para echar abajo las puertas de entrada situadas junto al McDonalds usaron las mismas mazas que luego emplearían en la joyería. Varios elementos arquitectónicos de hormigón y una fila de carros del hipermercado impedían ayer el acceso de un coche para practicar un alunizaje con un coche, pero la Policía Nacional analiza las imágenes de las cámaras para establecer exactamente cómo entraron.

Una vez destrozadas las puertas de vidrio los delincuentes se dirigieron hacia la Joyería José Luis. Su intención era acceder al interior y arramplar con todo. Pero no pudieron. Asestaron numerosos mazazos a la puerta, pero los cristales, de unos 8 centímetros de grosor, resistieron las embestidas. Así que los cacos tuvieron que conformarse con las joyas del escaparate. Lo golpearon en numerosos puntos y terminó cediendo en uno solo. Desde el agujero que lograron practicar introdujeron el brazo y pudieron llevarse numerosas alhajas. Las trabajadoras del establecimiento continuaban ayer por la tarde haciendo el balance de los daños y el recuento de las pérdidas.

La Comisaría envió varias dotaciones hasta el centro comercial. Lo primero que hicieron los agentes fue acordonar la puerta de entrada por donde accedieron los ladrones, que estuvo cerrada al público durante toda la jornada de ayer. Los investigadores de la Policía Científica centraron sus esfuerzos en la joyería, poniendo cuidado, sobre todo, en hallar posibles rastros de sangre que los ladrones pudieran haber dejado en la escena, ya que pudieron sufrir algún corte al fracturar el escaparte del negocio.

La Policía Nacional trabaja con la hipótesis de que se trata de un grupo organizado itinerante, con base lejos de la capital burgalesa, posiblemente Madrid, y que se mueve por toda la geografía nacional para dar sus golpes. La Brigada de Policía Judicial revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad sobre todo para identificar el vehículo en el que se desplazaron. Lo más probable es que su único objetivo fuera esa joyería, aunque no se sabe si su intención era entrar en algún otro establecimiento, ya que los vigilantes jurado los sorprendieron y tuvieron que salir corriendo.

La Asamblea de Madrid aprueba una proposición no de ley para garantizar el Convenio Colectivo en la contratación de servicios de seguridad privada.

La Asamblea de Madrid aprueba una proposición no de ley para garantizar el Convenio Colectivo en la contratación de servicios de seguridad privada.

Madrid 11 de Marzo de 2016 -  CCOO Ilunion Seguridad Madrid

La proposición no de ley presentada por iniciativa del Grupo Parlamentario de Podemos ante el pleno de la Asamblea de Madrid  para garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo  Sectorial en las contrataciones de la administración autonómica de Madrid en materia de seguridad privada, fue aprobada en el día de ayer con el voto a favor de los grupos parlamentarios de Podemos, Psoe y Ciudadanos, y contó con la abstención del Grupo parlamentario del PP.

Al pleno asistieron trabajadores de seguridad que prestan servicio en la Comunidad de Madrid y representantes, entre otros, de CCOO de Construcción y Servicios de Madrid.

Podemos aceptó las enmiendas planteadas por Psoe y Ciudadanos.

Cabe señalar, por negativa, la intervención realizada por el representante del PP, que lejos de reconocer la grave situación por la que atraviesan los trabajadores de seguridad que prestan servicio en instalaciones de la Comunidad de Madrid, con rebajas salariales en torno al 30 % sobre el Convenio Estatal, defendió las lindezas de la contratación de empresas de seguridad por parte de la Comunidad de Madrid, como la última realizada para los Juzgados, y desviando la atención hacía contrataciones realizadas en el ámbito de la Generalitat de Cataluña, sin que en momento alguno justificase porque era el único partido político que no votaba a favor de esta iniciativa.

Nota de Prensa CCOO

Texto de la Proposición no de Ley

Video de las intervenciones

Vigilante no subrogado en el San Agustín - Sin un pan bajo el brazo

Sin un pan bajo el brazo

El vigilante no subrogado por la empresa de seguridad, de 33 años, será padre en días "Esto es un palo", dice Javier Pérez

Fuente: ine.es - 11.03.2016 – M. MANCISIDOR

Javier Pérez tiene 33 años. Es natural de San Fernando (Cádiz) y sus colegas vigilantes de seguridad lo llaman de forma cariñosa "quillo". Es uno de los más jóvenes de los trece guardias de seguridad que hace meses se vieron inmersos en un conflicto laboral al entrar en concurso de acreedores la empresa para la que trabajaban, Seguridad Empresarial Navarra. 

Cuando Pérez vislumbraba luz al final del túnel, la nueva adjudicataria del servicio de seguridad en el área sanitaria avilesina, Prosetecnisa, decidió amortizar su plaza. La razón es supuestamente económica. La firma aceptó el servicio a 16,27 euros la hora por vigilante y por un periodo máximo de 58 días hasta que el Gobierno regional adjudique definitivamente el contrato.

Javier Pérez.RICARDO SOLÍS

Pérez, casado con una asturiana que le trajo a la "tierrina", está a punto de ser papá de un niño que se llamará Mateo. "En solo unos días mi mujer sale de cuentas", precisa este hombre, que considera "un palo" la notificación de despido que prevé llevar al Juzgado al considerarla injusta. 

Le avala el sindicato Comisiones Obreras, al igual que a otro vigilante que verá recortada su jornada en un setenta por ciento. Llevaba trabajando en el área sanitaria avilesina desde 2013. Era el que presentaba menos antigüedad de los trece vigilantes que secundaron la huelga. 

Ejercía en los centros de salud y en la unidad de dispensación de metadona aunque también hacía horas en el Hospital. Antes de llegar a este punto, Pérez ya vivió una situación similar. Entonces, trabajaba en la Casa del Mar de Gijón como vigilante. "La empresa que entró no nos subrogó. Denuncié y gané", explica. Ésa es ahora su esperanza para darle a Mateo el futuro que se merece.

Los vigilantes del San Agustín tachan de "injustos" los recortes de personal e irán a los tribunales

Los vigilantes tachan de "injustos" los recortes de personal e irán a los tribunales

CC OO asegura que Prosetecnisa incumple las promesas del Principado "desde el punto uno, la subrogación"

Fuente: lne.es - 11.03.2016 | M. MANCISIDOR

Los once vigilantes de seguridad del área sanitaria avilesina que el próximo lunes se reincorporarán a sus puestos de trabajo prevén denunciar judicialmente la "no subrogación" de uno de compañeros y el recorte de casi un setenta por ciento de la jornada de otro, anunciada anteayer por la empresa adjudicataria del servicio, Prosetecnisa. Los afectados desmontarán en las próximas horas el campamento instalado hace semanas en el Hospital San Agustín en señal de protesta, pero rechazan que el conflicto laboral esté solucionado. "No vamos a consentir que nadie se quede fuera. Éramos trece en la acampada y seremos trece trabajando en el área sanitaria avilesina", sentenció el portavoz de los empleados, José Iglesias.

El secretario de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras (CC OO), Jeremías Dos Santos, señaló que Prosetecnisa incumple lo comprometido por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, en los últimos días. "No estamos pidiendo más días de vacaciones o un sueldo mejor al que tenían. Simplemente que se respeten sus derechos sociales, económicos y laborales de los trece vigilantes", subrayó. Y agregó que "si al principio de la subrogación ya nos encontramos con esto parece que vienen a cargarse la plantilla. Por eso hay desconfianza". Dos Santos cargó también contra Martínez. "Si el Gobierno regional no es capaz de ver que con planteamientos de este tipo no se va a solucionar el conflicto o está ciego o tiene otras intenciones", señaló.

Desde Comisiones Obreras señalaron, no obstante, que lo que está ocurriendo "no es una sorpresa". "En diciembre, la adjudicación se hizo a 16,70 euros la hora por vigilante y, ahora, a 16,27, cuando otras empresas veían que no era beneficioso. Esto es muy extraño, por eso, tenemos desconfianza y preocupación", reiteró. En la misma línea, el secretario comarcal de CC OO, José María Guzmán Pacios, criticó que el "ajuste al céntimo" que está realizando el Principado con las empresas de seguridad le está "saliendo caro". Y aclaró: "En el Hospital San Agustín han tenido que hacer refuerzos de celadores continuamente".

Pacios lamentó también el comportamiento de los responsables de Prosetecnisa. "En una situación normal la empresa llamaría a los trabajadores para comunicarles la subrogación pero aquí no ha sido así. Hubo una reunión a la que Comisiones envió un notario y parece que la empresa quiere continuar el conflicto laboral". Pacios mostró una sentencia en la que se reconoce que Prosetecnisa vulneró el derecho de huelga y libertad sindical y negó ninguna "guerra abierta" entre el sindicato y la empresa de seguridad.

Prosetecnisa no subrogará a la totalidad de la plantilla de vigilantes del San Agustín

Prosetecnisa no subrogará a la totalidad de la plantilla de vigilantes

Empezarán a trabajar el lunes y de los trece empleados actuales, uno se queda fuera del nuevo contrato puente y otro entra a jornada parcial

Fuente: elcomercio.es - RUTH ARIAS  AVILÉS - 10 marzo 2016

Esta mañana están citados en las oficinas de Prosetecnisa en Gijón para recoger la ropa de trabajo y realizar algunos trámites, pero sólo acudirán doce de los trece vigilantes que hasta ahora daban cobertura al Área Sanitaria III. El hecho de que el contrato sea por un máximo de 58 días y no por un año hace que sean necesarios menos trabajadores, según las explicaciones que el delegado de la empresa, Mario Alonso, les dio ayer en una reunión en el San Agustín.

Será el trabajador de menos antigüedad el que se irá al paro, aunque habrá un segundo damnificado: otro vigilante que sólo será contratado por una jornada del 34%. La decisión no fue compartida por los vigilantes, cuyos representantes sindicales consideran que la empresa entrante debería asumir a todos los trabajadores y, aunque aún es prematuro, ya piensan en la posibilidad de interponer una demanda. «Yo subrogo lo que me contratan, no lo que había en la empresa anterior», explicó Alonso.

Con todo, el encuentro de ayer entre las partes fue tranquilo y no hubo enfrentamientos. De hecho, los vigilantes solo tomaron la palabra para decir que «lo único que queremos es subrogar y empezar a trabajar». El ambiente era tenso porque la relación entre Alonso y los vigilantes del hospital es conflictiva, pero ayer se guardaron las formas y no pasó de ser una mera formalidad.

El delegado de Prosetecnisa, Mario Alonso, se dirige a los trabajadores. / MARIETA

Los conflictos

Alonso insistió en que los días de Nochevieja y Año Nuevo, cuando su empresa prestó servicio en el hospital, los trabajadores estaban de baja laboral y no de huelga, por lo que la situación era legal, y recriminó el incidente ocurrido esa noche entre los empleados de Seguridad Empresarial Navarra y los de Prosetecnisa. «Es inadmisible que unos vigilantes increpen a otros que están atendiendo una petición de la dirección del hospital», comentó, tras afirmar que su empresa «nunca ha sustituido huelguistas».

Otro de los asuntos abordados ayer fue el proceso del contrato de emergencia abierto en el mes de diciembre, en el que se adjudicó a Prosetecnisa la vigilancia de varios hospitales, museos y otros centros tras la quiebra de SEN, que prestaba el servicio en ese momento, y al que terminó renunciando. «No iba a entrar con los trece trabajadores de baja, no sólo por motivos económicos, sino porque considero que era un boicot», remarcó.

A partir de hoy comenzarán los trámites para dar de alta a los doce trabajadores en la Seguridad Social. Nueve de ellos trabajarán en el San Agustín y los centros de salud, otros dos formarán una patrulla mientras el restante se ocupará de la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías. El servicio comenzará a prestarse en la medianoche del domingo al lunes, y durará hasta que entre el vigor el contrato ordinario, que según los cálculos del Principado debería estar adjudicado antes del 18 de abril. Los vigilantes volverán por fin al trabajo, y a comienzos de abril recibirán una pequeña pero esperada nómina.

Cifuentes encarga la seguridad de los juzgados a la firma de un exedil del PP

Cifuentes encarga la seguridad de los juzgados a la firma de un exedil del PP

• La vigilancia de 71 sedes judiciales de la Comunidad de Madrid recae por 9,4 millones de euros en una UTE integrada por Sasegur, compañía fundada por Jesús Capote, exconcejal popular de Urbanismo en Navalcarnero.
• El contrato se ha otorgado "con el precio como único criterio de adjudicación".

Fuente: vozpopuli.com – 09/03/2016

Uno de los contratos que más polémica había levantado últimamente en la Comunidad de Madrid, el de la vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales de la región, ha terminado recayendo en una UTE (unión temporal de empresas) integrada por una firma vinculada a Jesús Capote Calvo, exedil del Partido Popular en el Ayuntamiento de Navalcarnero (entregó el acta en el año 2000 tras diez meses como tránsfuga a raíz de un enfrentamiento con el alcalde). El que fuera concejal popular de Urbanismo en este municipio ha sido administrador único de Sasegur SL hasta 2013, fecha en que pasó a figurar como apoderado de la entidad, según consta en el Registro Mercantil. Al frente de la empresa, que se encuentra en el puesto 18º en el ranking eInforma del sector, le sustituye desde entonces su hijo Pedro Jesús Capote Conejos.

El Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) explicó este martes en una nota que el contrato, otorgado por un importe total de 9,4 millones de euros, había sido concedido mediante "concurso público" y "con el precio como único criterio de adjudicación, ya que las prestaciones están perfectamente definidas desde un punto de vista técnico y no es posible introducir modificaciones de ninguna clase". La Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Ángel Garrido, señaló que el procedimiento seguido ha sido el abierto para promover "la máxima concurrencia y posibilitar que todos los interesados pudieran presentar su oferta, garantizando una competencia efectiva". Sin embargo, ello sólo se buscaba sobre el papel, pues la realidad muestra un proceso que si bien fue legal, ha estado rodeado de demasiadas sombras.

El Ejecutivo de Cifuentes informó este martes de que habían sido tres las empresas concurrentes (pero sólo dio el nombre de la adjudicataria): Sasegur SL, en UTE con Grupo On Seguridad, la opción ganadora; Alerta y Control SA, que ha sido la firma la que ha estado prestando el servicio hasta ahora, y Marsegur SA. En concreto, Alerta y Control SA ha venido cubriendo la seguridad de las 71 sedes judicial de la Comunidad mediante un "encargo directo con gasto a convalidar". Es decir, el plazo de ejecución del contrato que consiguió en abril de 2013 por 15 millones de euros era de dos años y en base a una prórroga terminó el pasado 31 de diciembre de 2015. Según las fuentes consultadas, Alerta y Control SA no quiso firmar otra prórroga, pero se vio obligada a seguir prestando el servicio durante enero, febrero y los primeros días de marzo de este año, ya que el Gobierno regional podía actuar en su contra, acogiéndose a la ley de contratos. Las mismas fuentes redondean en 1,5 millones de euros el dinero que ha costado esta prolongación de más de dos meses.

Mientras Alerta y Control SA ha realizado una oferta a la baja de 1.000 euros, la UTE Sasegur-Grupo On Seguridad ha hecho lo propio pero cediendo hasta en 150.000 euros, lo que le ha valido para hacerse con el contrato, indican las fuentes citadas. Para el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Vigilancia de la Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso, no se entiende que el Gobierno regional sólo emplee el criterio precio, cuando también debería haber tenido en cuenta, por ejemplo, la capacidad tecnológica de la empresa y sus recursos materiales. Además, critica que la Dirección general de Justicia y Seguridad pidiera a la contratista asumir una bolsa de horas extra al año, de su propio bolsillo, sin poderlo repercutir en la Administración autonómica. Según Veloso, con la calculadora en la mano y en base a lo presupuestado y las tareas exigidas, los números no salen. Este contrato es "inviable económicamente". Para llegar a esta conclusión, subraya, basta sumar los costes salariales de los trabajadores, el número de horas de servicios, los pluses por uso de armas, el mantenimiento de las armas, de los arcos de seguridad, de las alarmas, de las cámaras de vigilancia...

De este modo, Veloso destaca que el contrato debería tener un importe mayor. Sobre todo, explica, porque se ha previsto un incremento de plantilla en 30 agentes con respecto al contrato que había con Alerta y Control SA, pasando así de 270 a 300. "Han sacado un nuevo contrato que tiene exactamente el mismo precio de adjudicación que el anterior, pero -y aquí está la clave- el anterior tenía menos vigilantes y menos armas". Por tanto, Veloso denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes, más armas y más horas". De los 4 agentes armados pasarán a ser 20, con el aumento de coste que ello conlleva. Según el portavoz de C's, la directora general de Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, no explicó los motivos de este incremento en su comparecencia del pasado 1 de marzo.

Asimismo, Veloso lamenta que Díaz Márquez achaque a "dificultades técnicas y presupuestarias" el no haber podido buscar otra solución legal más allá de dicho "encargo directo" a Alerta y Control SA, prologando su prestación del servicio durante más de dos meses. El portavoz de C's recalca, además, que si Alerta y Control SA se negó a firmar otra prórroga, fue porque "estaba incurriendo en pérdidas, al estar el contrato tan ajustado".

El indultado Miguel Ángel Ramírez, omnipresente

En relación a Marsegur SA, el Gobierno madrileño afirma que "la propuesta no fue admitida, ya que su oferta fue recibida fuera del plazo de diez días que establece la ley desde que la Administración recibe el anuncio de su participación en el proceso". Marsegur SA es una filial de Seguridad Integral Canarial (SIC), cuyo propietario es Miguel Ángel Ramírez, presidente del club de fútbol UD Las Palmas e indultado por el exministro Alberto Ruiz-Gallardón (la medida de gracia ha sido revocada por el TS) de una condena a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. En 2004, este empresario canario realizó obras ilegales en su vivienda, ubicada un espacio protegido.

En el supuesto de que Marsegur SA hubiese presentado la documentación en tiempo, no se habría alzado de ninguna manera con el contrato de las sedes judiciales al tener un historial -como el de Seguridad Integral Canaria SA- que se caracteriza por el descuelgue del convenio estatal de seguridad. Una maniobra premeditada para ajustar su presupuesto y presentar una oferta más ventajosa económicamente. De ello daba cuenta el propio consejero de Justicia en la Asamblea de Madrid el pasado 11 de febrero tras una interpelación de Ciudadanos: "Y aun en el hipotético caso de que la empresa de referencia (Marsegur) hubiera podido participar, le comunico también, para su tranquilidad, en relación a todos los trabajadores que tengan relación con la Comunidad de Madrid, que el pliego técnico del concurso, en su artículo 1, establece que, en la prestación de los servicios de vigilancia y protección por personas físicas y jurídicas, las empresas deberán ajustarse a determinada normativa, entre la que se encuentra el convenio colectivo del sector y demás disposiciones concordantes".

El pasado enero, Podemos denunció en la Cámara madrileña que el Gobierno de Cifuentes había consentido que los trabajadores de seguridad privada de los centros de menores regionales vieran su sueldo reducido considerablemente. La formación morada señaló que se les había bajado el salario un 33%, cobrando 750 euros por 40 horas semanales. Además, indicó que estos vigilantes eran contratados por Marsegur SA que "aunque se presente como independiente, es una filial encubierta de Seguridad Integral Canaria", también muy cuestionada por los sindicatos por sus descuelgues salariales del convenio estatal.

Prosegur, en el punto de mira de Hacienda y de Competencia

Prosegur, en el punto de mira de Hacienda y de Competencia

La presidenta del grupo compra el edificio que la compañía emplea como sede y recibirá un alquiler anual de 0,7 millones durante la próxima década.

Fuente: vozpopuli.com/ 1 de Marzo de 2016

Prosegur afronta en España en el presente ejercicio reclamaciones fiscales por 20 millones de euros y una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia por presunta práctica irregular.

La compañía ha recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo reclamación de la Agencia Tributaria relacionada con el Impuesto sobre Sociedades y asegura que estima “una resolución favorable”. En junio de 2013 se iniciaron actuaciones de inspección de los ejercicios 2008, 2009, y 2010 por los conceptos de Impuesto sobre Sociedades, Retenciones a Cuenta del Impuesto de No Residentes y Retenciones a cuenta del Capital Mobiliario, así como inspecciones parciales sobre Retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.

La empresa ha firmado en conformidad actas relacionadas con algunas de esas retenciones, entre ellas con el Impuesto sobre Sociedades por 3,5 millones. Y en disconformidad sobre la reclamación de los 20 millones y otra por retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo por 0,55 millones. Prosegur sólo ha provisionado el acta firmada en disconformidad referida a las retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo, ya que sobre la otra cuestión estima una resolución favorable. “Los asesores externos de la sociedad estiman que no es probable que se produzca un quebranto”, apunta la compañía en las cuentas de 2015 depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Prosegur también advierte en sus últimas cuentas sobre la existencia de “riesgos fiscales” en Brasil y Argentina por valor de 54,6 millones; los riesgos de mayor cuantía están asociados al mercado brasileño por reclamaciones de impuestos municipales y estatales y provisiones por combinación de negocios.

En el último trimestre de este año previsiblemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) comunicará las conclusiones de una investigación sobre Prosegur iniciada a principios de 2015. En febrero del pasado año funcionarios del organismo inspeccionaron la sede en Madrid del grupo de seguridad por “posibles acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios, la fijación de condiciones comerciales, así como cualquier otra conducta que por su naturaleza pudiera contribuir a la distorsión de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España”.

En abril, la CNMC incoó expediente sancionador por posibles prácticas restrictivas de la competencia contra Prosegur y Loomis (la sede de esta otra empresa de seguridad también fue inspeccionada); desde entonces Competencia dispone de un periodo de hasta 18 meses para resolver. El organismo considera que existen indicios racionales de que ambas compañías acordaron reparto de clientes y actividades, fijación de precios, intercambio de información comercial sensible y otras condiciones comerciales. Prosegur ha tratado de evitar la entrega de documentación reclamada por Competencia sobre rutas de transporte y distribución de fondos, pero el organismo denegó el pasado mes de diciembre la confidencialidad de esos datos.

La presidenta, casera de Prosegur

De acuerdo a las cuentas de 2015 de Prosegur, el pasado mes de diciembre la presidenta de la compañía, Helena Revoredo, adquirió el edificio que el grupo emplea como sede en Madrid, en la calle Pajaritos, por 12,7 millones de euros. La operación la realizó la primera accionista de la empresa a través de su sociedad Proactinmo, a su vez controlada por Gubel. Revoredo cuenta con 309 millones de acciones de Prosegur mediante las sociedades Gubel y Prorevosa, una participación valorada en 1.421 millones de euros.

Según las mismas cuentas, ese mismo mes de diciembre Prosegur firmó con Proactinmo “un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Pajaritos de Madrid”, por diez años prorrogables durante un año. La empresa explica que el gasto anualizado será de 0,7 millones (siete millones de euros en total por diez años de alquiler).

Eulen cobró más de 380.000 euros por servicios no prestados al Gobierno de Melilla

Eulen cobró más de 380.000 euros por servicios no prestados al Gobierno de Melilla

Fuente: luzdemelilla.es - Javier García Angosto – 29 de Febrero de 2016

El sumario de la ‘operación Tosca’ revela que en el año 2013 la empresa de seguridad y vigilancia cobró del Gobierno de Melilla más de 22.000 horas de servicios no prestados. Una vez más, los emails entre directivos de Eulen certificarían la existencia de estos cobros por trabajos no ejecutados.

El sumario de la instrucción judicial de la ‘operación Tosca’ revela nuevas irregularidades en la contratación entre Eulen y la Ciudad Autónoma de Melilla. En esta ocasión, el pago con dinero público de servicios que la empresa no habría prestado en realidad. Más de 22.000 horas de trabajos no ejecutados que suponen más de 380.000 euros pagados en el año 2013.

Emails que certifican los trabajos no ejecutados

La Guardia Civil detalla que los emails entre directivos de Eulen certificarían la existencia de estos cobros por trabajos no ejecutados. La instrucción ha permitido conocer la existencia de un posible concierto entre la Administración local y directivos de Eulen para “distraer fondos públicos facturando servicios ficticios”.

El desvío de fondos públicos se habría realizado gracias al consentimiento de Francisco Javier Calderón, consejero de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, director general, y un inspector jefe de la Policía Local. Ellos firmaron las certificaciones de los trabajos que habrían servido para abonar los fondos por trabajos no realizados. La Guardia Civil no descarta que los implicados en los hechos obtuvieran beneficios económicos.

Un archivo de Excel

Por su parte, los directivos de Eulen en Madrid y Melilla intercambiaron por correo electrónico un archivo Excel que reflejaba las horas de servicios realmente prestados y la teórica facturación inflada. Junto a esos emails, los investigadores encontraron en el registro de la sede de Eulen un documento manuscrito que decía: “Poner mayor número de horas que las que vamos a realizar”.

El desvío de fondos públicos se une a la utilización fraudulenta del contrato menor, el retraso injustificado en la celebración de concursos públicos y su posterior amaño, según la investigación judicial.